El Salvador cerró el 2024 con una deuda pública total de $32,107 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). El aumento respecto al anterior ejercicio fue de $2,511 millones, un 8.4% más.
En ese número global se toma en cuenta la deuda con el Fondo de Pensiones, que sumó un saldo de $10,525.96 millones.
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Esta alza anual es la tercera más alta desde que Nayib Bukele ocupó la silla presidencial por primera vez en 2019. El máximo aumento de un año a otro en ese periodo fue el de 2023, con $4,246 millones (ver gráfico).
Pero los $2,511 millones de 2024 marcan un ritmo de endeudamiento bastante rápido, ya que si se divide esa cifra por 366 días (fue un año bisiesto), la deuda creció $6.86 millones cada día, o lo que equivale a $79 por segundo.
Para Otto Rodríguez, economista y exvicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), la forma en la que ha aumentado la deuda pública es preocupante, sobre todo porque no se ha traducido en la generación de una infraestructura productiva.
"Si un país se endeuda e invierte en infraestructura productiva, no hay problema. Pero si lo hace para pagar intereses, para pagar salarios de empleados públicos, para gastos… la situación es complicada", comenta Rodríguez.
Melissa Salgado, docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA, cuestiona: ¿hacia dónde va tanto dinero?
"Aparte de los esfuerzos en seguridad, ¿dónde termina ese enorme flujo de divisas vía endeudamiento? Las calles están mal, hay múltiples demandas municipales insatisfechas, una inminente crisis de especialistas en el ISSS… ese parece que es el costo de la seguridad, que se ha hecho en detrimento de otros aspectos clave de la vida", comenta Salgado.
Aparte del rápido ritmo, la académica identifica otras dos características en la gestión de la deuda del gobierno actual. Una es un repunte regresivo en la recaudación de impuestos, es decir, que los que menos tienen pagan cada vez más.
Salgado llega a esta conclusión porque la mayor parte de la recaudación de esta gestión es mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el que el Estado recibe cada vez más recursos cada año. Para hacerse una idea, en 2024, se recogieron $3,353.69 millones, un 9% más que en 2023.
La otra característica es que la deuda interna es mucho mayor que la externa. En 2024, la primera fue de $18,568 millones. En esta se cuentan la deuda de pensiones y aquella que mantiene el gobierno con los bancos locales, que están obligados a adquirir Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES) emitidos por el Gobierno.
La deuda interna ocupó el 58% del total. Esto es, sobre todo, por el gran volumen de los compromisos con el Fondo de Pensiones, que representa una tajada importante de la deuda total. Por ejemplo, en el 2024 fue de un tercio. Esto es porque la reforma de pensiones que entró en vigencia en enero de 2023 quitó el límite a lo que el Gobierno puede tomar de ese fondo en el que están depositadas las cotizaciones de los trabajadores salvadoreños.
Si se quita de la ecuación la deuda de pensiones, el aumento de 2024 también fue importante: $1,479.70 millones, un 155% más alto que el alza que se registró en 2023 con respecto al periodo precedente.
Sin embargo, si bien la deuda interna ocupa una mayor parte del pastel, la externa también creció en 2024. Y a pasos agigantados, tanto que ese fue el año en el que más aumentó desde que Bukele está en la presidencia, con una subida de $1,450 millones.
La recompra y el salto de la deuda
El gobierno hizo varios esfuerzos por reestructurar su deuda a través de la recompra de bonos con un vencimiento cercano. Para ello, por ejemplo, hizo emisiones de deuda y solo pudo obtener fondos a una altísima tasa de interés, del 12% en abril y del 9.65% en noviembre. Esta última ha tenido una enorme influencia en el saldo de la deuda con el que cerró el 2024.
Eso se puede comprobar en que la deuda del país creció, según datos del BCR, $802 millones en noviembre de 2024 respecto a octubre. Un salto importante en solo un mes.
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Según expertos, se trata en gran parte de los $757.1 millones que quedaron como remanente de los $1,000 millones emitidos en bonos en noviembre y que no se usaron para la recompra de deuda, que era su destino original.
Esos fondos, según comentó la diputada Suecy Callejas, se utilizarían en gasto corriente, lo que economistas como Rafael Lemus y Luis Membreño habían calificado de grave, pues esta acción subiría de golpe el saldo de la deuda en esa cifra: $757.1 millones, lo que sí ocurrió.
En noviembre, ese sobrante pasó a engrosar las reservas internacionales del país. Pero en diciembre estas ya habían bajado en $250 millones, lo que se traduce en que esos fondos se usaron, posiblemente, para pagar deuda interna. La otra posibilidad es que fue a gasto corriente.
En diciembre, el saldo de la deuda pública total bajó con respecto a noviembre, pero en apenas $58.94 millones, por lo que lo más factible es que el grueso de ese dinero ($250 millones) se canalizó a un destino distinto que el de pagar compromisos financieros.
Para Lemus, lo más probable es que se haya utilizado para el pago de los aguinaldos del sector público. Su hipótesis se basa en reportes publicados por Gobiernos anteriores, con detallados flujos de caja. Pero en la administración de Bukele ya no es posible acceder a esa clase de datos.
El guatemalteco Miguel Gutiérrez, de la Fundación Economía para el Desarrollo, considera que el déficit fiscal es "el gran veneno para la economía" de los países.
Explica que un exceso de gasto público hace que los bienes y servicios en un país sean más caros. Con esto, se vuelve menos atractivo para la inversión extranjera, un requisito indispensable para que una economía crezca. Que no lo haga se traduce en que no es capaz de producir lo que su población necesita y en ese escenario los precios aumentan.
Es un círculo vicioso del que El Salvador todavía es presa, señalan los economistas. Solo basta ver que es el país que menos inversión extranjera atrae en toda Centroamérica y se ha exacerbado en el Gobierno de Bukele, debido al bajo crecimiento de la economía, pues ha debido aumentar aceleradamente la deuda pública para mantener su nivel de gasto.
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