Tras entrar en vigencia la reforma al Código Penal que sanciona hasta con 20 años de cárcel a quienes traten de impedir candidaturas, expertos en temas electorales han recalcado que esta medida es más bien una “amenaza” a quien se oponga a la inscripción de Nayib Bukele como candidato y no una forma para salvaguardar los debidos procesos.
“Esta reforma al Código Penal donde se sanciona como delito la obstaculización de candidaturas sin duda es una forma de blindar la candidatura del presidente, para que no haya alguna posibilidad de que no se inscriba como candidato”, recalcó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, durante la entrevista en Frente a Frente.
Para el experto, esta modificación representa “más una amenaza, que la intención de salvaguardar algún derecho o algún proceso de la elección”.
El presidente Bukele ha manifestado su intención de buscar la reelección en el cargo en las próximas elecciones, esto pese a que la Constitución lo prohíbe. La Sala de lo Constitucional, impuesta por el oficialismo, abrió la puerta en septiembre de 2021 para que Bukele busque la reelección.
Escobar alerta, además, que esta reforma penal puede incidir también en otros procesos de elección, tal es el caso de los magistrados. “Qué tal que por alguna situación excepcional no se pueda conformar con magistrados propietarios el Tribunal Supremo Electoral y se llega el momento de inscribir candidatura, por ejemplo, y no se tenga los votos necesarios para que se dé la inscripción en firme. Qué tal que el tribunal no inscriba, qué tal que un magistrado que está conformando el pleno no quiera dar el voto por razones constitucionales, legales (…) ahí podría darse un margen para que se mencione esta decisión del magistrado para no dar su firma, se puede constituir en delito de obstaculización de la candidatura”, señaló el experto.
Reforma penal que impone hasta 20 años de cárcel por obstaculizar candidaturas ya entró en vigencia
Entre las modificaciones también establecen penas de cárcel para quienes cometan “casos especiales de fraude electoral”, que puede tratarse de la colaboración o conspiración de una persona para que otra acceda al sistema informático del proceso electoral, para alterarlo o manipular el funcionamiento de las plataformas de votación, con la intención de destruir, modificar o alterar los datos o el bloqueo de programas.
Uno de los puntos destacados por Escobar es “lo que dice el articulo reformado es aquellas candidaturas que cumplan los requisitos legales, pero ¿quién va a determinar los requisitos legales?”, los funcionarios fácilmente podrían caer en este delito al argumentar que una candidatura no cumple con ciertos requisitos establecidos.
“Yo puedo decir que mi candidatura es legal, pero quien tiene en todo caso la facultad es la autoridad electoral”, señaló Escobar, quien reitera que, a juicio propio, estas medidas son “una evidente intención de blindar, dejar poco margen para que se pueda inhabilitar la candidatura del presidente”.
Recientemente, analistas calificaron como una "campaña anticipada ilegal" el viaje a Los Ángeles emprendido por la bancada oficialista de Nuevas Ideas junto con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en donde se reunieron con salvadoreños radicados en EE.UU. para promover la imagen de Bukele. Sin embargo, no es la primera vez que los diputados de Bukele violan la Constitución al promover la reelección del mandatario.