Ante la falta de apoyo por parte de las instituciones gubernamentales a las víctimas de desplazamiento forzado, las organizaciones sociales han brindado acompañamiento legal y psicológico.
Dichos desplazamientos han ocurrido cuando las personas que sufren abuso, acoso o ultrajes por parte de soldados o policías, deben huir de su lugar de vivienda, para evitar las agresiones de parte de agentes del Estado.
En cuanto al impacto psicológico, el representante del Idhuca, German Cerros, explicó que dos poblaciones han salido mayormente afectadas: mujeres e infantes. Del total de atenciones brindadas por ese instituto, un 60.9% de víctimas son mujeres y un 28% son niños y niñas.
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“Son mujeres que llegan con mucho dolor a expresar su testimonio(…), que están liderando la defensa de los casos, pero son las que están viviendo la situación más cruda del régimen de excepción” relató.
Cerros explicó que las víctimas tienen que lidiar con el proceso de separación de personas que tenían un rol protector y de cuidados dentro del grupo familiar.
En ese mismo sentido, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de íctimas del régimen de excepción (Movir) expuso sobre las afectaciones de salud que han provocado el desplazamiento y las capturas.
“A diario recibimos casos dramáticos. Habían personas que estaban sanas pero, a partir de las capturas de sus hijos, han entrado en una situación de depresión, les han diagnosticado, diabetes, hipertensión y otras con insuficiencia renal”, aseguró. Ramírez señaló que el régimen de excepción es una “bomba de presión” por el sufrimiento que causa a la población.
El representante de Movir seguró además que la falta de información por parte de las autoridades de Centros Penales sobre las personas detenidas provoca angustia y desesperación en los familiares.
“Esta es la realidad de las víctimas del régimen de excepción, es una situación muy lamentable”, concluyó.