La encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Manes, aseguró esta mañana que el gobierno de El Salvador no ha cumplido en los últimos seis meses con el tratado bilateral de extradición firmado con Estados Unidos hace 100 años, debido a que se ha pedido la extradición de 15 pandilleros, entre ellos Armando Eliú Melgar Díaz, apodado “Blue” o “Cliper”.
Manes explicó que “Blue” era el jefe de la MS 13 para toda la Costa Oeste de Estados Unidos, desde California hasta Washington DC, y que dirigió el cometimiento de varios crímenes desde aquí.
“Deberíamos recibir a esta persona para enfrentar la justicia, según el acuerdo bilateral”, expresó la encargada de negocios, sobre este marero.
El cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) es requerido por el sistema de justicia de Estados Unidos por varios delitos relacionados actos de terrorismo, entre ellos el intento de homicidio de una salvadoreña. Luego de esto huyó hacia El Salvador.
"Hemos dado toda la información que ellos necesitaban, asegurando que no ocurrirá (pena de muerte)... Es buena pregunta por qué esas personas no enfrentan justicia, la mayoría son (de pandilla) MS, no sé", lamentó Manes.
Manes explicó que tienen una lista de personas que no están enfrentando la justicia, además dijo que, las peticiones de extradición tienen caducidad, por lo que si el gobierno de El Salvador no cumple con esos tratados, los acusados que esperan extradición pueden quedar en libertad y las víctimas no tendrán justicia. “Eso para mí es una vergüenza total” lamentó.
El Departamento de Justicia acusa a Melgar Díaz de ocho cargos: Conspiración para participar en una empresa de crimen organizado, Conspiración para brindar apoyo material a terroristas, Conspiración para matar o mutilar a personas fuera de los Estados Unidos, Conspiración para cometer actos de terror que trascienden las fronteras nacionales, Conspiración para financiar el terrorismo, Conspiración de narcoterrorismo, Conspiración para violar la IEEPA (La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) y Conspiración para distribuir sustancias controladas.
El 10 de junio de 2020, los magistrados en Corte Plena autorizaron que Melgar Díaz fuera extraditado a Estados Unidos, pero minutos después magistrados impuestos por oficialismo maniobraron para revertir la decisión. Esto no se logró en esa sesión pero días después anularon la decisión con el argumento de que van a fundamentar el proyecto de resolución. Esto por iniciativa del magistrado impuesto por el oficialismo, Ángel Pérez Chacón.
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El magistrado argumentó que “no existe en el proyecto ninguna discusión de estos temas sobre aplicación directa de la Constitución y a la luz de los Convenios Internacionales citados, por lo que propuso “reconsiderar la decisión anterior y trabajar una mayor fundamentación sobre la posibilidad de ejercer control de constitucionalidad de los convenios”.
El proceso quedó en el limbo hasta que en agosto de 2021, la Corte Plena revocó la extradición de “Blue”
El 7 de septiembre, el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, envió el 7 de septiembre a la Corte Plena un documento para solicitar a la Corte Suprema de Justicia que no extradite al cabecilla de la Mara Salvatrucha.
Historial delictivo
En la acusación contra Melgar Díaz se establece que el salvadoreño llegó a Estados Unidos desde El Salvador en 2003 y se estableció en el norte de Virginia, en el condado de Fairfax, donde se unió bajo el alias de “Clipper” a los Gangster Locos Salvatruchas, también conocido como GLS, una clica de MS-13.
Según un reporte del sitio Insight Crime, tras pasar en un centro de detención y participar en una pelea en la que lesionó a pandilleros contrarios con un machete, asumió el nuevo alias “Blue” y comenzó a tatuarse y a tener más poder en la pandilla.
En febrero de 2013, Melgar Díaz fue deportado a El Salvador, pero regresó ilegalmente a Estados Unidos aproximadamente en agosto de 2013 para convertirse en corredor del programa de Virginia.
En noviembre de 2016, Melgar Díaz fue nuevamente deportado a El Salvador, desde donde ejerció el control de las clicas de la Costa Este de Estados Unidos y desde donde avaló órdenes de muerte, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, contra policías, militares y pandilleros contrarios.
En 2018 fue capturado en Bosques de Prusia, Soyapango, luego procesado y enviado al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, “Zacatraz”, por el delito de agrupaciones ilícitas.
Dos años después, el 30 de septiembre de 2020, fue exonerado por el delito de asociaciones ilícitas y quedó en libertad. Sin embargo, agentes de la Interpol lo esperaban para arrestarlo.
Tras su captura fue llevado al Juzgado Sexto de Paz de San Salvador donde fue notificado que el gobierno de Estados Unidos lo requería por ocho cargos criminales, entre ellos terrorismo, establecidos en la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), según información que divulgó, en ese momento, la oficina de prensa del centro judicial Isidro Menéndez.
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