El gobierno de Estados Unidos certificó este miércoles lo que investigaciones periodísticas, documentos del gobierno salvadoreño y expertos en seguridad han apuntado: que ha existido una negociación entre la administración del presidente Nayib Bukele y las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Ayer, el Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense designó a dos funcionarios de la gestión Bukele en un listado de violadores de derechos humanos o partícipes de crimen organizado.
Con ello, dejó sentado que estos han participado en negociaciones con estos grupos criminales. En Estados Unidos, la Mara Salvatrucha (MS-13) está designada como una organización criminal transnacional desde 2012, y este país contempla sanciones especiales a funcionarios o individuos vinculados a organizaciones designadas bajo esta categoría por el Departamento del Tesoro.
Funcionarios designados
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, designó a dos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele bajo la Ley Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos.
Esta entidad estadounidense anunció el miércoles por la mañana sanciones económicas contra el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y contra el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, por encabezar negociaciones con la Mara Salvatrucha.
Según una publicación de la Embajada Americana en San Salvador que recogió esta sanción, “Luna y Marroquín están siendo designados por ser funcionarios de gobierno que son ‘responsables de o cómplices en, o se han involucrado directa o indirectamente en corrupción’”.
Puntualmente, les señalan por encabezar los esfuerzos del gobierno de Nayib Bukele por negociar con las pandillas.
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Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Dpto. del Tesoro de los EE.UU. designó a Osiris Luna Meza, Carlos Amílcar Marroquín Chica y Alma Yanira Meza Olivares bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos. https://t.co/tWPqKW8Ym8
— Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) December 8, 2021
Asimismo, la lista contempla a Alma Yanira Meza Olivares, madre de Osiris Luna, por su supuesta participación en un esquema de corrupción que involucraba la venta de paquetes de ayuda destinados a las personas más vulnerables durante la pandemia.
Ella “ha sido designada por ayudar a Luna en esta corrupción”, añade la delegación diplomática en su red social Twitter.
“Delincuencia organizada en El Salvador”
Un comunicado del Departamento del Tesoro, entidad a cargo de este tipo de designaciones, sostiene que “una investigación sobre funcionarios del gobierno de El Salvador y líderes de pandillas encarcelados, como la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), designada por el Tesoro, ha revelado negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno y esta organización criminal”.
Asimismo, añade que la MS-13 ha sido designada por su participación en “graves actividades delictivas transnacionales”, entre las que incluye tráfico de drogas y personas, así como extorsión, asesinatos, secuestro y delitos migratorios, entre otros hechos ilícitos.
“Osiris Luna Meza (Luna) y Carlos Amílcar Marroquín Chica (Marroquín) dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados, en las que se permitió que pandilleros conocidos ingresaran a las instalaciones penitenciarias y se reunieran con altos mandos de la pandilla. Estas reuniones fueron parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas”, sostiene la institución.
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Beneficios económicos a cambio de ayuda en elecciones
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hay más detrás de estas conversaciones: en 2020 el gobierno de Nayib Bukele “brindó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos”.
En estas negociaciones, en las que participaron Luna y Marroquín, las pandillas endosaron apoyo político a Nuevas Ideas de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2021, afirma la acusación del gobierno estadounidense que acompaña las sanciones en cuestión.
“Además de las asignaciones financieras del gobierno salvadoreño en 2020, las pandillas también recibieron privilegios para sus líderes encarcelados en las cárceles salvadoreñas, como la provisión de teléfonos móviles y prostitutas”, añade el comunicado.
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Asimismo, Washington acusa a Luna de negociar con las pandillas apoyo a las medidas de cuarentena del presidente en las áreas que estos grupos criminales controlan. Todo esto, mientras el gobierno hace referencia a un supuesto plan de “Control Territorial” en el que afirma que está quitándole a las pandillas su influencia sobre partes del territorio nacional.
Señalan esquema de corrupción
“Por otra parte, Luna participó en un plan para robar y revender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la pandemia de COVID-19. Estos artículos se transfirieron a empresas privadas y luego se revenden en el mercado privado o se devuelven al gobierno”, sostiene el comunicado del Tesoro estadounidense.
Según una publicación de El Faro, con fecha del 19 de septiembre y titulada “Osiris Luna vendió 42,000 sacos de alimentos que eran para los afectados de la pandemia”, este funcionario y otros obtuvieron beneficios por bienes valorados “en $1,609,087.50, que estaban destinados para los afectados por la pandemia de la Covid-19”.
Para esto, Luna recibió ayuda de Alma Yanira Meza Olivares, su madre, quien también fue designada ayer por Washington.
Sobre ella, la acusación del Departamento del Tesoro sostiene que “actuó como negociadora en algunas de estas transacciones”. Además, se le acusa de desarrollaron un plan para malversar millones de dólares del sistema de comisaría penitenciaria de El Salvador y de cometer fraude por medio de contrataciones amañadas de personal.
Esta designación ocurre en la víspera de una Cumbre sobre la Democracia organizada por Estados Unidos y donde el gobierno salvadoreño, plagado de acusaciones de corrupción y abusos de poder, no está invitado.