Con fecha 16 de febrero, el Diario Oficial publicó las reformas al Código Penal que habilitan la imposición de 10 a 15 años de prisión para quienes impidan u obstaculicen la inscripción de candidaturas a elección popular que cumplen con los requisitos legales para competir.
“Será sancionado con pena de prisión de diez a quince años, si el fraude electoral fuere cometido con cualquiera de las siguientes circunstancias: g) El que por cualquier medio impidiere u obstaculizare la inscripción de candidaturas cuando éstas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la materia, la elaboración de credenciales, el registro electoral o el libre ejercicio del sufragio en cualquiera de sus modalidades o interfiera en el escrutinio de votos”, dice la enmienda al Art. 295 del Código Penal.
La misma pena tendrán quienes ingresen al sistema o programa informático utilizado para el ejercicio del sufragio, con la finalidad de interrumpir, interferir, obstaculizar o alterar el funcionamiento de este para ralentizar las plataformas de votación o el servidor de forma temporal o permanente, mediante la utilización de solicitudes de ingresos masivas, programas de solicitudes de ingreso masivas, creando programas o software de petición masiva o cualquier otro método. Este delito está tipificado en el Art. 295-A como “Atentados contra el derecho al sufragio”.
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Las modificaciones también establecen penas de cárcel de entre 15 a 20 años para quienes cometan “casos especiales de fraude electoral”, entendiéndose éste como la colaboración o conspiración de una persona para que otra acceda al sistema informático del proceso electoral, para alterarlo o manipular el funcionamiento de las plataformas de votación, con la intención de destruir, modificar o alterar los datos o el bloqueo de programas.
Si el delito fuese cometido por un funcionario, mediante amenazas o engaños, se aumentaría en una tercera parte de la pena máxima. En tanto, si quien comete el delito es miembro de una pandilla, la sanción será de 20 a 30 años de prisión. Y si una persona es incitada a cometer estos delitos y no informa a las autoridades incurrirá en el delito de comisión por omisión.
Estas reformas fueron aprobadas por los diputados del oficialismo en la Asamblea en enero de este año.
El presidente Bukele ha dicho que buscará la reelección presidencial inmediata en 2024, pese a que la Constitución lo prohibe; sin embargo, la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo resolvió en septiembre de 2021 que Bukele sí está facultado para optar a la candidatura presidencial.
Los expertos electorales, Ruth Eleonora López y el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, han advertido que esta reforma es una “intimidación” y “amenaza” para quienes se atrevan a impugnar la candidatura de Bukele. “Es un salbeque”, criticó López en declaraciones a El Diario de Hoy anteriormente.
Mientras que otros abogados y el magistrado del Tribunal Supremo Electora, Julio Olivo, consideran que la reforma penal busca obligar al TSE a que inscriba la candidatura del actual mandatario.
Olivo calificó tal reforma como “peligrosa”. “Directamente penaliza a los magistrados y va con dedicatoria a aquellos que razonamos nuestros votos. Dicen que van a aplicar de 10 a 15 años de prisión por negarnos a inscribir una candidatura. Nunca se había visto eso en la historia del país”, reprochó Olivo.
A juicio del juez electoral, esta normativa va dirigida para los magistrados del Tribunal y para integrantes de Juntas de Vigilancia Departamentales (JVD) que inscriben a los candidatos a concejos.
“Eso es peligroso, porque es como que el juez estuviera resolviendo como yo lo dije en una ocasión: con la pistola en la frente, porque lo meten preso si usted no inscribe la candidatura”, lamentó Olivo.
La amenaza también va dirigida a los ciudadanos que develen su rechazo a la candidatura del gobernante, dijo también el abogado constitucionalista, Enrique Anaya.
“Es un evidente mensaje para dos grupos: uno, para aquellos magistrados del TSE, ya sea el Señor Olivo o cualquier otro magistrado que se opusiera y no autorizara la inscripción del mandatario, y también va dirigido a todos aquellos que expresemos nuestra inconformidad con esa candidatura, es decir, cualquier persona decente y que como yo comenté, todo constitucionalista en este país se opone a semejante disparate de la reelección inmediata”, afirmó.
También analizó que es una forma de cerrar el círculo en torno a la candidatura presidencial de Bukele, pues a juicio de Anaya, el gobierno tiene claro que es ilegal, y por lo tanto, quiere garantizar que cualquier persona que exprese su negativa a inscribirlo sea penalizada.