El hacinamiento generado por los más de 32,000 supuestos miembros de pandillas detenidos en el marco del régimen de excepción, y los 37,190 internos que habían en los centros penales antes de dicha medida, podría convertirse en un problema sanitario debido a las enfermedades que en dichos sitios podría generarse y afectar a internos, a los trabajadores y también a los familiares de ambos grupos.
Así lo analizó el médico salubrista, Ricardo Lara, quien recomendó a las autoridades del Ministerio de Salud que implementen un plan sanitario para evitar varias enfermedades que se transmiten con facilidad ante la saturación en las cárceles salvadoreñas, principalmente en el caso de la tuberculosis.
Datos de Word Prisión Brief daban cuenta que hasta diciembre de 2020, la capacidad de los centros penales salvadoreños era de 27, 037; pero la población alcanzaba los 37,190. A esa cifra se suma los capturados y encarcelados en el contexto del régimen de excepción.
“No cabe la menor duda de que uno de los principales focos de contagio que ha existido en los últimos años, desde el 2017 específicamente que se vienen presentando brotes (de tuberculosis) que han salido de los centros penales, es producto de estos lugares de hacinamiento. Es necesario pedirle a las autoridades de Salud que den (informen) cómo se ha preparado Salud Pública con respecto a un plan de prevención de todas estas enfermedades transmisibles que se pueden disparar no sólo en brotes aislados sino que podemos llegar a niveles de epidemia y de estar dentro del corredor epidemiológico a niveles de zona de peligro, con incrementos de tuberculosis producto del doble hacinamiento que se está teniendo”, expresó el doctor Lara.
La Asamblea Legislativa avaló el régimen de excepción la madrugada del 27 de marzo pasado con 67 votos a favor luego de una escalada de homicidios en los días previos.
Un día antes de avalar la medida, el sábado 26 de marzo, se cometieron 62 homicidios.
El doctor Lara agregó que previo a la entrada en vigencia del régimen de excepción existía hacinamiento y que con las detenciones masivas que ha realizado el gobierno está “más que superado”.
Detalló que otras enfermedades que se pueden desarrollar ante hacinamientos están el covid-19, enfermedad que reconoció aún no termina en el país.
Además conjuntivitis viral, típica y hemorrágica; la tifoidea, y enfermedades dermatológicas.
“Observo que cada interesado habla de las preocupaciones que puede generar este hacinamiento y lo que puede ser una bomba de tiempo, yo no me voy a detener más allá desde mi visión del punto de vista Salud Pública: ¿cuál es el plan contingencial?, ¡cuál es ese plan de emergencia, de medidas de prevención que se pueden tener ante la situación que se está viviendo con este plan de excepción?
Ahora bien, eso es solo a nivel de factor de riesgo de centros penales, donde están hacinadas estas personas, donde se están dando estos caldos de cultivo para todas estas enfermedades transmisibles; pero estas salen y no identifican a nadie y contagian lo que encuentran a su paso. Ahí es donde tenemos que pensar el peligro que esto genera en función del resto de la población. De igual manera no podemos dejar de pensar en las enfermedades transmitidas por vectores como es el caso del dengue, a la cabeza, el zika y el chikunguña”, analizó el médico salubrista.
Recomendó a la población en general a redoblar las medidas higiénicas que siempre ha implementado para evitar las enfermedades, al igual que a aquellas personas que han estado expuestas a un factor de riesgo.
Sobre el tema de hacinamiento en las cárceles, la Asamblea Legislativa aprobó el martes 19 de abril, la Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios en el país, con la que se permite realizar contrataciones directas y obviar la Ley de Contrataciones y Licitaciones de la Administración Pública.
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El gobierno había anunciado en días anteriores que enviaría a los parlamentarios una iniciativa en ese sentido.
La propuesta establece que la creación de más centros penitenciarios obedece al “incremento de la población privada de libertad operativizada por el régimen de excepción”, aplicado desde el pasado 27 de marzo de 2022, de acuerdo a nota de archivo de El Diario de Hoy de ese día.
El artículo 2 de la iniciativa de ley dice que será el Ministerio de Obras Públicas la autoridad encargada de la planificación, diseño y construcción de los centros penales en coordinación con la Dirección General de Centros Penales, y se faculta al MOP declarar de utilidad pública los bienes, obras y edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penitenciarios.