Tras culminar la reunión de este lunes, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa quedó abierta a la discusión de la propuesta del Presupuesto General de la Nación 2021 para continuar este martes 22 de diciembre.
Los diputados debatieron las adendas y otros cambios en la comisión, sin embargo, no se logró un dictamen favorable y el análisis seguirá este martes para tratar de establecer consenso, el cual será luego discutido en la última plenaria de 2020 programada para ese día en el Parlamento.
El legislador Mario Ponce advirtió que de no obtenerse una respuesta concreta la sesión plenaria también quedaría abierta.
Según Margarita Escobar, de ARENA y Yanci Urbina, del FMLN, las peticiones de reformas que hizo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al proyecto del plan de gastos carecen de validez porque la ley no permite proponer dos presupuestos y porque el funcionario tampoco entregó la declaración jurada que certifique la veracidad de las cifras, sin embargo, “hay voluntad política” de aprobarlo con ajustes, ahondó la jefa de fracción del partido de izquierda, Nidia Díaz.
Escobar aclaró que el documento en estudio es el que llevó el ministro de Hacienda el pasado 30 de septiembre, en el cual solicita un financiamiento extra en deuda por $1,342.2 millones para cubrir las deficiencias de ingresos y que las adendas planteadas hace una semana por el funcionario no están determinadas por la ley.
Además, tanto Escobar como Urbina explicaron que no las aceptan porque el ministro Zelaya no presentó la declaración jurada que certifique la veracidad de las cifras presupuestarias y no cuentan con el aval del Consejo de Ministros.
“Llama mucho la atención cómo es posible que en un mes quedó un presupuesto distinto al que presentó, sin declaración jurada. El Salvador tendrá un presupuesto para la gente, además con responsabilidad fiscal”, añadió Escobar.
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Entre los requisitos que la Ley de Responsabilidad Fiscal exige para aprobar un presupuesto que necesita apalancamiento con deuda es que el ministro de Hacienda respalde la solicitud con una declaración jurada.
Urbina manifestó que las reformas al presupuesto que presentó Zelaya son solo cartas, ya que la competencia la tiene el Consejo de Ministros.
“Trajo una carta que ni siquiera tiene el acuerdo del Consejo de Ministros, tampoco trae la declaración jurada”, apuntó Urbina.
Hace una semana, Zelaya pidió a los diputados reformar la parte del financiamiento para tomar fondos de préstamos pendientes por aprobar para la pandemia por $1,181 millones.
Con esa medida el funcionario aseguró que la brecha presupuestaria se reduce en $161 millones, pero según ARENA, FMLN y PDC, el déficit es el mismo, por lo que proponen subsanarlo reduciendo gastos en otras áreas como consultorías, bienes y servicios y publicidad.
Entre las discusiones que se tuvieron este lunes entre partidos de oposición estuvo el reducir en un 5% la adquisición de bienes y servicios, informó el diputado Norman Quijano, de ARENA, con lo cual estarían ahorrando más de $30 millones, aseguró.
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Escobar, manifestó que aún hay más de $1,000 millones sin usar de préstamos y el gobierno les pide que financien el gasto con otros $1,300 millones.
El FMLN seguía manteniendo sus apuestas de elevar la pensión mínima de $207 a $304 mensuales, que sería el equivalente al salario mínimo; también incrementar en un 5% el salario de las personas que ganan menos de $1,000, además de inyectarle fondos suficientes al Instituto de Veteranos, ya que, según Urbina, les han quitado recursos, entre otros cambios al gasto de 2021.
“El presupuesto del Instituto de Veteranos viene desfinanciado, está destinando únicamente $102 millones y es de $162 millones, hay una asignación importante que hay que hacer”, señaló Urbina.
Llevar el monto asignado a la Corte Suprema de Justicia al 6% de los ingresos tributarios como lo establece la Constitución es otra meta de los partidos políticos.