El Gobierno de Ecuador cumplió con pagar en enero un total de 273 millones de dólares en concepto de intereses de la deuda externa reestructurada de bonos globales para no cerrarse las puertas a recibir más financiación externa, necesaria para cubrir su déficit presupuestario.
El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó el pago en un comunicado emitido este jueves, donde reconoció que los gastos del presupuesto general del Estado (PGE) "superan los ingresos en más de 5,500 millones de dólares, monto que debe ser cubierto, principalmente, con financiamiento externo".
"Para mantener abiertas las fuentes de crédito internacional que permitan cubrir las necesidades del Estado en bienes y servicios esenciales, como el de seguridad, es fundamental estar al día en los pagos de deuda externa", recordó el ministerio.
"En el hipotético caso que el país no pague sus obligaciones bloquearía el acceso a préstamos y no tendría más opción que hacer un fuerte recorte de gastos en el presupuesto general del Estado, lo que derivaría en un costo social muy alto, particularmente, en seguridad, educación, salud", añadió.
El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, apuntó que países vecinos como Colombia y Perú "tienen niveles de 'riesgo país' muy bajos porque históricamente han honrado sus deudas y cuando tienen problemas toman créditos a tasas mucho más bajas que el Ecuador".
La prima de riesgo de Ecuador se encuentra actualmente por debajo de los 1,800 puntos tras haber estado por encima de los 2,000 hasta antes de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declarase la existencia de un "conflicto armado interno" en el país contra el crimen organizado, luego de una oleada de atentados y acciones violentas de estas bandas, a las que ha pasado a llamar grupos terroristas.
El descenso del índice denominado 'riesgo país', que mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años plazo, se dio acompañado de varias propuestas planteadas por Noboa para aumentar la recaudación estatal.
Entre las medidas que busca sacar adelante está la subida del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 %, una reforma que está a debate en la Asamblea Nacional (Parlamento) y que ha recibido el rechazo de colectivos sociales como organizaciones indígenas y sindicatos.
En un reciente informe de valoración del acuerdo crediticio culminado en diciembre de 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió a Ecuador profundizar las reformas que quedaron incompletas durante el programa, en concreto la progresiva eliminación de los subsidios a los combustibles y la reforma tributaria.
El pago de la deuda correspondiente a enero se realizó en medio de incertidumbre dentro del sector público por el cobro de sueldos, que el Gobierno ecuatoriano también comenzó a efectuar el 31 de enero para Fuerzas Armadas, Policía Nacional, salud y educación.
"En los próximos días, se cubrirá la totalidad de los sueldos del sector público. El Gobierno nacional heredó una situación fiscal grave. No obstante, desde su posesión ha adoptado mecanismos para cubrir los pagos emergentes y avanzar en la reducción de los atrasos heredados", señaló la Administración de Noboa, en el cargo desde noviembre pasado.
"Al borde del precipicio"
Por su parte, la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), que integra a personalidades como el expresidente Osvaldo Hurtado, indicó que si el Gobierno no tiene dinero para pagar sueldos tampoco lo tiene para cubrir sus demás obligaciones y la situación actual compromete a la economía en su conjunto, incluyendo al sistema financiero y a la dolarización, informó el medio El Universo.
La entidad hizo un pronunciamiento público este jueves para alertar que "Ecuador está al borde del precipicio" y que “evitar una crisis que puede ser peor que la de finales del siglo pasado exige medidas inmediatas y permanentes”.
El Universo también consignó que Cordes insta a que la primera tarea que se debe tomar es que la Asamblea Nacional apruebe el aumento en la tarifa del IVA "anteponiendo el interés nacional a los intereses partidistas". Eso significaría unos $1,300 millones al año y el impacto considera que sería moderado en los hogares de menos recursos, agrega el medio.