La proyección de crecimiento económico que el Banco Mundial (BM) espera para El Salvador en 2022 es mucho menor a las cifras sobre la recuperación que tuvo la economía en 2021, cuando alcanzó más del 10%, según las cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR).
Según el organismo, la economía salvadoreña solo crecerá 2.9% al cierre del año, un porcentaje similar al de Nicaragua, un país que vive bajo el régimen dictatorial de Daniel Ortega, y que también crecería lo mismo, pese a que el Banco Central de ese país estima un crecimiento de entre el 4 y el 5%.
Ambos países quedarán, así, a la cola del crecimiento económico de la región. Los demás países tienen una mejor proyección de crecimiento. Entre ellos destaca Panamá, una nación que se fue a los extremos luego de la pandemia, pues, por ejemplo, en 2020 tuvo una fuerte caída del -17.9%, la más notoria de todo el istmo, mientras que en 2021, logró recuperarse hasta los 15.3%.
Con respecto al 2022, ese país podría crecer hasta 6.5%, según el organismo, seguido por Costa Rica y Guatemala, con 3.4%. Por debajo de ellos se posicionan con 3.1% y, en los últimos lugares están Nicaragua y El Salvador.
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Esa proyección vertida desde el Banco Mundial llama la atención, sobre todo, porque El Salvador podría considerarse un país con mucha más libertad económica debido a políticas financieras como la implementación del Bitcoin, algo que, en teoría, podría atraer más inversión al país y, por ende, mayor crecimiento económico.
Sin embargo, el doctor en economía e investigador del Observatorio de Políticas Públicas (OPP) de la Universidad Francisco Gavidia, Claudio De Rosa, señala que para analizar ese crecimiento en ambos países hay que tomar en cuenta distintas variables.
Una de las principales podría ser el hecho de que Nicaragua tiene una menor cantidad de habitantes y mayor territorio, a la vez que señala que su economía en sí misma es más pequeña que la salvadoreña, por lo que aclara que, en términos de volumen y cantidad, “El Salvador parte de un punto un poco más alto”.
Lo anterior quiere decir que, debido a que su crecimiento es impulsado casi exclusivamente por el gobierno, por la escasa inversión extranjera, la similitud entre ambos países se instala en el ritmo que tendrá el desempeño económico durante el 2022, mismo que para el caso salvadoreño existen otras variables que estudiar.
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Urge un acuerdo con el FMI
A pesar de que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el mismo BM han señalado que para el 2022 el ritmo de crecimiento económico se desacelerará debido a que las economías están volviendo a cierta normalidad, para el caso salvadoreño sería regresar a cifras del 2019, por lo que, obviando los años de pandemia, el país no habría crecido mucho en términos económicos.
En este contexto, uno de los principales frenos que estarían evitando un mejor desempeño económico en el país es el alto nivel de riesgo de impago de su deuda que ostenta luego de que las principales agencias calificadoras de riesgo rebajaran la nota de El Salvador a categoría de “bonos basura”.
Esa calificación va de la mano con el alto nivel que el país ya registró en el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), el cual mide la posibilidad de impago de los países y en el cual El Salvador alcanzó los 22.91 puntos el 11 de mayo, una cifra que lo coloca como el país de más riesgo en Latinoamérica solo por detrás de Venezuela.
Lo anterior, y la falta de un acuerdo de servicio ampliado con el FMI, y que otorgaría un financiamiento de hasta $1,300 millones, es lo que ha provocado que el país se encuentre ante un escenario cada vez más incierto, debido a que necesita cumplir con obligaciones, la más próxima, un pago de $800 millones correspondiente al vencimiento del bono 2023, que caduca en enero del próximo año.
En ese sentido, lo importante de lograr un acuerdo con el Fondo, más allá de la liquidez que le otorgaría al país, es el tema de la confianza que podría restituirse en los mercados internacionales pues, como explica el Dr. De Rosa, “el acuerdo con el FMI no solucionará los problemas financieros del país, pero es similar a tener un certificado de buena administración fiscal, lo cual hace que los inversionistas digan que el país está trabajando bien a nivel económico”.
Sin embargo, a la fecha, no hay indicios de que el gobierno vaya a lograr cerrar ese acuerdo en los próximos meses y, de hecho, tampoco ha tomado en cuenta las observaciones que el multilateral hizo en la revisión de las finanzas públicas anteriormente.
Una de esas observaciones estaban en reducir el gasto público, algo que incluye disminuir el dinero que el gobierno destina para el pago de empleados públicos, los cuales han aumentado en cantidad desde que entró en funciones el actual presidente Nayib Bukele.
De hecho, según un informe presentado recientemente por el OPP, y en el cual trabajó el Dr. De Rosa, sostiene que durante el primer trimestre de 2022, el gobierno aumentó el gasto en remuneraciones de empleados públicos hasta en $33 millones más con respecto al mismo período de 2021, por lo que solo en tres meses, se utilizaron hasta $802 millones para el pago de salarios de ese sector.
Por ello, el economista añade que ni el aumento en la recuperación tributaria que ha experimentado el gobierno son suficientes para nivelar la situación económica del país o para honrar los fuertes pagos de deuda que se aproximan, los cuales podrían solucionarse si el nivel de riesgo disminuyera y el país lograra encontrar más fuentes de financiamiento, algo que por el momento no es posible.
Además, el informe del Observatorio añade el déficit comercial del país como otro obstáculo para el crecimiento económico, pues hay una fuga de dinero debido a que el país importa más de lo que exporta. Solo en el primer trimestre de 2022, ese déficit llegó a $2,464 millones, algo que el economista De Rosa califica como “insostenible”.