La fracción de Nuevas Ideas y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron por décimo novena ocasión la suspensión de algunas garantías y derechos constitucionales con el régimen de excepción.
El último decreto de prórroga de esta medida finaliza su vigencia este 13 de septiembre, por lo que legisladores oficialistas aseguran que mantendrán el régimen de excepción el tiempo que consideren necesario.
Esta prórroga se da días después de conocerse el caso de una niña de siete años que fue asesinada en La Campanera, en Soyapango, donde hubo reproches de vecinos de que hubo muy poco apoyo de parte de la Policía en su búsqueda. Y anteriormente, el caso de una niña de 13 años quien fue violada por sargento de la Fuerza Armada luego de amenazarla con el régimen de excepción.
Al respecto de este caso en La Campanera, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó que en menos de 24 horas se detuvo a algunos sospechosos. “De ese terrible asesinato, que condenamos completamente, esperamos que la justicia sea pronto para estas personas, que las investigaciones lleguen al fondo y que les caiga todo el peso de la ley”, dijo.
Y sobre la prórroga al régimen dijo que “nos vamos a mantener firmes en esto”.
La medida se mantiene mientras que las autoridades de Seguridad desplegaron desde este miércoles cercos militares en algunas colonias en Apopa, donde se estaría verificando incluso la legalidad de las viviendas.
“Se está yendo casa por casa para ver si los que están ahí son los que de verdad son los verdaderos dueños”,
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa
Y calificó como “normal” que las personas presenten su documentación sobre la propiedad de las viviendas que habitan.
El diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aliado del oficialismo, aseguró que seguirán apoyando el régimen de excepción. “Nosotros somos incondicionales, principalmente mi persona, en este tema yo no tengo revés, sino que soy muy firme, el régimen de excepción debe continuar”, expresó.
Medida desproporcionada
Por su parte, César Reyes, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), calificó el régimen de excepción como “una medida desproporcionada” porque se violenta las garantías constitucionales de la población.
“Ahora no te garantiza ser inocente para que no seas capturado y esa es una situación que ha afectado a muchos salvadoreños que no tienen ningún vínculo con el crimen”,
César Reyes, diputado de ARENA
Recordó que de acuerdo a cifras brindadas por las mismas autoridades de Seguridad, más de 7,000 personas que fueron detenidas con el régimen de excepción han sido liberadas al no comprobárseles vínculos con pandillas.
John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, indicó que se han documentado más casos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad. “Casos de abuso sexual, de coerción a ciudadanos, que si no acceden a una relación sexual pues alguien de la familia va a ir preso, sino la misma persona; la violación de una menor de edad por parte de militares”, expresó. Señaló que el gobierno recurrentemente utiliza el concepto de que se vive en paz gracias al régimen de excepción.
“Pero yo creo que no se puede vivir en paz teniendo miedo, y creo que estamos viviendo en un estado permanente de miedo”,
John Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo
Hasta consideró que “se replica” el mecanismo de realizar cercos militares, “una especie de show que se hace” para justificar cada prórroga al régimen de excepción.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, dijo que mantiene su postura en que a quienes han cometido delitos sean sancionados conforme a la ley y no se afecte a personas inocentes.
“Creemos que la vía para la seguridad ciudadana tiene que ir por medio de la justicia, la paz va a llegar por medio de la justicia y el régimen de excepción no está dando justicia, no está cumpliendo algo tan básico como es que la gente inocente pueda vivir tranquila y que los criminales les caiga todo el peso de la ley”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Además, señaló que se debe apostar a otro tipo de mecanismos de prevención de violencia y no solo los cercos militares, así como plasmar esas prioridades con recursos asignados en el presupuesto de la nación. “Que ataquen las causas raíces, las causas estructurales de la violencia y la exclusión en nuestro país”, dijo.
También la diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que la seguridad se tiene que ver desde “una perspectiva integral” y que el gobierno cuenta con leyes y recursos para combatir el crimen.
“El régimen no es una política de seguridad ciudadana y creo que ha quedado en evidencia cómo el dotar de poderes extraordinarios a instituciones como la Fuerza Armada, el Ejército, que no tienen una formación basada en derechos humanos o desde la perspectiva de la seguridad ciudadana desde un enfoque civil, pasa lo que hemos visto en los últimos días”,
Anabel Belloso, diputada del FMLN
Enfatizó que el gobierno no tiene una verdadera política de seguridad. “Ya deberían de estar planteando una política de seguridad ciudadana, porque entonces va a vivir eternamente la población sin derechos en este país”, añadió.