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Trabajo decente

La adopción del trabajo decente en nuestro país contribuiría con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y a enfrentar el principal problema que caracteriza a nuestros países latinoamericanos: no ser los más pobres del mundo, pero sí aquellos con los mayores índices de desigualdad.

Por Fátima Ortiz
Abogada

La Organización Internacional del Trabajo OIT, define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos.


El empleo es definido como trabajo efectuado a cambio de pago, este puede ser salario, sueldo, comisiones, propinas o pagos en especie, sin importar la relación de dependencia, es decir si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo.


Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social.


La definición anterior es resultado de la lucha que los y las trabajadoras han llevado a cabo desde que en el siglo XIX se estableció la relación patrono-trabajador, capitalista-asalariado, como la dominante en la sociedad. Muchas personas en el mundo gozan de trabajo decente, pero en América Latina y en nuestro país en particular es la excepción que confirma la regla.


En 1999, Juan Somavia presentó su memoria “Trabajo Decente”. En ella introduce el concepto, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal.


Si se acepta la posibilidad de gerenciar el cambio en que vivimos y no solo ser sujetos pasivos, entonces se debe civilizar la globalización a partir de la humanización del mundo del trabajo. Civilizar la globalización es dar un rostro humano al desarrollo mundial, a través de la reafirmación de los valores esenciales y universales que resumen aspiraciones comunes a toda la humanidad.


En Latinoamérica hay ocho países, entre los cuales está El Salvador, para cuyos ciudadanos el principal problema que afrontan es el desempleo, sumándose el subempleo también. Las circunstancias post pandemia favorecen estas desigualdades sumándose la crisis económica que afecta incluso la adquisición de alimentos para las familias.

La adopción del trabajo decente en nuestro país contribuiría con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y a enfrentar el principal problema que caracteriza a nuestros países latinoamericanos: no ser los más pobres del mundo, pero sí aquellos con los mayores índices de desigualdad.


Promover el trabajo decente contribuirá a un modelo de desarrollo en democracia, que ponga al centro a la persona humana y resulte, promotor de la inclusión. Así crecerá el número de seguidores de regímenes democráticos que hoy están tan en peligro en nuestra región.

Como sociedad debemos exigirle al Estado, a cualquier Gobierno, promover y proteger la creación de empleo decente. Un empleo en el cual sea posible reunirse para discutir libremente nuestras necesidades como trabajadoras y trabajadores; en el que se respete la dignidad de la persona y su derecho a la libertad de expresión; que permita alimentar a la familia y provea de salud, educación, vivienda y esparcimiento adecuado.


Debemos promover la creación de un trabajo en el que no suframos de discriminación o acoso del tipo que sea, en el que tengamos asegurada nuestra protección y seguridad social, y que, al final de nuestra vida productiva, nos permita gozar de una pensión digna.


Abogada y defensora de derechos humanos.

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