"Igualdad" ante la ley

A los estadistas les vienen bien los llamados “estados de emergencia”, pues pueden tomar medidas inmediatas, brillar, alcanzar resultados y, en muchos casos, pasar a la posteridad como quienes lidiaron, y resolvieron, un problema real.

Emmanuel Macron no es la excepción. El pasado mes de enero, el presidente francés declaró la emergencia y llamó al Estado a lo que denominó un “rearme demográfico”, para hacer frente a la crisis de nacimientos por la que está pasando su país. La tasa ha bajado a cifras de diez nacimientos por cada mil habitantes, con todas las consecuencias sociales y económicas que la situación acarrea para cualquier sociedad, pero especialmente para el país galo, que ha construido todo su sistema de protección social sobre el equilibrio demográfico… Como alguien escribió “la grandeur no tiene futuro con tan pocos petits”.

Dicho rearme consiste en un “gran plan” (sic) para luchar contra la escasez de nacimientos y el envejecimiento de la población, en una Francia que ha registrado en 2022 el número absoluto de nacidos más bajo desde 1946. La ampliación de permisos de paternidad y maternidad, subvenciones del Estado para promover la lucha contra la infertilidad, apoyo económico para los flamantes padres, etc., son parte del “rearme”.

En el discurso correspondiente, el presidente expresaba que “Francia también será más fuerte si aumenta su tasa de natalidad. Hasta hace poco, éramos un país en que ésta era su fuerza cuando nos comparábamos con nuestros vecinos”.

Pues bien… si por una parte el gobierno se empeña en aumentar el número de nacimientos, por otra, deja fuera de consideración una de las realidades que afectan directamente su bajo número, concretamente, los doscientos treinta y cuatro milabortos del año 2022. Una cifra que significa que en ese año hubo hasta 31.5 abortos por cada cien nacimientos… la tasa más alta desde 1981.

Y no solo sacan de la ecuación el aborto; sino que -según algunos expertos- como reacción a la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que determinó que la Constitución no obliga a permitirlo para los norteamericanos; las dos cámaras del parlamento francés acaban de aprobar una reforma constitucional que califica la eliminación de los no nacidos como una “libertad garantizada” de los franceses y francesas.

Una medida fuerte para excluir el aborto de cualquier debate, pues una vez entra -como la ha hecho- en la Constitución, se convierte en un asunto sobre el que es imposible discrepar.

Una doble manera, también, de ver la realidad demográfica. La primera, el rearme, más bien racional, prudente y loable, y con acciones de Estado; y la segunda, la reforma constitucional, un tanto incoherente como se puede ver.

Así, la inclusión del derecho al aborto en la Carta Magna como afirmación de unas “libertades para las mujeres”, carga las tintas en la decisión de no llevar adelante un embarazo; pero, además, la inclusión en la Constitución del aborto como derecho, es una forma de soslayar la consideración de maneras en que el Estado podría ayudar a quienes sí quieren tener sus bebés, pero necesitan soporte y ayuda para hacerlo.

Los derechos de las mujeres para abortar quedan salvaguardados, al mismo tiempo que, simplemente se desestiman acciones que podrían facilitar que madres en estrés social o económico que desean tener sus hijos, pudieran tenerlos.

Para terminar, transcribo a Rafael Serrano, periodista español, quien comentando estas noticias escribe: “Esta reforma constitucional, que cambia un papel pero no la situación de las mujeres en dificultad, parece más bien un ejemplo de ´la majestuosa igualdad de las leyes, que prohíben al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar en la calle y robar pan´, como escribió Anatole France en su novela ´El lirio rojo´ (1894). La mujer pobre ya no es inferior a la rica en Francia: tiene desde ahora el mismo derecho constitucional”.

Ingeniero