Para el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en el primer año de gestión de la Asamblea Legislativa es evidente que el Órgano Ejecutivo se ha presentado como el “principal legislador” y la Asamblea como el vehículo para facilitar el “proyecto gubernamental de concentración de poder”.
Lo anterior sale a la luz de los datos que el padre Oliva brindó este miércoles en la entrevista de TVX. En ese espacio televisivo, explicó que desde la Presidencia de la República han sido enviadas a la Asamblea 295 iniciativas de ley.
De estas, dijo que 133 han sido aprobadas con dispensa de trámite, es decir, sin ser estudiadas en las respectivas comisiones de trabajo legislativas para evaluar si benefician a la población o no.
VER: “Estamos frente a un suprafuncionario que tiene a su merced todo”: abogada penalista
“El Órgano Ejecutivo se está presentando como el principal legislador, porque es el que presenta las iniciativas, y la Asamblea Legislativa, muchas de éstas las ha aprobado con dispensa de trámite, es decir, que no se ha dado a la tarea de revisarlas, de mejorarlas, de ver que podría ser beneficioso para la población y qué no”, analizó el padre Oliva.
En total, son 479 decretos legislativos avalados desde que los diputados del oficialismo tomaron posesión de sus cargos el 1 de mayo de 2021.
Pero desde entonces, Oliva explica que lo que ocurrió es que la Asamblea lo primero que hizo fue entregarle al Ejecutivo el Poder Legislativo, y también el Poder Judicial con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía.
Añadió que últimamente la Asamblea también ha aprobado leyes que responden a las promesas de campaña, como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico y el voto en el exterior, sin embargo, también han autorizado normativas que “facilitan la corrupción y la falta de transparencia” en el gobierno.
TAMBIÉN: Al imponer sus magistrados el 1 de mayo, el Gobierno eliminó al árbitro imparcial
“La primera de todas fue el 4 de mayo, la Ley Alabí, en donde se amnistía todos los posibles casos de irregularidades que se dieron durante el primer año de ataque a la pandemia del covid”, mencionó Oliva.
Así como otras leyes como la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), que eliminan la obligatoriedad de aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), misma situación que ha ocurrido con las más recientes leyes aprobadas por los diputados del oficialismo, entre ellas, la de construcción de nuevos centros penales.