“Ahora ya sos libre, no como yo quería, pero sos libre”, con esas palabras despidió la compañera de vida a Roberto Alonso Villatoro Guevara, minutos antes de que sus restos fueran sepultados en un cementerio privado de Soyapango.
La familia de Roberto fue informada de su muerte el sábado por la tarde, luego de pasar en prisión durante 13 meses, después de ser capturado en el contexto del régimen de excepción.
Verónica, la esposa de Roberto, explicó que él era hipertenso y diabético, de lo cual ella presentó una constancia médica a las autoridades después de su detención. Asimismo aseguró que en cada uno de los paquetes que llevaba cada 15 días le incluía medicina para sus padecimientos, pero sospecha que él nunca la recibió.
“No sabemos cuánto tiempo no le dieron de comer porque su piel estaba pegada a sus huesos. Fue difícil reconocerlo porque estaba terriblemente desnutrido, no tenía carne, solo huesos y piel. Estaba cadavérico” dijo la señora, entre la resignación y la indignación.
Con el apoyo del Socorro Jurídico Humanitario los familiares del capturado presentaron un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos meses después de la detención, argumentando que la captura presentaba indicios de arbitrariedades y su condición de salud, pero según la familia, el amparo fue declarado improcedente.
“Hay un silencio institucional, es bastante responsabilidad de la Sala de lo Constitucional esta muerte” manifestó Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario.
Escobar declaró que por la condición de salud del detenido también presentaron el caso ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), pero no tuvieron una respuesta.
“Ese silencio ha terminado con la vida de esta persona, porque si tal vez ellos hubieran pedido a los tribunales especializados la revisión médica de él, el tratamiento adecuado, la historia sería diferente” declaró Escobar.
El hombre de 28 años, padre de dos adolescentes, fue capturado el 3 de diciembre de 2022 en la colonia 22 de abril, mientras atendía una venta de pupusas que tenía junto con su compañera de vida.
La señora explicó que los policías revisaron su número de Documento Único de Identidad (DUI) en el sistema policial y a pesar que no estaba registrado se lo llevaron.
Roberto fue acusado de agrupaciones ilícitas, pero sus familiares negaron que él tuviera vínculos con las estructuras delincuenciales. “Todos los que estamos aquí sabemos que él es inocente y ha tenido que pagar un precio tan alto, con su vida, por algo que no debía” manifestó la esposa ante todos los asistentes al funeral.
“Una muerte dura, injusta, sin atención médica, a pesar que se expresó a las autoridades de las condiciones de él, yo presenté pruebas; tenemos un gobierno del que no tenemos ningún apoyo, que está dejando morir a gente inocente” agregó Verónica.
A pesar que ella iba quincenalmente a dejarle alimentos y medicinas, nunca fue informada de la condición de salud, en la que se encontraba en el penal de Izalco, pero por otras personas se habían enterado que se encontraba muy enfermo.
“Yo espero respuestas del porqué a él no se le trató a pesar que yo di un informe médico de la enfermedad de él y se le desarrollaron otras enfermedades” señaló la señora.
Los familiares fueron notificados en Medicina Legal que en 30 días les entregarán la autopsia realizada al cadáver del reo.
Según datos del Socorro Jurídico Humanitario desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha han registrado 224 muertes en centros penales.
Escobar asegura que la mayoría de las personas muertas en las prisiones se dedicaban a la agricultura, trabajo de jornaleros, motoristas, propietarios de negocios pequeños y un sindicalista. Del total de fallecidos documentados por el Socorro cuatro son mujeres.