El informe sobre prácticas derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que hay información creíble de que funcionarios gubernamentales emplean la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y otros abusos conexos, en el contexto del régimen de excepción.
El documento publicado esta semana menciona la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que un grupo de organizaciones de derechos humanos declaró que entrevistaron colectivamente a más de 100 detenidos liberados, muchos de los cuales denunciaron abusos sistémicos en el sistema penitenciario, incluidas golpizas por parte de guardias y el uso de descargas eléctricas.
Según datos recopilados por el Departamento de Estado, la Policía Nacional Civil (PNC) registró hasta el 26 de julio de 2023 un total de 48 denuncias por amenazas cometidas por agentes policiales.
Asimismo la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) registró 129 denuncias por violaciones a la integridad física, malos tratos o abusos físicos por parte de la PNC, y siete por los mismos abusos cometidos por miembros de la Fuerza Armadas, hasta el 31 de julio de 2023.
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El informe menciona uno de los casos visualizados por el periódico El País, de España, en el que un reo liberado de la prisión de Izalco relató cómo los custodios mataron a golpes a uno de sus compañeros de celda golpeándolo con las culatas de sus rifles.
En el relato el hombre relató que los custodios de centros penales aplicaban descargas eléctricas a todos los prisioneros en una celda.
Por otra parte, incluye el caso de un preso que murió de cáncer de estómago el 10 de febrero, luego de ser liberado de la prisión de Zacatecoluca el 28 de enero.
“Cristosal informó que su cuerpo presentaba signos de tortura, incluyendo importantes hematomas en la espalda y el estómago, así como signos de desnutrición y hemorragia gastrointestinal”, indica el informe.
El gobierno estadounidense también recalca que según datos de las organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía General no había abierto ninguna investigación por denuncias de tortura, abuso o maltrato por parte de los custodios penitenciarios.
Asimismo señaló las preocupaciones que persisten respecto de la impunidad en el actuar de la PNC y la Fuerza Armada.
“El estado de excepción facultó a las fuerzas de seguridad para realizar arrestos sin cumplir con los estándares probatorios tradicionales, y los medios y la sociedad civil informaron que algunos funcionarios de seguridad podrían haber utilizado esa autoridad para obtener sobornos, favores sexuales u otras concesiones de los ciudadanos” , detalla el informe.