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Gobierno recorta fondos para pensión básica de adultos mayores en 2023

Economista advierte que eso implicará que muchos abuelitos no van a recibir el dinero que les ayuda a subsistir en zonas de extrema pobreza.

Por Katlen Urquilla | Ene 23, 2023- 06:00

Foto EDH/ Menly González

Para muchos salvadoreños saber que recibirán un aumento en su pensión ha sido un motivo de alegría pues, según la reforma aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa, verán reflejado un 30% más en su cuota desde este mes.

Pero hay otra cara de la moneda, porque no todos los adultos mayores, a quienes se les celebra en este mes, tendrán la misma alegría.

El gobierno de Nayib Bukele recortó los fondos que se destinan para pagar la pensión básica de los adultos mayores y personas con discapacidad que viven en zonas de extrema pobreza.

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Según los datos del presupuesto 2023 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre pasado, el Ministerio de Desarrollo Local (Mindel) ha previsto $24 millones 810,275 para entregar ese subsidio de $50 mensuales a más de 37,000 adultos mayores de diferentes municipios del país.

Los beneficiados con la pensión básica son de municipios de San Vicente, Morazán, Sonsonate y San Miguel, de acuerdo a información del ministerio.

Foto EDH/ Menly González

Pero el monto destinado para este año es casi $5 millones menos que en 2022, pues el año pasado el gobierno presupuestó $29.55 millones para entregar la pensión básica.

Esta ayuda social, cuyo dinero sale de los impuestos que pagan los salvadoreños, les sirve como un ingreso de subsistencia a las personas de 70 años o más que no tienen acceso a una jubilación, ya que nunca cotizaron en el antiguo sistema de pensiones ni en el actual, a través de una AFP (Administradora de Fondos de Pensiones).

Los fondos para esta pensión denominada “no contributiva” son parte del “apoyo al programa hacia la erradicación de la pobreza en El Salvador” que ejecuta el Mindel, ente creado en el gobierno actual, pero que antes administraba el FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local).

¿Pero qué implica que el gobierno haya programado menos dinero para ese subsidio?

El economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que esta ayuda no formó parte de la reforma de pensiones que fue aprobada, pero es el principal programa que se ha tenido en el país para que los adultos mayores y personas con discapacidad en extrema pobreza reciban una pensión y ahora tendrá un recorte de fondos del 16%, lo cual afectará a ese sector.

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“Esto implicará que personas adultos mayores no van a recibir los fondos y estos programas son especialmente establecidos en municipios de extrema pobreza”, expresó Castaneda durante un reciente conversatorio sobre pensiones que realizó la UCA.

Castaneda destacó que la entrega de esa pensión básica toma mayor relevancia en un contexto de alta inflación y de pérdida del poder adquisitivo de las familias, pero además es clave en un país donde 8 de cada 10 personas adultas mayores no tienen una pensión. “Por lo tanto, este tipo de programas de transferencias son vitales para que estas personas, incluso, no padezcan hambre”, consideró.

El especialista explicó que “en El Salvador la mayor parte de las personas no tiene acceso a una pensión, pero las personas tienen derecho a una pensión y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizarla”.

De hecho, la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, aprobada por la nueva Asamblea y que entró en vigencia el 1 de enero 2022, establece en el artículo 6, como uno de los derechos fundamentales de estas personas, que deben “gozar de una pensión, ya sea esta contributiva o no contributiva”.

Pero además en el apartado de la ley sobre “Protección social”, el artículo 42 dice claramente que el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Local deberá “ampliar de forma progresiva la cobertura de la pensión no contributiva destinada a la persona adulta mayor, sin reducir el número de personas participantes”.

Además dice que debe “otorgar progresivamente pensiones complementarias a quienes reciben un monto menor a la pensión básica universal, siempre que existan asignaciones presupuestarias disponibles para su financiamiento”.

Y también “desarrollar mecanismos de seguimiento y monitoreo, referidos al buen uso de la pensión básica universal”.

Sin embargo, lo que dicta la ley contrasta con los datos del presupuesto de este año que refleja recorte de recursos para atender la pensión básica de esta población.

Es más, este es el segundo recorte de fondos para este subsidio que hace el actual gobierno, pues en 2020 también disminuyó el presupuesto ya que de $22 millones programados en 2019 lo bajó a $20 millones; aunque ya en 2021 subió a $27.38 millones, según datos recopilados por la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en su “Base de datos de programas de protección social no contributiva” en América Latina, la cual incluye información de la pensión básica en El Salvador.

Y de acuerdo a esos datos de la Cepal, también se ha hecho una reducción en la cantidad de personas a las que les dan cobertura con la pensión básica, pues en 2019 y 2020 les entregaron la ayuda a 37,868 adultos mayores, pero ya en 2021 bajó a 37,500. De 2022 no tienen datos de los beneficiados.

Castaneda remarcó que el recorte de fondos para la pensión básica “tiene un enorme contraste, por ejemplo, con los aumentos extraordinarios que tiene la secretaría de comunicaciones y de prensa de la Presidencia. En el presupuesto es donde al final se pueden observar en realidad cuáles son las prioridades y el mensaje que se está enviando es que las personas adultas mayores y con discapacidad no son una prioridad por el recorte importante que se hace de recursos”.

Retrasos en los pagos

A lo anterior se suman los retrasos en los pagos de los $50 que deberían llegar mes a mes a las manos de los adultos mayores, pues es un ingreso que les sirve para suplir necesidades básicas.

De hecho, el mismo ministerio detalla en su portal que los beneficiados con la pensión básica usan el dinero “para comprar medicina, alimentos, gastos del hogar”.

Sin embargo, en 2021 y 2022 hubo atrasos en los desembolsos de esos fondos y se los entregaron hasta meses después, como le sucedió a Esperanza Romero, de 86 años, quien relata su historia y cómo le toca subsistir con pocos recursos.

En marzo del año pasado se reportó que el gobierno adeudaba 10 meses de pensión, es decir desde mayo 2021 hasta febrero 2022) y en esa ocasión el Ministerio de Desarrollo tuvo que hacer una programación para entregar el dinero que debía por etapas.

En agosto 2022, el portal Voz Pública publicó que a los beneficiados del municipio de Cinquera, en Cabañas, la última vez que habían recibido la pensión había sido en junio cuando les entregaron $200, equivalentes a cuatro meses, pero les habían quedado debiendo nueve meses. También en Arcatao, Chalatenango solo les pagaron $300 a mediados de junio y les debían desde abril 2021, dice el medio. Además reportó que para los adultos mayores de Concepción Batres, Usulután, la situación era peor porque les debían un año y en junio solo les cancelaron ocho meses.

Estos atrasos en los pagos también contrastan con lo que dice la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor en su artículo 19 sobre las “Obligaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero”, la cual debe “supervisar que las instituciones previsionales realicen el pago en tiempo y prioritario de las pensiones, conforme a las leyes aplicables”.

Asimismo, la normativa indica en el artículo 8 que entre los deberes generales de las instituciones públicas, en este caso el Ministerio de Desarrollo, están incorporar los recursos financieros para atender a las personas adultas mayores.

“Incorporar en los planes operativos y estratégicos la gestión de cooperación técnica y financiera para el desarrollo de la temática relacionada con la población adulta mayor”, dice el literal “i” de dicho artículo.

Pero el discurso del Mindel en redes sociales es otro: “En este año hemos trabajado articuladamente con instituciones financieras y Gobiernos Locales para garantizar la transferencia oportuna de pensiones a más de 35,950 personas adultas mayores residentes en decenas de municipios”, tuiteó el 26 de diciembre 2022.

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