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Más de mil deportados colombianos por cierre de frontera con Venezuela

Ayer cumplió una semana el cierre unilateral ordenado por el gobernante venezolano: la decisión ha generado un drama por el éxodo de colombianos

ALBERGUE EN CÚCUTA

Mujeres duermen en colchonetas facilitadas en el albergue ubicado en Cúcuta que ha acogido a los deportados desde San Antonio, en Venezuela.  | Foto por EFE

La frontera entre Colombia y Venezuela cumplió ayer  una semana cerrada luego de que presuntos contrabandistas colombianos hirieron a tres militares venezolanos.

Como consecuencia del cierre, mil 97 colombianos han sido deportados desde el vecino país y hay múltiples denuncias de maltratos.
La Defensoría del Pueblo colombiana informó que ha recibido 451 quejas “siendo el desalojo de vivienda el tema común entre los denunciantes, que además advierten situaciones como la desintegración familiar con 113 casos, el maltrato físico y verbal de las autoridades venezolanas con 115 hechos reportados; la destrucción de viviendas, con 52 declaraciones; el despojo de pertenencias durante los desalojos, con 41 quejas, y la retención de documentos, con 32”.

Íver Montes, de 37 años, contó a la agencia AP por teléfono cómo fue su deportación el sábado después de vivir por casi 20 años en Venezuela. 

“Nos tuvieron en una cancha al sol y nos sacaron de la casa a las seis de la mañana, como a unos perros. Nos pusieron al sol como hasta las 11... Nos tuvieron todo el día sin agua, sin darnos nada. Había niños y mujeres. A las cuatro de la tarde nos montaron en un bus”, relató.
Su esposa, que se encuentra embarazada, se quedó en San Antonio del Táchira.

Para la canciller colombiana María Ángela Holguín, quien el miércoles se reunió con su par venezolana Delcy Rodríguez, la cooperación entre los dos países es la herramienta para combatir el contrabando y no el cierre de la frontera.

En una entrevista con la emisora local Caracol Radio, la ministra de Exteriores indicó que el presidente Juan Manuel Santos ha tratado sin suerte desde el fin de semana de comunicarse con su par venezolano Nicolás Maduro.

“El presidente Santos lo llamó el fin de semana y no había recibido respuesta de él”, explicó Holguín.

La víspera Santos sostuvo que “no es admisible, bajo ninguna circunstancia, la forma como muchos colombianos han sido expulsados del territorio venezolano dejando atrás hijos, muchos de ellos niños, como la hija de 12 años de una señora que me contó su historia y que se quedó al otro lado de la frontera mientras a su mamá la sacaban de donde había vivido por años”.

Aunque unos cinco millones de colombianos viven en Venezuela, la ofensiva de seguridad se ha enfocado en algunos poblados cercanos a la frontera. Según Maduro en dichas poblaciones la escasez generalizada y la delincuencia rampante se deben a bandas de inmigrantes.

Maduro ordenó el cierre de la frontera la semana pasada luego de que hombres armados, según Caracas paramilitares, hirieron a tres militares venezolanos que efectuaban un patrullaje para combatir el contrabando.

El cierre de los pasos fronterizos en Táchira está generando pérdidas millonarias a empresas y comercios que operan en la región y se teme que la situación económica se agrave de persistir el cierre.

Más de 50% de las miles de empresas, industrias y comercios que operan en los seis municipios de Táchira se encuentran paralizadas parcial o totalmente por falta de personal, materia prima e insumos, indicó ayer Isidoro Teres, presidente de la comisión de asuntos fronterizos de la mayor cámara de empresarios de Venezuela.

Teres explicó que cerca de 80% de los trabajadores de las empresas venezolanas de la frontera son colombianos y al cerrarse los pasos fronterizos e impedirse el tránsito hacia Venezuela la mayoría de las industrias y comercios se han quedado sin empleados.

A ello se suma el hecho de que cerca de 20 mil venezolanos que habitan en las localidades fronterizas laboran en Colombia y desde que se cerró la frontera no han podido llegar a sus trabajos, lo que ha puesto en riesgo su estabilidad laboral y económica, precisó el dirigente empresarial.

Teres dijo que, aunque no se ha cuantificado una cifra exacta, se estima que el cierre de los pasos fronterizos está generando pérdidas millonarias a las más de 4 mil compañías, industrias y comercios de la zona.


Denuncia a CPI  
Legisladores del fronterizo estado venezolano de Táchira denunciarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) la decisión del presidente Maduro de cerrar parte del paso occidental y decretar el estado de excepción en seis municipios de la zona, que colinda con Colombia, informó ayer la oposición de Venezuela. 

La plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicó en un comunicado que la Asociación de Legisladores del Táchira (Asolegista), que integran opositores de esa entidad, denunciará “en los próximos días” ante el CPI “el cierre indefinido de frontera, la declaratoria de estado de excepción y las deportaciones masivas de colombianos”. 

El texto recoge unas declaraciones del diputado Walter Márquez en las que revela que Asolegista ya ha comenzado el proceso de documentación “de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas militares y policiales en la frontera”, unas pruebas para las que solicitarán la colaboración de las autoridades colombianas. 

En opinión del diputado, este decreto “viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

Mientras tanto, los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y Argentina, Héctor Timerman, manifestaron también su “preocupación” por el conflicto surgido tras el cierre de un tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela y consideraron que la Unasur puede mediar si esos países lo piden. 

“Observamos con preocupación” la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, declaró Timerman junto a Vieira.
Ambos ministros indicaron que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ya ha cumplido “un papel importante” en la resolución de diversos conflictos regionales y que podría tenerlo en el caso del que ahora vuelve a enfrentar a Colombia y Venezuela. 

Sin embargo, ambos coincidieron en que son esos países los que deben solicitar una mediación del organismo regional. 

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