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HRW: la justicia venezolana es una de las más "perversas"

El director de la Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que el Tribunal Supremo de Justicia se transformó en un "apéndice del Ejecutivo"

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) se enfrenta, ayer, a un grupo de opositores en el sector Chacao. foto EDH / efe

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) se enfrenta, ayer, a un grupo de opositores en el sector Chacao. foto EDH / efe

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) se enfrenta, ayer, a un grupo de opositores en el sector Chacao. foto EDH / efe

MADRID. El director para América de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela se ha transformado en un "apéndice del Ejecutivo" y es "uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia judicial en la región".

"El Gobierno de Chávez, desde 2004, ha manipulado la composición del más alto tribunal, llenándolo de incondicionales. El resultado ha sido una justicia partidaria dedicada a legitimar prácticas abusivas, como lo están haciendo actualmente con la detención de alcaldes de oposición", declaró Vivanco al diario El País, de España, en un trabajo periodístico sobre los altos tribunales de justicia en América Latina.

El representante de la ONG dedicada a los derechos humanos destacó "la situación de vulnerabilidad" en que se encuentran la mayoría de los jueces: "El TSJ tiene facultades para nombrar y destituir a jueces inferiores provisorios, que hoy son la gran mayoría en el país, con lo cual estamos ante un sistema perverso en el cual este tribunal partidario puede destituir mediante un telegrama a prácticamente cualquier juez, incluida la jueza que lleva el caso de Leopoldo López".

Agregó que el ejemplo "más nítido" de la falta de independencia judicial en Venezuela fue la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, en diciembre de 2009, por dejar en libertad al banquero Eligio Cedeño, cuya detención excedía el tiempo legal.

"Eso tuvo un profundo impacto en los jueces de tribunales inferiores. Desde el copamiento político del TSJ en 2004, los jueces se han mostrado cautos al dictar sentencias que pudiesen disgustar al Gobierno. Sin embargo, mientras antes temían perder sus empleos, ahora temen, además, ser juzgados por cumplir la ley. Nadie quiere perder su trabajo ni ir preso".

El trabajo publicado en el diario español asegura que la mayoría de los Tribunales Supremos de América Latina se han enfrentado alguna que otra vez a las políticas de sus Gobiernos. "En Venezuela, sin embargo, la situación es distinta de la que se vive en la mayor parte de la región", advierte.

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