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Corte Constitucional deniega amparo a Presidente Otto Pérez

EL ministerio Público se mostró ayer confiado en que el mandatario guatemalteco será condenado por el caso de corrupción en las aduanas conocido como “La Línea” del cual se le achaca ser el principal responsable   

EN LA PICOTA

El gobernante Otto Pérez Molina se mantuvo ayer en la casa presidencial pero se puso a las órdenes de los jueces para evitar “el show” de una detención. | Foto por ARCHIVO

El reloj de la Justicia ha empezado a correr para el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien puede ser arrestado o citado a declarar en cualquier momento después de que el pasado martes el Congreso le retirara su inmunidad. 

El presidente Pérez Molina, a través del abogado César Calderón, se puso ayer a disposición del juzgado que lleva el caso en su contra para tratar de evitar “el espectáculo” que conllevaría una captura del general retirado. 

El jurista intentó blindar a su defendido de un potencial arresto y por ello entregó un recurso al juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado B de Mayor Riesgo, para mostrar la voluntad de Pérez Molina. 

El presidente guatemalteco perdió todos sus privilegios el pasado martes cuando el Congreso, con el voto unánime de 132 diputados presentes, le retiró la inmunidad, después de que las autoridades lo acusaran de corrupción el pasado 21 de agosto. 

De acuerdo a  la investigación de más de 18 meses del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Pérez Molina dirigía una estructura clandestina en el ente recaudador de impuestos con la complicidad de al menos 28 personas, incluida su ex vicepresidenta (2012-2015), Roxana Baldetti. 

El gobernante vio desbaratada ayer su última esperanza de detener el proceso cuando el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), rechazó dos recursos con los que Pérez Molina pretendía dejar sin efecto la decisión del Congreso. 

El retiro de la inmunidad deja al presidente sin alternativas, a la espera de que el MP le solicite a Gálvez arrestarlo o citarlo para una primera declaración en relación con la millonaria red de corrupción bautizada como “La Línea”. 

“La sentencia será condenatoria, pero esto lleva sus fases y no se sabe cuánto tiempo se llevará para llegar a la sentencia”, afirmó ayer con convicción la jefa del MP y fiscal general, Thelma Aldana, en un evento público. 

La funcionaria considera que las pruebas del caso, con casi 90,000 escuchas telefónicas y miles de documentos decomisados, serán suficientes para probar los actos de corrupción de Pérez Molina, quien desde el martes por la noche tiene prohibición de salir del país. 
Las voces opositoras al mandatario, que se expresaron en una multitudinaria marcha el pasado 27 de agosto, esperan la decisión del juez Gálvez, quien podría dejar al país centroamericano sin presidente. 

De acuerdo con expertos legales, en caso de que Pérez Molina sea enviado a prisión preventiva por el juzgado, inmediatamente quedaría al margen de su puesto y la presidencia del país recaería sobre el vicemandatario, Alejandro Maldonado. 

Pérez Molina, que tomó posesión el 14 de enero de 2012 como gobernante y se mantuvo ayer encerrado en Casa Presidencial, apareció por última vez en público el lunes y durante los últimos dos días ratificó, siempre a través de su portavoz, Jorge Ortega, que no dimitirá, al menos, por el momento. 

La estructura de corrupción supuestamente liderada por Pérez Molina en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ingresó al país al menos 1,400 contenedores de manera ilegal, cobrando impuestos a empresarios importadores sin reportarlos al Estado. 

Por el caso, desarticulado el 16 de abril en sus mandos medios, están en prisión preventiva los dos últimos directores de la SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz, además de más de una docena de funcionarios aduaneros y ciudadanos particulares. 

La CICIG y el MP desactivaron la supuesta red criminal en abril y señalaron en aquel momento al exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, de dirigir la trama en la SAT, catalogada por el MP como una estructura “muy organizada”. 

Las autoridades decomisaron ese 16 de abril documentos, cheques y evidencias que implicaron en el caso a Baldetti y a Pérez Molina, de quien ya se divulgó una escucha telefónica en la que ordena a Carlos Muñoz cambiar al gerente de recursos humanos de la SAT, una actividad penada por la ley. 

En medio del escándalo, histórico y sin antecedentes en la historia reciente de la nación, Guatemala se prepara para celebrar elecciones generales el próximo domingo, cuando designará por sufragio a casi 4 mil servidores públicos para el período 2016-2020, incluidos presidente y vicepresidente.

Reacciones

El portavoz de la Presidencia, Jorge Ortega, dijo ayer que el mandatario sigue en el cargo y pidió no hacer especulaciones sobre la situación judicial del jefe de Estado. 

“Si vamos a especular no vamos a algún lado”, sostuvo el portavoz y agregó que es el juez el que debe determinar la situación judicial del presidente.

Ortega aseguró que, “hasta el día de hoy”, Pérez Molina se mantienen en la Presidencia, ya que por el momento “no ha dado” ninguna orden contraria. 

“Él (Pérez Molina) fue muy claro en sus declaraciones”, reiteró, recordando que el mandatario dijo el pasado lunes que, a pesar del “costo personal” seguirá para garantizar el proceso electoral del próximo domingo. 

Ortega reconoció que el contexto actual es “atípico” y que la coyuntura política es “especial”, pero que hay que esperar a ver cómo se desarrolla todo el proceso. 

Mientras, el colombiano Iván Velásquez, titular de la CICIG, ratificó ayer su compromiso con el combate a la corrupción en el país y dijo que el desafuero del presidente Otto Pérez Molina “es un paso más en este proceso”. 

Luego de asistir a un evento organizado en un hotel de la capital por la Cámara Oficial Española de Comercio, Velásquez dijo que el Congreso “cumplió con el papel que le correspondía”. 

El Congreso “tomó una decisión que creo que se ajustaba a esos elementos probatorios que se suministraron, que valoró la Comisión Pesquisidora y el dictamen fue acogido por el pleno”, apuntó. 

Velásquez explicó que el retiro de la inmunidad al jefe de Estado “es un paso más en este proceso delas actividades de investigación que hemos adelantado con el Ministerio Público”. 

“Es un paso importante, pero no definitivo, es decir que es uno de los puntos de avance en el proceso en el que estamos empeñados en la lucha contra la corrupción”, expresó el funcionario. 

Enfatizó que el antejuicio contra “no es un punto de llegada” porque “como hemos insistido repetidamente, hay una corrupción estructural en el país que es necesario combatir y es en lo que estamos comprometidos con el Ministerio Público”. 

Indicó que la Fiscalía de Guatemala presentará los elementos que tiene a su disposición contra el presidente para seguir el proceso. 

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