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Exministra de Lula ha sido ligada a una trama de corrupción

Será investigada por integrar una red de corrupción que causó pérdidas multimillonarias al Estado brasileño

La abogada Erenice Guerra, exjefa del Gabinete Civil de la Presidencia durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva y exasesora de la actual presidenta, Dilma Rousseff. Foto EDH / internet

La abogada Erenice Guerra, exjefa del Gabinete Civil de la Presidencia durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva y exasesora de la actual presidenta, Dilma Rousseff....

La abogada Erenice Guerra, exjefa del Gabinete Civil de la Presidencia durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva y exasesora de la actual presidenta, Dilma Rousseff. Foto EDH / internet

Sao Paulo. La abogada Erenice Guerra, quien en 2010 relevó en el Ministerio de Casa Civil (Presidencia) a la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y meses después dejó el cargo por sospechas de irregularidades, estaría vinculada al reciente escándalo de corrupción en el fisco, informó hoy la prensa local.

Según la revista Veja, Guerra, quien fue jefa de ministros entre abril y septiembre de 2010 -durante el último año de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva-, formaría parte de la red que negociaba anulación de multas aplicadas a grandes empresas por la Receita Federal, el ente recaudador de impuestos

De acuerdo con la publicación semanal, Guerra ofrecía servicios como consultora para sobornar a miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), organismo del Ministerio de Hacienda encargado de juzgar los pedidos de apelación por aplicación de multas.

La red causó un perjuicio al fisco de unos 19,000 millones de reales (unos $6,000 millones) y según un reportaje de la semana pasada del diario O Estado de Sao Paulo grandes multinacionales -como bancos, montadoras automotrices, entre otras- habrían pagado los sobornos para evadir impuestos y multas.

O Estado asoció también el nombre del exsecretario de la Receita Federal Otacilio Dantas -quien presidió el CARF desde 2011 hasta enero de 2015- como uno de los líderes del esquema.

La información se basa en escuchas telefónicas, autorizadas por la Justicia, las cuales indican que Dantas mantenía estrechos vínculos con varios de los investigados, entre los que se encuentran empresarios y consejeros del CARF.

Según informó el comisario de la Policía Federal Marlon Cajado, responsable por el operativo que desmanteló el esquema ilegal, las empresas pagaban sobornos de hasta el 10 por ciento del valor de las multas, para que el grupo manipulara los veredictos del CARF, atenuando o anulando las deudas con el fisco.

Guerra, apuntó Veja, tenía nexos con el también abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero de 2014 y según las investigaciones lideraba la red.

La exministra, agregó la información, celebró en 2013 un contrato con la filial brasileña de la multinacional china de telecomunicaciones Huawei, con el objeto de prestar "servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la administración tributaria federal".

Huawei, según señaló la revista, tiene una deuda con el fisco brasileño de unos $222.2 millones y Guerra recibiría el 1.5 % del valor que la compañía dejara de pagar.

El escándalo en el fisco se suma al caso Petrobras, en el que la petrolera estatal, constructoras y políticos son investigados por la sobrevaloración de contratos, y al de la Caixa Económica Federal, el segundo banco público del país y donde se habrían desviado unos $31.5 millones.

El caso Petrobras

El impacto económico de la corrupción en Petrobras, de la cual se sospecha que fueron desviados varios miles de millones de dólares, aún no ha sido dimensionado, pero puede agravarse aún más por la implicación en el caso de 18 de las grandes empresas privadas del país, en su mayoría de la estratégica área de la construcción.

Si el impacto económico aún se desconoce, el efecto político ya es devastador. Por ese escándalo, la policía abrió investigaciones contra 50 políticos, entre los que están los presidentes de las dos cámaras legislativas y otros 32 parlamentarios, en su gran mayoría de la base de apoyo a Rousseff.

Por ese caso, la justicia también ya ha imputado por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, con lo cual ha llevado el escándalo a las puertas del palacio presidencial.

Entre las empresas ligadas al escándalo están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.

Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral. —AGENCIAS.

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