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Al imponer sus magistrados el 1 de mayo, el Gobierno eliminó al árbitro imparcial

El efecto más concreto de la destitución de la Sala de lo Constitucional, coinciden abogados, es que el acceso a la justicia responde ahora a criterios políticos y no técnicos.

Por Enrique Miranda | May 01, 2022- 21:00

La bancada del presidente Nayib Bukele nombró el 1 de mayo a magistrados de la Corte alineados a su proyecto político. Foto EDH / Archivo

Hablar de democracia, de institucionalidad, de contrapesos y separación de poderes son palabras abstractas, pero lo concreto del 1 de mayo de 2021 es que el Gobierno destituyó al “árbitro” que resuelve las diferencias entre las acciones del gobierno y los ciudadanos comunes.

Esa garantía, la de una justicia imparcial, afirman abogados, es la que se perdió luego de que la bancada legislativa del presidente Nayib Bukele destituyera hace un año a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, con quienes el gobierno tuvo diferencias durante el confinamiento por el covid porque le pusieron frenos a leyes y decretos que el máximo tribunal consideró abusaban del poder.

“La Sala fue la llave para que la posibilidad de defensa de otros derechos se volviera imposible. Si los magistrados del más alto tribunal los imponía el Ejecutivo, toda controversia que se intente, cualquier demanda que se ponga contra el gobierno va a tocar eventualmente en la Sala”, explicó José Marinero, presidente de la Fundación Transparencia y Justicia (DTJ).

Pero en términos sencillos, los ciudadanos han perdido la posibilidad de obtener justicia imparcial en un caso en el que tenga una diferencia con el Estado y sus políticas públicas o nuevas leyes, abundó.

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“Hay influencia de la Sala en los tribunales, no se meten en todos, se meten en los que les interesa el poder político. Desapareció una de las garantías centrales del estado de derecho: que un tercero conozca de una controversia en la que está involucrado el estado. Si usted se enfrenta al estado, lleva las de perder porque tiene al fiscal, a los jueces o sea que a usted le den justicia se convierte en un favor”, ejemplificó Marinero.

La abogada penalista Marcela Galeas lo pone en ejemplos concretos. Afirma que uno de los efectos de que la bancada legislativa del presidente Bukele haya asestado ese golpe a la independencia judicial provoca que el sector justicia no defienda los derechos de personas detenidas por el Ejecutivo durante el actual régimen de excepción.

“Vemos en este periodo del régimen de excepción que no se están usando las herramientas jurídicas para defender la libertad de aquellos que son detenidos de manera arbitraria y son inocentes, como el hábeas corpus, sino las redes sociales para ejercer presión . Existe un desfase, esto se debe a la destrucción de institucionalidad que gozábamos hace unos 3 años. De alguna forma no tenía funcionalidad óptima porque no es cierto, pero las personas confían menos en la labor jurídicamente hablando”, detalló la penalista.

La bancada del presidente Nayib Bukele nombró el 1 de mayo de 2021 a magistrados de la Corte alineados a su proyecto político. FOTO EDH / ARCHIVO

Y más aún, al no existir un árbitro imparcial en el órgano judicial, las leyes que aprueba la bancada legislativa de Nuevas Ideas no tienen un aplicador imparcial, argumenta la experta penalista.

“Las últimas reforma penales las hacen sin ningún tipo de contemplación y observancia del principio de legalidad y proporcionalidad de las penas. Tampoco han utilizado la dosimetría penal, que es lo que viene a cargar del establecimiento de una sanción correspondiente a la peligrosidad del hecho constitutivo del delito”, explicó Galeas.

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El magistrado de la Sala de lo Constitucional destituido ese día, Carlos Sergio Avilés, explica la importancia de tener ese árbitro imparcial en el órgano judicial y consagrado en la Constitución de la república, el libro que contiene la esencia de la forma de gobierno del país.

“La Constitución consagra la distribución equitativa del poder entre sus tres órganos. Y este es un mecanismo indispensable para el control del poder mismo, para evitar que el control sea arbitrario, abusivo o desviado. El poder está legitimado en la Constitución, no al margen de ella. Se subordina al derecho. En todo orden democrático y republicano existen los controles son inherentes a ellos, pero resulta que ese diseño constitucional se constituyó en un estorbo para los intereses de Casa Presidencial”, especificó Avilés.

El exfuncionario todavía no da crédito a lo que pasó hace un año en la Asamblea Legislativa, pues cree que en cualquier otro país sería una serie de “ciencia ficción”.

“El órgano ejecutivo que es un órgano controlado le ordena al legislativo que destituya a la Sala y que en su lugar imponga abogados controlados por ellos. En cualquier orden constitucional esto sería materia de ciencia ficción, pero aquí en El Salvador es una realidad”, reflexionó Avilés.

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