Tras la captura de un hijo de Juan (nombre cambiado por seguridad), sus otros dos hijos tuvieron que abandonar sus viviendas en la colonia San Leonardo, en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador.
El joven detenido, de 23 años, ha sido acusado de asociaciones ilícitas, pero tras su detención los policías frecuentaban la vivienda en busca de su otro hermano, por lo que este se vio obligado a huir, ante el temor de correr la misma suerte.
“El mismo policía me preguntaba por mi otro hijo y tuve que sacarlo de donde vivimos, porque si no me lo podían capturar”, explica Juan. La hermana mayor del joven detenido también tuvo que irse de su casa.
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Juan relata que el día que su hijo menor fue detenido un soldado la obligó a darle el número de teléfono. Ella es madre soltera. A partir de ahí comenzó el acoso a través de mensajes, hasta el punto que por lo menos en tres ocasiones el soldado llegó a buscarla, junto a tres militares más.
“Yo les pregunté qué querían y me dijeron que querían revisar la casa, pero mi hija ya me había dicho lo que estaba pasando”, detalla Juan.
Ante el acoso, la mujer de 27 años, junto a su pequeña hija, se tuvo que desplazar a otro municipio, por el temor de ser detenida por no corresponder al soldado.
Ese es solo uno de un total de 223 casos de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno provocado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, en el contexto del régimen de excepción, los cuales han sido documentados por tres organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los datos han revelado que previo al régimen de excepción la mayoría de casos eran provocados por pandilleros, en cambio ahora son generados por el acoso y amenazas de agentes policiales y militares.
Cambio de actores
Las organizaciones señalaron que el número de víctimas de desplazamiento forzado interno provocadas por agentes estatales ha aumentado en los últimos cuatro años.
En el caso particular de la PNC, ha habido un aumento exponencial en el porcentaje, que subió de de 2.5% en 2020 al 72.8% en 2023.
Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista (SSPAS), considera que el aumento de víctimas de desplazamiento forzado a causa de los agentes del Estado es un efecto directo del régimen de excepción
“El cambio de actores a agentes estatales como principales agresores, victimarios y provocadores del desplazamiento forzado es un efecto directo del ejercicio abusivo del poder de la Policía en los territorios, en el marco de una aplicación de una política represiva, punitiva, que no está cuidando los derechos de la población”, manifestó.
La representante del SSPAS consideró que uno de los grandes problemas de la Policía es la falta de depuración y que durante años sigue siendo dirigida por las mismas jefaturas que han sido señaladas de graves violaciones de derechos humanos.
Reyna recordó que, entre 2015 y 2018, la Policía se vio involucrada en ejecuciones extrajudiciales en contra de la población.
“Esa misma policía está desarrollando esa política que le ha dado un gran poder y que genera ese tipo de violencia hacia la población marginalizada, que vive en pobreza y que ha sufrido también la violencia de las pandillas”, expuso.
Según los datos recopilados por el SSPAS, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y Cristosal reflejan que la mayor parte de las víctimas son mujeres, con un porcentaje del 42.2 % de las personas atendidas, debido a que son ellas las que asumen el papel de la defensa tras una captura.
“El policía empezó hacerme preguntas personales y a insinuarse, me dijo que yo le gustaba y que quería probarme el cuerpo, empezó a pedirme fotos y decir cosas, lo denuncié y ahora me quiere capturar, tenemos una vida como si fuéramos delincuentes, a escondidas”, relató una de las víctimas en la denuncia presentada ante una de las organizaciones.
Claudia Argueta, representante de Cristosal, manifestó que las mujeres están sufriendo altos niveles de acoso por parte de los agentes del Estado.
Asimismo, Reyna agregó que las mujeres son las que tienen que asumir la situación económica, social y emocional de la familia. “Asumen la carga económica no solo por la pérdida de ingresos sino también por incremento de gastos”, apuntó.
La niñez es otra de las poblaciones vulnerables y afectadas por el desplazamiento, el 17.5% de las víctimas está en edades entre 0 a 12 años y el 9.4% son adolescentes entre 13 y 18 años.
En cuanto a la condición de salud de las víctimas de desplazamiento forzado, nueve indicaron que padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades en la vías respiratorias, leucemia y escabiosis.
Según los datos recopilados por las organizaciones, al desplazamiento interno se unen otros hechos violatorios como amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento, allanamientos, acoso y abuso sexual. Esas otras violaciones de derechos humanos suman 476 casos.
Bajan desplazamientos causados por pandillas
A pesar de que las autoridades de Seguridad afirman que tienen el control de los territorios, las organizaciones sociales siguen registrando casos originados por el acoso y amenazas de las pandillas, pero en un porcentaje menor. En 2020, las organizaciones registraron el 91.2%, en este año ese porcentaje ha bajado a un 15.2%.
“Hay que señalar que la participación de las pandillas en este tipo de fenómenos ha disminuido, pero sigue existiendo”, explicó Reyna.