Aunque el Estado salvadoreño cuenta con herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones vinculadas en el área y en materia de derechos humanos, señalan que no se han utilizado de forma efectiva para solucionar los casos y encontrar a las víctimas.
El reciente informe “Desapariciones forzadas o involuntarias” de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y ORMUSA cuestiona que a la fecha en el país no exista un registro confiable y actualizado de personas desaparecidas y que al iniciarse la búsqueda, se realiza bajo la presunción de muerte.
Asimismo, cuestionan que no se realiza la búsqueda de manera inmediata. El informe denuncia que se exige tiempo de espera para denunciar la desaparición, contrario a las disposiciones legales vigentes.
“De acuerdo con testimonios de familiares, la Fiscalía y la Policía les siguen exigiendo que esperen 24 o hasta 72 horas antes de presentar una denuncia, o les dicen que sus familiares “ya van a aparecer” o que andan con sus parejas, entre otros descalificativos”, señalan en el documento.
Transcurrido el plazo de espera, tanto fiscales como policías envían a las familias denunciantes directamente al Instituto de Medicina Legal (IML) o a hospitales para verificar que la persona desaparecida no haya sido asesinada. “Las autoridades en El Salvador parecen presumir, sin previa investigación, que la víctima ha sido asesinada”, denuncian las organizaciones.
Sobre las desapariciones a manos del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023 recibió 54 denuncias de desaparición forzada de personas. De ellas, 40 corresponden a hombres (74.07 %) y 14 a mujeres (25.93 %).
Sin embargo, no todas las denuncias recibidas por la PDDH se refieren a hechos actuales: cuatro ocurrieron en los años 90; cinco entre 2016 y 2018; y 45 entre el 2019 y el 2023.
Además, las organizaciones firmantes han documentado 327 denuncias de desaparición forzada que habrían ocurrido desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022. Bajo este contexto, identifican al menos tres patrones de desapariciones, sobre todo desapariciones de corta duración.
La primera forma es cuando las personas son detenidas por agentes del Estado (policías o militares) en lugares públicos y frente a testigos, con la negativa a reconocer la detención y su paradero, días, semanas o meses después por la insistencia de las familias, las personas son ubicadas en centros de detención. Pero a pesar de ser ubicadas, la información sobre su situación es escasa y las personas detenidas están mayormente incomunicadas.
La segunda forma son casos de personas detenidas por agentes del Estado en lugares públicos y frente a testigos, con la negativa a reconocer la detención y su paradero. Pese a insistencia de las familias e interposición de habeas corpus, no se tiene noticia de ellas.
Y tercero, los casos de personas detenidas por agentes del Estado en lugares públicos y frente a testigos, hay un reconocimiento de la detención y tras días, semanas o meses por la insistencia de las familias las personas son ubicadas en centros de detención. Pero, posteriormente, se tiene noticia que las personas perdieron la vida bajo custodia del Estado y los cuerpos de algunas de ellas son hallados con señales de tortura y malos tratos.
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La respuesta del Estado
En el último juicio entre organizaciones de derechos humanos salvadoreñas contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), intervino el comisionado gubernamental de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, quien señaló que dichas cifras no las reconocían; a lo que la Comisión alegó que el hecho que las rechazaran no significa que no existieran.
En el caso de desapariciones cometidas por agentes no estatales, pese a que llevan más de dos décadas de estar ocurriendo, la respuesta estatal ha sido “lenta y aún enfrenta varios desafíos”, señala el informe.
Las organizaciones recuerdan que un desafío relacionado con la falta de información sobre el universo total de víctimas de desaparición fue señalado por la CIDH: “Ninguna institución del Estado maneja un dato exacto sobre personas desaparecidas”.
Además, reprochan la disparidad de datos de personas desaparecidas dependiendo de la institución de que se trate.
“Es decir, no hay datos globales que el Estado haya sistematizado. Un factor que dificulta el registro de los casos es que la calificación jurídica de los hechos no siempre es adecuada. En muchas ocasiones, la Policía o la Fiscalía registran las desapariciones como ‘privación de libertad’ o ‘secuestro’”, señalaron las organizaciones.
Retoman la ocasión en que en una sesión con el Comité contra la Tortura (CAT) de la Fiscalía, realizada en noviembre de 2022, el Ministerio Público reportó que entre 2019 y marzo de 2022 se registraron 551 desapariciones de personas y 1,229 casos sobre privaciones de libertad. Pero, por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 6,932 personas desaparecidas entre inicios de 2019 y junio de 2022.
A partir del segundo semestre de 2022, la PNC no entregó información completa relativa a desapariciones, alegando que se encuentra bajo reserva.
La Fiscalía por otra parte, reportó 6,435 personas desaparecidas entre inicios de 2019 y finales de 2021. Luego, a partir del año 2022, la información fue declarada inexistente.
“Es importante recalcar las discrepancias en la información de ambas instituciones. Debido a que no existe una base de datos unificada, no hay coincidencia en el número de personas desaparecidas registradas en el periodo 2019-2021”, lamentaron las organizaciones.
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Mujeres y niñas desaparecidas
Existe una asociación entre las desapariciones de mujeres y los feminicidios, que se deriva de una práctica criminal adoptada y perfeccionada por las pandillas y emulada por particulares y agentes del Estado, amparados en la masividad e impunidad que rodea estos hechos, según el informe.
Tras varios casos documentados por las organizaciones, se consiguió identificar las modalidades o patrones de desaparición de mujeres.
La primera modalidad es la de grupo, cometida por pandillas asociadas a riesgo feminicida, en estos casos las pandillas tienen como fin asesinar a las mujeres o a las niñas y borrar toda la evidencia.
Rastro de su existencia.
La segunda forma en que se cometen esos crímenes es por personas del entorno cercano asociadas al riesgo feminicida. En este caso, están vinculadas las parejas, exparejas y personas del entorno cercano a las víctimas, con o sin vínculos con grupos criminales, que utilizan la desaparición para encubrir un feminicidio.
La tercera son las desapariciones cometidas por crimen organizado asociadas a redes de trata de personas con fines de explotación sexual, y las cometidas por redes de tráfico en la ruta migratoria.
Finalmente, señala la modalidad de las mujeres que “deben desaparecer”, para huir de contextos que las vuelven vulnerables de algún tipo de violencia.