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Asesor de Presidencia sugiere a funcionarios sancionados por EE. UU. demandar a periodistas

Javier Argueta amenazó al periodismo salvadoreño al recomendar a los funcionarios del gobierno sancionados por Estados Unidos que ejerzan acciones contra los periodistas que han publicado al respecto. El Relator de Prensa de la APES consideró que el gobierno pretende "amedrentar".

Por Milton Rodríguez | Dic 13, 2021- 10:25

Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia. Foto EDH Archivo

El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, defendió este lunes a los funcionarios señalados y sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la semana pasada. Además, expresó una amenaza contra los periodistas que escriban al respecto en el país.

Argueta consideró que a los funcionarios señalados “se le ha violentado el derecho al honor” y por tanto él les ha sugerido que interpongan una demanda ante las instancias salvadoreñas correspondientes con el fin de defenderse.

“Primero que se defiendan, hay un derecho de respuesta que es un derecho humano, y a partir de eso que ejerzan acciones nacionales, porque nadie está protegido, y estoy hablando en los ámbitos de libertad de información que puede tener un periodista de un periódico digital”, dijo Argueta este lunes en la entrevista Frente a Frente.

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Añadió: “Yo tengo videos, yo tengo fuentes, te daño tu honor, pero no lo puedo decir, lo mando a organismos internacionales, pero no te lo puedo contar porque a mí me protege mi fuente, y es ahí donde yo recomendaría a los funcionarios del gobierno que ejerzan acciones correspondientes posiblemente no contra un país, pero posiblemente sí contra el que lo escribe porque tenemos leyes que protegen el honor”.

“¿El Departamento del Tesoro publica las sanciones la semana pasada, usted lo que les sugiere a los funcionarios señalados es que demanden a quienes en el país están escribiendo sobre lo que ha publicado Estados Unidos?”, preguntó el entrevistador Moisés Urbina.

El asesor jurídico respondió: “Es correcto, correctísimo”.

Urbina repreguntó: “¿Aunque la fuente sea EE.UU. y el Departamento del Tesoro?”

Argueta contestó que “Para el Departamento del Tesoro y los Estados Unidos la fuente son publicaciones también. En tanto eso, ellos tienen que definir, para los citados no hay fuente de protección en un tribunal, tiene que exhibirla, así dice la jurisprudencia de la Sala de lo Penal”.

Ve clara amenaza contra la prensa 

Estas declaraciones causaron un gran impacto para director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien al participar en el segundo bloque de la entrevista no dudó en apuntar que en las palabras de Argueta hay una amenaza contra la prensa y la protección de las fuentes.

“A mí me para los pelos lo que acabo de escuchar, hay una amenaza directa contra la prensa, lo quiso hacer ver como que era legal lo que estaba hablando, pero en realidad eso se trata de una amenaza al recomendarles a los funcionarios que acudan a las instancias correspondientes a nivel local para proteger su honor, según lo que él decía”, señaló.

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A su juicio, esto sin duda “es una amenaza contra el periodismo, para que los periodistas que están investigando posible corrupción dentro del gobierno se la piensen antes de publicar algo bajo la amenaza de que van a ser demandados”.

Defiende a funcionarios sancionados

Durante la entrevista, Moisés Urbina leyó un comentario de un televidente que cuestionó a Argueta que no se haya separado de sus cargos a los tres funcionarios.

“Ya les dañaron el honor, ya les dañaron la imagen, te imaginas el presidente eventualmente los separa, sin derecho de defensa y audiencia”, justificó el asesor de la presidencia.

Además, opinó que Estados Unidos al agregarlos a la lista ya dañó el honor a los funcionarios y que se les debe garantizar el derecho de defensa.

Además, menospreció las revelaciones de las investigaciones periodísticas. “A los funcionarios señalados en las diferentes listas necesariamente tendría que dárseles el derecho de audiencia y defensa porque todo esto surge a partir de una publicación de medios que te señalan que hay fuentes, videos, te señalan que vi, platiqué, pero normalmente no tiene nada concreto”.

El jueves pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra la jefa de Gabinete del gobierno de Nayib Bukele, Carolina Recinos, bajo la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos y por actos de corrupción.

