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Caso Petrobras hunde al gobierno de Dilma Rousseff

Un año después de que se descubriera la corrupción en la petrolera, hay decenas de detenidos, constructoras involucradas y políticos del gobierno y aliados están acusados.

La reputación de la presidenta Dilma Rousseff ha sido dañada por el escándalo y ha abierto las puertas para un juicio político.

La reputación de la presidenta Dilma Rousseff ha sido dañada por el escándalo y ha abierto las puertas para un juicio político. | Foto por internet

La reputación de la presidenta Dilma Rousseff ha sido dañada por el escándalo y ha abierto las puertas para un juicio político.

BRASILIA. El 17 de marzo de 2014 la Policía Federal inició la Operación Lava Jato, que destaparía el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Brasil. Según cálculos de la propia Petrobras la trama de corrupción y blanqueo de dinero desvió, en los últimos 10 años,  alrededor de $5,000 millones (quizás más) de la empresa, la punta de lanza de la economía brasileña.

Por el escándalo, Petrobras cerró 2014 con $7,100 millones en pérdidas -los primeros números rojos desde 1991-, y los efectos aún se dejan sentir al día de hoy: grandes obras de infraestructura han sido paralizadas al estar envueltas en sospechas de sobrecostes y presupuestos inflados, lo que a su vez ha provocado el despido de decenas de miles de trabajadores.

Pero el mayor impacto se  sintió en el ámbito de la política: algunos de los principales empresarios del país, funcionarios públicos y políticos del Partido de los Trabajadores (PT), de su aliado el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y del Partido Progressista (PP) están implicados.

La Justicia ha procesado hasta el momento formalmente a 39 personas por lavado de dinero, corrupción y formación de organización criminal en la Operación Lava Jato. La Fiscalía ha iniciado  279 procedimientos, que implican investigaciones sobre 150 personas y 232 empresas. En el último año se han dictado 64 órdenes de prisión efectiva.

El escándalo ha dañado  la reputación de la presidenta Dilma Rousseff y ha dado alas a las peticiones para apartarla del Gobierno  y tratar de iniciarle un juicio político y cientos de miles de brasileños han salido a las calles en los últimos meses para protestar contra la corrupción.

Las autoridades sospechan que parte del dinero obtenido por la red de Petrobras pudo haber llegado a la campaña que el año pasado llevó a la reelección de Rousseff.

Las posibilidades de un juicio político con miras a la destitución de la gobernante basado en el caso Petrobras recae en el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB) -el principal látigo contra Rousseff- quien se está viendo más implicado en el escándalo.

A Cunha le vinculan cuentas en Suiza (donde habría recibido unos $5 millones en sobornos, según la Fiscalía), y en agosto se le abrió un proceso por delitos de lavado de dinero y corrupción. 

Hasta el cierre de esta nota,  Cunha rechazó más de una decena de pedidos para procesar a Rousseff, porque carecían de las razones jurídicas exigidas por la Constitución.

De acuerdo con la fiscalía, 23 empresas formaron un “club” para amañar licitaciones y adjudicarse las mayores obras contratadas por Petrobras entre 2004 y 2014. La lista incluye a las principales constructoras del país, como Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Correa.

En reuniones secretas, las compañías definían quién ganaría una licitación específica y cuál sería el precio que pagaría. Las cotizaciones, siempre infladas en perjuicio de las arcas públicas, recibían el visto bueno de los directivos de Petrobras que recibían las propinas, de entre 1% y 5% del valor de cada contrato.

Lula en la mira
Si bien el caso Petrobras ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Rousseff, también crecen los indicios que apuntan a la responsabilidad de su antecesor en el cargo, Luiz Inacio Lula da Silva.

En una entrevista con el diario  O Estado, el fiscal que investiga el pago de sobornos, Carlos Fernando dos Santos Lima, dijo que no tiene “ninguna duda” de que la organización criminal que operó en Petrobras “es la misma” que en el Mensalão, Petrolão y Eletronuclear, tres escándalos de corrupción que llevaron a la cárcel a altos cargos de la anterior administración.

Dos Santos Lima ha apuntado directamente contra la Cása Civil (Jefatura de Gabinete) de Lula, comandada por ese entonces por José Dirceu. El ex ministro, hombre de máxima confianza de Lula y hombre fuerte del su gobierno, está preso desde agosto.

Al expresidente también se le vincula con otro caso: la Fiscalía le investiga por supuesto tráfico de influencias a favor de la constructora Odebrecht.

El Ministerio Público Federal de Brasilia abrió el pasado julio una investigación penal contra Lula por supuestamente haberse valido de su influencia, después de dejar la Presidencia en 2011, para hacer que el banco de fomento del Gobierno favoreciera a la constructora Odebrecht.

La Fiscalía investiga varios viajes realizados por Lula a países como Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana que fueron costeados por Odebrecht, empresa que ha admitido haber pagado algunos de esos viajes, aunque ha negado que el Lula trabajase como su consultor.

Paralelamente a este asunto Lula será interrogado por la Policía Federal como testigo en el caso Petrobras.

Sigue crisis
A principios de octubre una pésima noticia para la gestión de Rousseff: el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió de forma unánime rechazar las cuentas del Gobierno de 2014. Esta sospecha, de que el gobierno hizo maniobras fiscales irregulares, es una de las apuestas más fuertes de los opositores para respaldar jurídicamente una posible destitución de Rousseff, sumida en una prolongada recesión económica y una grave crisis política cuyos efectos son difíciles de predecir.  
—AGENCIAS. 

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