La tragedia en Ciudad Juárez nos demanda coherencia

Ninguna persona debería verse forzada a migrar buscando condiciones de dignidad y seguridad que le son negadas en su propio país. Todo Estado esta en la obligación de brindar protección y condiciones dignas a personas migrantes en países de tránsito y destino, así como deben asumir como titulares de deberes la obligación de garantizar el derecho de sus ciudadanos a no migrar. Sin embargo, la realidad es otra. Los Estados olvidan los derechos de sus ciudadanos y se desentienden de los derechos de las personas migrantes, siempre viendo al migrante como una carga que el otro Estado debe asumir y cuya tragedia solo se hecha mano cuando es de conveniencia política. Eso es lo que sucede actualmente sobre la muerte de 40 personas migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez, el último de una interminable cadena de graves violaciones a los derechos humanos que viven diariamente miles de migrantes en México.

Primero, el gobierno mexicano buscó bajar perfil al incidente y culpar a las mismas personas migrantes de lo sucedido. Después se buscó una salida política a la situación con una visita oficial del más alto nivel al lugar de los hechos y el resultado fue la evidencia de la gravedad del problema. Ahora, el gobierno de El Salvador en conferencia de prensa en Ciudad Juárez define responsabilidades como un crimen de Estado, describe al centro incendiado como una cárcel clandestina y exige la destitución del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM). Sale a la luz que el centro del INM, llamado por las autoridades mexicanas como “albergue” ha sido utilizada como instalación donde migrantes expulsados de la frontera de los Estados Unidos con México eran remitidos como parte de los convenios conocidos como “tercer país seguro” suscritos con Estados Unidos tanto por el gobierno de México como por el gobierno de El Salvador.

Es cierto. Lo sucedido en Ciudad Juárez puede catalogarse como un crimen de Estado, así como también puede catalogarse como crimen de Estado la promoción de entornos de tortura en las hacinadas cárceles salvadoreñas donde oficialmente se ha reconocido en noviembre pasado la muerte de 90 personas encarceladas durante el vigente régimen de excepción. La diferencia no es sutil, en el caso de El Salvador las víctimas de homicidios cometidos dentro de las cárceles son personas salvadoreñas privadas de libertad acusadas de pertenecer a grupos pandilleriles, en miles de casos sin pruebas que fundamenten las detenciones. En el caso de México, las victimas son personas migrantes, similares a otros migrantes salvadoreños señalados por diputados de la Asamblea Legislativa como familiares de pandilleros o pandilleros que huyen del Régimen de Excepción.

El 2022, México cerró con 7,803 solicitudes de asilo interpuestas por migrantes salvadoreños. Durante el primer trimestre del 2023, son 1,716 salvadoreños los que han solicitado asilo en México, una cantidad mayor que la registrada en el mismo periodo del año anterior. La mayoría no son pandilleros, son personas que huyen de El Salvador por la persecución de estructuras de criminalidad organizada y en otros casos huyen del acoso protagonizado por agentes estatales. También puede catalogarse como crimen de Estado la promoción y ejecución de políticas estatales violatorias a estándares internacionales en materia de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad.

Sí. El Estado Mexicano debe responder por la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez y los reclamos hechos desde el gobierno de El Salvador son correctos. Lo que no encaja es la incoherencia entre lo que se exige en México con la impunidad de graves violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en El Salvador, lo que se ha convertido en una causa más de migración forzada. El hacinamiento carcelario en El Salvador es de los mayores en América Latina. El Salvador pasó a ocupar el primer lugar en el mundo de la tasa de personas detenidas por cada 100.000 habitantes. Mantener condiciones inhumanas en las cárceles representa un riesgo permanente a que en cualquier momento pueda ocurrir un hecho similar al ocurrido en México.

En número de personas migrantes salvadoreñas retornadas desde México y Estados Unidos va en aumento. Más de 85.000 salvadoreños buscaron cruzar irregularmente la frontera de Estados Unidos en el 2022 y se incrementa también el número de migrantes en tránsito en territorio salvadoreño. La complejidad de los fenómenos migratorios requiere de abordajes integrales más allá de limites fronterizos que demandan estrategias conjuntas tanto de países de origen como de países de tránsito y destino. Señalar la viga en el ojo ajeno poco puede ayudar, sobre todo cuando un enorme techo de vidrio se cierne sobre el índice acusador. No se trata de rectificar lo actuado por El Salvador ante México frente a la tragedia de Ciudad Juárez, pero sí es urgente predicar con el ejemplo en casa.

Periodista especializada en la protección de Derechos Humanos.