La actualización presentada por el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, de las cifras relacionadas con la Inversión Extranjera Directa (IED) sumó casi $118 millones al total de los primeros 17 trimestres (junio de 2019 a septiembre de 2023) de la administración de Nayib Bukele, pasando de los $1,247.28 millones en el saldo anterior a los $1,365.03.
Que un Estado haga ajustes a estos indicadores cuando publica los consolidados al cierre de un año, incluso para ejercicios anteriores, es normal. Pero los realizados por la presente administración, que van convenientemente hacia la alta después de mayo de 2021 y hacia la baja en el año de la pandemia (2020), son “difíciles de creer”, dice el economista Luis Membreño. En esta actualización, se modificaron los datos de 13 de los primeros 17 trimestres de la actual gestión.
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El periodo con el mayor aumento entre la cifra anterior y su actualización fue el primer trimestre de 2022, cuando se pasó de -$226 millones a $121 millones. Creció $347 millones, un número altísimo.
Para Membreño, no es un ajuste verosímil, pues algo así solo sería posible si al Estado se le hubiera pasado por alto, por ejemplo, la apertura de una fábrica gigante, generadora de miles de empleos y con cara tecnología de punta.
“Para hacerse una idea de lo exagerado de este ajuste hay que pensar que el Puerto de La Unión costó $150 millones, y fue una inversión enorme para un país como El Salvador. Ahora, que no se haya tomado en cuenta una inversión del doble de eso… es difícil de creer”, comenta el economista.
Y que se haya dado una inversión tan grande es todavía más improbable si se considera el contexto de la época. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de mayoría de Nuevas Ideas destituyó al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para colocar funcionarios afines a Nayib Bukele. Fue, en la práctica, un golpe de Estado del Órgano Legislativo al Judicial. Y eso se tradujo en que la seguridad jurídica de El Salvador se tambaleó, lo que golpeó con fuerza la imagen del país.
“Cuando un empresario extranjero ve eso dice: ´aquí han destituido jueces, han quitado al fiscal. ¿Qué me garantiza que no me puedan quitar mis propiedades, que no me vayan a iniciar procesos penales injustos?’. Por eso es que deciden no invertir en este país, porque aquí no se respeta la Constitución ni las leyes”, comentó el economista Rafael Lemus para El Diario de Hoy en una nota que comparó los índices de Inversión Extranjera Directa entre las administraciones de Nayib Bukele y de Salvador Sánchez Cerén.
Con las cifras del BCR de ese entonces, a principios de enero de 2024, se concluyó que la IED cayó en un 56 % en la actual gestión respecto a la de su predecesor. La tendencia se sigue manteniendo con las cifras actualizadas: la IED de los primeros 17 trimestres es 52 % menor que la de los últimos del segundo presidente del FMLN. Es decir, menos de la mitad.
Pero lo cierto es que desde el 1 de mayo de 2021 la Inversión Extranjera Directa se desplomó porque se debilitó la seguridad jurídica. Esta afirmación estaba respaldada por las anteriores cifras del BCR.
Estas, por ejemplo, señalaban que la IED pasó de estar en $414 millones en el primer semestre de 2021 a -$99.42 millones en los últimos seis meses de ese año.
¿Dónde está el truco?
En la actualización del 21 de marzo, ese segundo semestre de 2021 ya no presenta números negativos. Ahora muestra un saludable saldo de $23 millones. Y, como se dijo más arriba, el ajuste fue todavía más importante en el primer trimestre de 2022, es decir, $437 millones extra.
Así, incluso los acumulados por año cambiaron drásticamente. El más notorio es 2022, que antes estaba en -$99 millones y pasó, en la revisión, a números positivos, es decir, $170.85 millones, como se refleja en la gráfica utilizada en la conferencia de prensa del 21 de marzo del presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez.
Pero, si el aumento del saldo general fue de $118 millones, ¿A qué periodo se le restaron números?
La respuesta da señales poderosas de lo que el Gobierno de El Salvador pretende con esta magnitud de ajustes, pues hay un periodo en particular que aparece con cifras mucho menores en esta actualización que los que tenía en el conjunto de datos anteriores.
Este es el segundo trimestre de 2020, es decir, el que inició justo cuando comenzó la pandemia de Covid 19 en El Salvador. Entonces, hubo mayores restricciones a la circulación de la población.
La caída es drástica: De $285 millones a solo $96 millones. El número ajustado es de menos de un tercio que el anterior.
Y pasó lo mismo con el acumulado de todo el 2020, que pasó de $294 millones a solo $24 millones, un resultado menor al 10 % de la anterior cifra.
Para el economista Rafael Lemus, no es lógico que se haga una revisión de esta magnitud a un periodo ocurrido hace casi cuatro años. Ese ajuste se debió hacer al siguiente año, 2021.
“Da la impresión de que estas subidas y bajadas tan fuertes en este indicador no corresponden a una revisión técnica, sino a un ajuste de los números realizado con intenciones políticas”, dice el economista.
“Esto es una manipulación de números. Es como si pensaran que le pueden achacar lo que sea a la pandemia. Y lo cierto es que la economía de El Salvador resistió a los embates del Covid 19 con mucha solvencia, según mostraban las cifras anteriores. Lo que quieren hacerle pensar a la gente, entonces, es que si los números de esta administración son bajos, fue por culpa de la pandemia y no de la inseguridad jurídica provocada por las acciones de la Asamblea en mayo de 2021”, dice un economista experto en macroeconomía, que pidió resguardar su identidad.