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Dice revista: Ortega se queda con $3 mil millones del chavismo

Según la edición Confidencial, de Nicaragua, el dinero habría llegado al bolsillo del sandinista, sus familiares y allegados

Francisco López (centro, chaqueta negra), vicepresidente de Albanisa, explica a Rafael Ramírez (centro, de guayabera blanca), presidente de PDVSA, el grado de avance de los planes para construir una refinería en el Pacífico nicaragüense. foto edh / a

Francisco López (centro, chaqueta negra), vicepresidente de Albanisa, explica a Rafael Ramírez (centro, de guayabera blanca), presidente de PDVSA, el grado de avance de los planes para construir...

Francisco López (centro, chaqueta negra), vicepresidente de Albanisa, explica a Rafael Ramírez (centro, de guayabera blanca), presidente de PDVSA, el grado de avance de los planes para construir una refinería en el Pacífico nicaragüense. foto edh / archivo

MANAGUA. Una investigación de revista Confidencial de Nicaragua denuncia el manejo secreto y abusivo que hace el régimen de Daniel Ortega de unos $3,000 millones provenientes de la denominada cooperación venezolana acordada desde 2007 con el expresidente Hugo Chávez.

En su nota, el reportero Octavio Enríquez destaca que "ocho años después del inicio de una fluida cooperación estatal entre Venezuela y Nicaragua, el gobierno del comandante Daniel Ortega ha "privatizado" más de $3,047 millones de la factura petrolera sin ninguna clase de ley o escrutinio público, mientras ha fomentado con la venia de Venezuela el surgimiento del nuevo grupo económico Albanisa, con un peso decisivo en el sector energético nacional, así como el desvío de fondos millonarios a otra clase de negocios privados controlados por la familia presidencial".

Según la fuente, Albanisa administra los llamados petrodólares y la empresa la maneja la familia presidencial y sus allegados.

El acuerdo fue suscrito en el marco de Petro Caribe en marzo del 2007, pero aún faltaba el acta constitutiva de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la compañía "privada" creada en julio de ese año que serviría para importar el petróleo y cuyos socios serían dos empresas estatales: la petrolera venezolana PDVSA con el 51% de las acciones y la nicaragüense Petronic con el 49%.

El acuerdo original establecía que Nicaragua pagaría el 50% de la factura petrolera a 90 días y el otro 50% se pagaría en términos concesionales pactados a más de 23 años plazo con dos de gracia, quedando este fondo a disposición de Nicaragua para financiar obras de infraestructura y proyectos sociales.

Unos meses después, a finales de abril del mismo año, los gobernantes suscribieron el acuerdo energético del ALBA, modificando el anterior en el que se establece que del 50 % del préstamo, el 25% sería cooperación no reembolsable canalizada a través del Fondo Alba, y que el restante 25% sería asumido por Nicaragua.

La mutación de lo público a un manejo privado sin ninguna clase de control o fiscalización estatal ocurrió en 2008, explica el economista Adolfo Acevedo, uno de los más acuciosos investigadores de la cooperación entre Venezuela y Nicaragua. El acuerdo energético original, avalado por los Parlamentos de ambos países, cimenta una relación de Estado a Estado, pero los suscriptores de la cooperación tenían otra idea en la cabeza.

"En enero 2008 se acordó entre ambas partes modificar el artículo IV del acuerdo de Cooperación Energética del Alba para establecer que corresponderá a una entidad jurídica nicaragüense seleccionada por (Petróleos de Venezuela) PDVSA recibir" una parte de la cooperación, explica Acevedo. Esa entidad jurídica, a la que se refiere el economista, es la cooperativa sandinista Caja Rural Nacional (Caruna), nacida en 1993 con un patrimonio de 23,560 córdobas, que llegó a administrar, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua, 599 millones de dólares solo en el período 2007--2009.

Según Confidencial, la empresa de los Ortega posee hoy hoteles y canales de televisión. Esto ha sido posible por la inyección de unos $550 millones anuales, desde 2010 hasta el 2014.

