El presidente de Fundación DTJ, José Marinero, consideró que "todo el despliegue del aparato de seguridad de los últimos días es inconsistente con la justificación del régimen de excepción aprobado el domingo pasado en la madrugada".
Explicó que un ángulo de esta inconsistencia es que "la narrativa oficial dice que estamos frente a condiciones excepcionales de violencia" y que, antes de este repunte, todo estaba “bajo control”.
"Si en realidad todo estaba bajo control, ello supone que este pico de violencia ha tomado por sorpresa a los cuerpos de seguridad, es decir, no contaban con inteligencia suficiente sobre la operación de las pandillas", dijo Marinero al destacar que por eso surgen muchas dudas sobre las motivaciones del despliegue del aparato de seguridad.
Sin embargo, el presidente de Fundación DTJ, cuestionó que si es verdad que el gobierno ha sido tan eficaz para capturar en pocos días más de 1,000 personas vinculadas con las pandillas “eso solo puede indicar que ya contaba con inteligencia previa que no utilizó oportunamente y debe explicar por qué”.
Consideró que “esto equivale a haber tenido la capacidad de haber detenido los recientes homicidios y quizá muchos más, y no haberlo hecho”.
Además, ahondó en que con esto se evidenciaría que la inteligencia estatal ha sido utilizada para otros fines “como el espionaje de activistas, periodistas y sociedad civil; y no para el combate del crimen”.
En ese sentido enfatizó que en una democracia, el gobierno le debería muchas explicaciones a la ciudadanía.
Por el otro lado, manifestó que si la realidad es que están actuado sin contar con suficiente inteligencia sobre la operación de las pandillas, es decir, solo impulsados por una respuesta inmediatista, visceral y con el fin de demostrar fuerza, "lo más probable es que el impacto real sobre el actuar de las pandillas sea muy limitado, seguramente haya personas inocentes detenidas o que, si estuviéramos bajo condiciones habituales, estas detenciones no avanzarían en el sistema judicial. Y, por supuesto, también indicaría que la inteligencia del Estado se ha usado para fines políticos y no para enfrentar las pandillas que matan y extorsionan todos los días a los salvadoreños".
Entre el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo se registraron 87 muertes violentas, el pico más alto en lo que va de la gestión Bukele. Ante esto, él solicitó declarar estado de excepción y se suspendió por 30 días, que pueden ser prorrogables, los derechos de libre asociación, de inviolabilidad de la correspondencia, de la defensa ante una detención, además de extender el periodo de detención administrativa de 72 horas a un máximo de 15 días.