Para el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, “negociar con pandillas es más grave que un acto de corrupción”; sin embargo, expresó que esos señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en contra de tres funcionarios públicos podrían ser falsos, por lo que considera que se les ha dañado su honor mientras no se demuestre lo contrario.
“No se le puede atribuir a una persona delitos que dañen su honor, mientras no sean comprobados”, alegó en la entrevista del Canal 21.
Según Argueta, lo que debió hacer el gobierno de Estados Unidos es darles el derecho de defensa a los señalados en caso de que las acusaciones sean falsas, de lo contrario, dijo que tendrían que pagar por los delitos cometidos.
Sin embargo, el ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, explicó que el Departamento del Tesoro de EE.UU. realiza ese tipo de señalamientos basados en investigaciones serias y no como Argueta ha querido hacer ver que se han tomado de publicaciones periodísticas.
En ese caso, Zamora manifiesta que los funcionarios públicos que sientan que su honor ha sido dañado pueden elevar su demanda de difamación al gobierno de Estados Unidos, pero valora que no lo harán porque saben que la información es cierta.
“No lo van a hacer porque saben que lo que dicen es verdad y se los van a restregar en la nariz con todos los documentos que tienen”, afirmó Zamora.
Para el experto en política internacional, el gobierno lo que demuestra es “ganas de parar a la prensa” nacional de lo que se dice de El Salvador sobre los casos de corrupción y negocios con las pandillas.
Desde ayer, Argueta está en el ojo del huracán por sus controversiales declaraciones al sugerir a los funcionarios implicados que inicien acciones legales en contra de los periodistas que han retomado la información oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU.
“Cualquier funcionario puede tomar acciones legales cuando los hechos que se le atribuyan son falsos”, expresó este martes, aunque también matizó que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica.
Por su parte, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, explicó unos minutos antes en el mismo espacio de entrevista que el Artículo 191 del Código Penal establece que no son punibles juicios desfavorables a la crítica política y tampoco lo son reportajes o investigaciones periodísticas, “eso exime de responsabilidad penal al periodista”, explicó.
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El exembajador Zamora secundó que la intención real del gobierno a través del asesor jurídico es censurar a la prensa local, siendo así tendría que hacerlo con todos los medios internacionales que han replicado la misma información del Departamento del Tesoro de EE.UU., argumentó.