El periódico digital El Faro reveló que el Gobierno de Nayib Bukele sostuvo negociaciones con las tres principales pandillas del país en penales de máxima seguridad para mantener bajo el número de homicidios y, posteriormente, ordenó retirar de los presidios los documentos que dieran fe de esas reuniones.
Según la publicación, las reuniones fueron en 2020 entre representantes del gobierno y de las pandillas Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, las cuales plantearon una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.
La Fiscalía inició una investigación formal al respecto, denominada “Caso Catedral”, pero, según El Faro, “el director de Centros Penales ordenó retirar cientos de libros de novedades y computadoras de cárceles de máxima seguridad; y el fiscal impuesto por la asamblea oficialista desmanteló el grupo especial que investigaba estas negociaciones”.
De acuerdo con el informe, la Fiscalía documentó las reuniones por medio de audios, fotografías, documentos y testimonios. “Durante meses, los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, se incautaron de documentos, tomaron fotografías y entrevistaron testigos”, dice.
Sin embargo, Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por la Asamblea dominada por el oficialismo el pasado 1 de mayo, desmanteló la unidad que llevaba adelante la investigación, el Grupo Especial Antimafia.
El Faro da cuenta de tres fuentes fiscales que confirman que el GEA fue desmantelado después de que el exfiscal Germán Arriaza renunciara a su cargo como jefe de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía, tras la llegada de Delgado.
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Arriaza no solo había conducido investigaciones vinculadas a negociaciones con pandillas, sino también relacionadas con compras irregulares durante la pandemia vinculadas con los ministerios de Salud y Agricultura, recuerda la publicación.
El periódico digital expone que el 7 de septiembre de 2020, cuatro días después de publicar las primeras revelaciones sobre el caso, la Fiscalía allanó varias cárceles, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), donde los fiscales “descubrieron que la operación para negociar con los pandilleros era mucho más abultada y compleja”: no solo incluía a la MS-13, sino además a las dos facciones del Barrio 18, “cuyos líderes encarcelados también recibieron visitas de funcionarios públicos”.
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Los fiscales, según El Faro, también descubrieron un mayor número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad, en las que el director de prisiones, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse.
“Los fiscales concluyeron que esos misteriosos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados”, explica.
Agrega que en uno de los audios, de fecha 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar, y le asegura que los representantes del Gobierno están nerviosos: “… A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”.
De acuerdo con la publicación, los pandilleros pidieron al Gobierno de Bukele el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos, y de la persecución indiscriminada de los suyos “solo por estar tatuados”; pidieron financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros; visitas de sus familiares en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos.
El Faro dice que otro de los hallazgos arrojados por los fiscales es que Luna “intentó borrar los rastros de las reuniones de funcionarios con pandilleros y de los ingresos irregulares de personas encapuchadas a los centros de detención… Apenas dos días después de la publicación de El Faro, personal de inteligencia penitenciaria, bajo órdenes explícitas de Luna, retiró 221 libros de novedades de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y discos duros de computadoras de las fechas en las que había ingresado con encapuchados a Izalco Fase III”.
El periódico digital asegura que intentó comunicarse con las instituciones mencionadas en el trabajo. Desde la oficina de prensa de la Fiscalía contestaron que "las investigaciones sobre las negociaciones con las pandillas siguen en curso". En la oficina de prensa de Gobernación, donde se pidió una respuesta del director de Tejido Social, Marroquín, respondieron que le avisarían y que, si él quería responder, se comunicarían con este medio. La respuesta no llegó.
NEGOCIACIÓN CON BARRIO 18 Y DEMANDAS
En septiembre del año pasado, El Faro publicó una investigación en la que se reveló que el Gobierno de Bukele mantenía negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) para reducir las cifras de homicidios desde junio de 2019 y para obtener apoyo electoral en las elecciones de febrero de 2021, en las que el mandatario ganó la Presidencia.
En este nuevo texto, el periódico digital afirma que dichas negociaciones también incluyeron a la pandilla Barrio 18 -fracciones Sureños y Revolucionario- e indica que las pandillas "plantearon una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad".
Son 19 demandas que "se refieren a la vida (de los pandilleros) al interior de las cárceles y el resto son peticiones para mejorar la vida de los pandilleros en libertad y de sus familias", añade.
El año pasado, Bukele dijo que la investigación de El Faro era "falsa" y señaló que su Gobierno es criticado, incluso por entes internacionales, por la medidas implantadas en las cárceles, como la de sellar las celdas con placas metálicas para mantenerlos aislados tras un escalada de homicidios entre abril y mayo de 2020.
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