Representantes del Socorro Jurídico Humanitario denunciaron que hay indicios de tortura en la muerte de Alfredo Morales, un joven de 25 años, cuya muerte se registró mientras se encontraba recluido en el penal de Mariona.
Morales fue capturado el 18 de abril de 2022 en Cuscatancingo y tres meses después su familia fue notificada que había muerto dentro del centro penitenciario, supuestamente por una caída.
En el documento entregado a la familia, Medicina Legal asegura que murió a causa de un edema pulmonar.
Sin embargo, Yeimi Magaña, abogada del Socorro Jurídico, explicó que esa organización tuvo acceso a la autopsia, en la cual, al hacer una análisis con un criminólogo, consideran que hay indicios de una golpiza o tortura.
Magaña explicó que a través del testimonio de otra persona que estuvo en el mismo penal y que ya fue liberado, han tenido información que el día previo a la muerte, Morales fue llevada a una celda de castigo, donde supuestamente habría sido víctima de actos de tortura, debido a que lo obligaron a hacer 1,500 sentadillas y él solo logró hacer 112.
Al siguiente día los custodios lo llevaron a rastras de regreso a su celda porque no podía caminar. Alfredo le comentó a los otros reclusos que lo habían golpeado en la pelvis, los testículos y otras partes del cuerpo.
El joven no podía pararse, sus compañeros lo llevaron a clínica dentro del penal, ahí le preguntaron qué le había pasado, pero por las amenazas previas de los custodios, él dijo que se había caído y solo le dieron dos bolsas de suero.
Al siguiente día, se desvaneció, sus compañeros de celda comenzaron a gritar que había una persona desmayada, pero fue hasta varias horas después que los custodios llegaron a verificar lo que había sucedido, encontrando al detenido ya muerto.
La abogada explica que según la documentación recolectada sobre el caso, un equipo de la policía técnica forense ingresó ese día al penal, para el levantamiento de la escena, quienes en el reporte no indicaron la causa de muerte.
Magaña asegura que hay indicios que había sido golpeado con una macana por el grosor de los moretones, de unos tres centímetros de ancho, que tenía en varias partes del cuerpo, según señala la autopsia a la que han tenido acceso.
El Socorro Jurídico anteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte del sindicalista José Leonidas Bonilla, por sospechas de tortura, basándose en la autopsia.
«Son similares los hematomas y los forenses están poniendo lo que les dicen que pongan, pero en todo el análisis van dejando “migas”» señaló la abogada.
Asimismo sospechan que dentro de los centros penales podrían tener la práctica de actos de tortura por inmersión, porque aseguran que a estas dos víctimas les encontraron agua en los pulmones y estómago.
Las autoridades de seguridad y la fiscalía han negado en algunos programas televisivos que haya indicios de asesinatos en las muertes de centros penales.
“De una manera imparcial queremos demostrar al pueblo salvadoreño lo que ha sucedido. Centralizamos la información y empezamos a depurar y establecer científicamente cuál ha sido la causa de la muerte de esas personas", mencionó Rodolfo Delgado Montes, fiscal general, durante el espacio televisivo en junio de 2023, al referirse a las denuncias de posibles asesinatos dentro de las prisiones.
Sobre la denuncia presentada el febrero de este año por el Socorro Jurídico Humanitario ante la FGR por el caso de Bonilla, aseguran que hasta ahora no han tenido una respuesta.
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Antecedentes
La representante del Socorro Jurídico explicó que la detención de Alfredo y su hermano se dio en el contexto de régimen de excepción y que hubo acoso policial previo.
En 2018 ambos hermanos fueron capturados después que tuvieron problemas con un agente, después que la familia de Alfredo denunció al puesto policial que el policía lo había golpeado al joven, porque no llevaba casco en el momento que conducía una motocicleta.
Luego de ese incidente, los jóvenes fueron capturados y acusados de agrupaciones ilícitas. Después de cinco meses en prisión fueron liberados bajo fianza, la cual les fue devuelta al final del proceso cuando fueron absueltos.
Sin embargo, cuando inició el régimen de excepción, fueron detenidos nuevamente y acusados nuevamente por el mismo delito.
La familia de los hermanos Morales niega que ellos hayan tenido un vínculo con las pandillas, pues ambos se habían dedicado a trabajar desde adolescentes. Alfredo comenzó a trabajar en un restaurante los fines de semana, desde los 13 años.
La segunda vez que los capturaron, tenía un negocio de entregas a domicilio, el cual habían emprendido luego de la pandemia del Covid-19, y que en ese momento tenía como empleados a tres personas más. Mientras que su hermano laboraba como repartidor en un restaurante transnacional de venta de pizza.
Tras la muerte de Alfredo un niño de tres años ha quedado en la orfandad.