El abogado Rolando Aparicio, defensor del empresario del transporte, Catalino Miranda, aseguró este lunes que el delito de resistencia por el que acusan a su cliente es inexistente.
"No hay delito de resistencia porque él solo se sube al vehículo de la policía, no se resiste y es en Tránsito Terrestre donde le ponen las esposas y le dicen que va a quedar detenido", dijo Aparicio.
Aseguró que en todos los videos se observa cuando el empresario camina tranquilo, pero custodiado por policías sin que haya algún tipo de resistencia.
Para este martes está previsto que Miranda sea presentado ante un juzgado de Paz de San Salvador. Aparicio adelantó que pedirán que le otorguen medidas sustitutivas a la detención porque el delito de resistencia es excarcelable. Para ello, presentarán los distintos arraigos en la audiencia inicial, según Aparicio.
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El gobierno informó la noche del sábado pasado que el transportista Miranda había sido detenido por cobro ilegal del pasaje de transporte y por obstruir la vía pública con los microbuses.
Pero el domingo, la Fiscalía General puso en su cuenta de Twitter que Miranda había sido remitido por resistencia.
Esos señalamientos fueron cuestionados por distintos abogados y analistas por considerar que esas son faltas administrativas y se sancionan con multas económicas.
Aclararon que no es que estaban defendiendo al empresario sino más bien porque ese tipo de procedimiento ilegal de parte del gobierno se podría replicar a opositores del régimen por señalar los abusos de poder.
El abogado Aparicio cuestionó la confiscación de los microbuses y autobuses de la empresa privada de Miranda sin ningún fundamento legal.
Reveló que las autoridades no les han notificado formalmente de que se han apoderado de las unidades de transporte, para que interponer un recurso en las instituciones correspondientes.
"Se están tomando atribuciones de hecho no de derecho. Tergiversan el artículo 110 de la Constitución que señala que el servicio público prestado por un privado puede ser suspendido, pero eso no les da derecho de expropiar los bienes particulares", dijo Aparicio.
Explicó que la mayoría de las unidades de transporte que han sido confiscadas todavía no son propiedad de la empresa porque se le sigue pagando a la distribuidora de vehículos.
"Ahora vienen ellos y deciden dar el pasaje gratis, entonces ¿con qué dinero se van a pagar esas unidades?. ¿Están asumiendo costos a razón de qué?", dijo Aparicio.
Denunció que las autoridades policiales allanaron este lunes las oficinas de las rutas 42 y 152 sin ninguna argumentación legal, lo que le hace suponer que le estarían preparando otra acusación.
Miranda está recluido en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).