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Brasil

Lula declara ante la Fiscalía y niega tráfico de influencias

Lo acusan de hacer lobby para beneficiar a la empresa Odebrecht

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Policía cree que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pudo haber “obtenido beneficios para sí mismo y para su partido”.   | Foto por Internet

La Policía cree que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pudo haber “obtenido beneficios para sí mismo y para su partido”.  

BRASILIA. El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva prestó ayer declaración de manera voluntaria ante la Fiscalía, que le investiga por supuesto tráfico de influencias a favor de una importante constructora después de concluir su mandato, según informó su oficina de prensa. 

El testimonio de da Silva fue recogido por el fiscal, Claudio Ivan Max, informó el diario O'Globo.

El Ministerio Público Federal de Brasilia abrió el pasado julio una investigación penal contra Lula por supuestamente haberse valido de su influencia, después de dejar la Presidencia en 2011, para hacer que el banco de fomento del gobierno favoreciera a la constructora Odebrecht. 

Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora de su familia, está en prisión bajo sospecha de participar de la red de desvíos de dinero que drenó al menos 2.000 millones de dólares de Petrobras.

En su declaración Lula argumentó que “todos los presidentes y exmandatarios del mundo entero defienden a las empresas de sus países en el exterior”, según informó ayer, mediante un comunicado, el instituto dirigido por el exjefe de Estado. 

Denuncias realizadas en mayo por la revista semanal “Época” sugieren que Lula intercedió ante gobiernos extranjeros para conseguir contratos para la constructora Odebrechet, y ante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para que financiara las obras mediante préstamos a bajo costo.

Según la denuncia, el banco de fomento financió al menos 1,600 millones de dólares a obras realizadas por Odebrecht, que pagó todos los gastos de los viajes de Lula. Los contratos habrían sido firmados después de que el ex presidente se reuniera con autoridades de los países que visitaba, entre otros, Panamá, Venezuela, Ghana, Cuba, Angola y República Dominicana.

De acuerdo con el Instituto Lula, el exmandatario resaltó que nunca interfirió en algún contrato suscrito entre el BNDES y empresas privadas, pero precisó que “siempre intentó ampliar las oportunidades de divulgación de esas compañías en el exterior, con vistas a la generación de empleos y de divisas para Brasil”. 

“Quien desconfía del BNDES no tiene noción de la seriedad de esa institución”, agregó la nota. 

La Fiscalía investiga varios viajes realizados por Lula a países como Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana que fueron costeados por Odebrecht, empresa que ha admitido haber pagado algunos de esos viajes, aunque ha negado que el expresidente trabajase como su consultor. 

Después de concluir su segundo mandato, Lula desarrolló una intensa actividad de conferenciante tanto en Brasil como en el extranjero y, según Odebrecht, ése era el fin de los viajes que pagó al exsindicalista que gobernó entre 2003 y 2010. 

La nota dice que Lula explicó al fiscal Ivan Claudio Marx que todas sus ingresos por conferencias fueron declarados y contabilizados, “con los debidos impuestos pagados”, e insistió en que “jamás interfirió en la autonomía del BNDES y en las decisiones del banco sobre concesiones de préstamos”. 

Paralelamente a este asunto Lula será interrogado por la Policía Federal como testigo en el caso Petrobras, por el cual están siendo investigados medio centenar de políticos, la mayoría de la base aliada de la presidenta Dilma Rousseff. 

La Policía Federal cree que Lula pudo haber “obtenido beneficios para sí mismo, para su partido, el PT (Partido de los Trabajadores), o para su Gobierno, manteniendo una base de apoyo partidista sustentada a costa de negocios ilícitos” en Petrobras. 

La Fiscalía ha establecido hasta ahora que cerca de una veintena de grandes empresas obtenía contratos amañados con la petrolera estatal; inflaban los valores de los mismos en hasta un 4 % y luego repartía las diferencias entre directores de la firma estatal y partidos políticos que amparaban las prácticas corruptas.  

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