La ex-comandante sandinista Mónica Baltodano dice: "Es evidente que de esos fondos se han nutrido nuevos capitales, grandes negocios, compras de bienes, compañías de televisión, hoteles que son propiedad de la familia gobernante y sus allegados… Las láminas de zinc, los programas de hambre cero son asignados con criterios clientelares, pero al final algo le llega al pueblo, pero se convierten en migajas que esconden el uso corrupto que la da la pareja presidencial", señala la ex guerrillera.

La cooperación de Venezuela se materializó en Nicaragua también a través de préstamos del Banco de Desarrollo de ese país y de donaciones que sumaron un presupuesto paralelo que nunca se había visto en la historia de Nicaragua. "Obsérvese que, desde 2010 a 2014, los montos anuales ascienden a un promedio de 550.3 millones de dólares, un monto extraordinario para un país tan pequeño como Nicaragua. Esto ha permitido al gobierno una disponibilidad de recursos que supera con creces a la de cualquier gobierno anterior, pese a la disminución de los flujos de cooperación de fuentes tradicionales", señala el investigador.

La participación de Caruna, a juicio de los especialistas, nunca ha sido explicada en su totalidad. No hay claridad sobre los fondos que recibió y cómo los ha ejecutado, pero en teoría la modificación del acuerdo le permitía acceder al 50% de la factura petrolera, mientras el otro 50% Nicaragua lo tomaba para pagar en un plazo de noventa días el mismo crédito venezolano.

Pese a las denuncias de Confidencial, la Contraloría General de la República de Nicaragua -dominada por representantes sandinistas- no ve mérito para investigar las anomalías al descubierto con el manejo de multimillonarias sumas de la cooperación venezolana.

Explica Confidencial: "la Contraloría General de la República (CGR) no investigará la privatización realizada por el comandante Daniel Ortega de más de 3, 047 millones de dólares de la cooperación de Venezuela y tampoco lo harán con los negocios realizados al amparo de ésta desde 2007.

El presidente de la CGR, Luis Ángel Montenegro, dijo que no son "una unidad de delitos económicos, ni Policía, ni el FBI".

El Consejo Superior de la CGR está integrado por cuatro contralores sandinistas y la hija del expresidente Arnoldo Alemán, María Dolores Alemán".

En su último informe sobre transparencia fiscal del Departamento de Estado de EE. UU. (que examina a 140 países del 17 de enero al 31 de diciembre de 2014) es especialmente crítico con la falta de control de la "sustancial" cantidad de dinero que Nicaragua recibe de Venezuela.

Desde 2012 Estados Unidos ha señalado la falta de supervisión y control a los llamados petrodólares por estar fuera del presupuesto oficial. En 2015 ha elevado dos veces su cuestionamiento por el desinterés del Gobierno de aplicar las recomendaciones.

Eduardo Montealegre, exministro de Hacienda y presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), dijo que también han venido señalando "el gran retroceso en transparencia" en el país.

Montealegre afirmó que siendo titular de Hacienda mandó a instalar en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional un sistema para monitorear por computadora el Sistema Integrado de Gestión, Administrativa, Financiera y de Auditoría (Sigfa), "para garantizar total transparencia sobre cada gasto del presupuesto".

"Pero con el gobierno de (Daniel) Ortega eso desapareció. Hoy es muy difícil como diputado darle seguimiento al presupuesto, además todos los gastos relacionados para publicidad los sacaron del Sigfa para que nadie se diera cuenta de cómo los utilizan", dijo Montealegre.

Comparó que mientras la cooperación que se recibe por ejemplo de países europeos "que son como trescientos millones de dólares (anuales)", los de Venezuela que son más de quinientos millones por año "están a discreción de un solo individuo: Ortega".

"Los miles de millones de dólares que ha dado Venezuela no son para que compren fincas, hoteles, distribuidoras de petróleo o (plantas) eólicas sino para ayudar al pueblo de Nicaragua y eso no está pasando", afirmó Montealegre.

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