Un día antes, el director de Centros Penales, Osiris Luna; el director de Restauración del Tejido Social, Carlos Marroquín; y la madre de Osiris Luna, Alma Yanira Meza, fueron designados bajo la Ley Magnitsky que sanciona a personajes por sus vínculos con violaciones a derechos humanos.

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A los primeros dos los incluyen por las supuestas negociaciones con pandillas, y a la madre de Luna, por su presunta participación en un esquema de corrupción que llevó a la venta de paquetes de ayuda del gobierno.

Una amenaza más contra los periodistas

Serafín Valencia, Relator de Prensa de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), consideró que esto se busca “alcanzar una nueva amenaza para que no se hagan publicaciones ya sea en tipo critico o en temas que a criterio del gobierno afectan su imagen”.

“Esta es una amenaza más en contra de los periodistas con lo cual se pretende amedrentar y esa ha sido una dinámica con la que se ha caracterizado la actual administración del presidente Bukele, amedrentar a periodistas y medios de comunicación que no siguen su discurso”, opinó.

Valencia consideró que se está tratando de enviar un mensaje a periodistas y medios de comunicación del país “para que se abstengan de indagar y publicar más sobre algunos temas de corrupción en los que están involucrados algunos de sus funcionarios de gobierno”.

Por otra parte, el relator de prensa manifestó que a Javier Argueta se le olvida que el país es parte del sistema interamericano y por tanto debe respetar el país las directrices que emite la comisión de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Detalló que desde la relatoría de libertad de expresión de dicho sistema se han emitido principios donde se establece claramente como abordar estos puntos mencionados por el asesor del gobierno. En ese sentido, exhortó a los funcionarios del país a leer el articulo 10 y 11 de dicha comisión.

“Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y de información de los ciudadanos”, reza el artículo 11 al que Valencia se refiere.

En ese sentido, planteó que “esto es inaceptable y puede entenderse en ese marco de una desesperación que hay por las dificultades internacionales que está teniendo esta administración, la cual está socando cada vez más la soga para ahogar la libertad de expresión en el país”.

Funcionarios sometidos a escrutinio de la prensa, dice abogada

Al respecto, la abogada penalista Marcela Galeas también reaccionó en su cuenta de twitter y señaló que es falso el argumento que dio Argueta en la entrevista al decir que son dos Derechos Humanos los que se pueden ver afectados a los funcionarios señalados: derecho al honor y a la defensa.

“Cuando se daña el honor se daña también a la familia. Lo menos que (los funcionarios) pueden hacer es defenderse”, dijo el asesor jurídico en la entrevista.

Sin embargo, la abogada enfatizó que desde el momento en que una persona ostenta un cargo público se somete al escrutinio de la prensa y la población, y la esfera de su honor se ve disminuido frente a la libertad de expresión e información del gran colectivo.

Además, explicó que en la jurisprudencia interamericana se ha definido la libertad de expresión como el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad, enfatizando que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción.

De igual manera expuso que se ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto a la emisión de expresiones inofensivas como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector de la población.

En ese sentido subrayó que “en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, su deber es mantener la tolerancia ante la crítica”.

“Ningún funcionario sea del órgano legislativo, ejecutivo o judicial tiene la facultad de inhibir el debate democrático sobre un asunto de interés público en el ejercicio de la libertad de expresión. NINGUNO”, concluyó la abogada.

Por otra parte, el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, consideró que las declaraciones del asesor del presidente salvadoreño van en línea con la reacción de su jefe, Bukele.

“El sistema se está autoprotegiéndose. Esta vez utiliza una herramienta del autoritarismo: amenazas de criminalizar a los periodistas y a los medios que informan sobre las sanciones bajo el endeble argumento que se está afectando su honor e imagen”, dijo Marinero.

Para Marinero está claro que la amenaza también se extiende “a todos los que estamos hablando sobre estas sanciones y exigiendo que el gobierno investigue y separe a los funcionarios señalados y sancionados por EE.UU.”.

“Las declaraciones solo confirman una cosa: el gobierno no hará nada por investigar, sancionar o apartar a estas personas que están siendo señaladas por graves actos de corrupción y, en el otro caso, de pactar con criminales”, razonó.

“El gobierno confirma que no tiene ningún compromiso por la lucha contra la corrupción y se opone frontalmente a rendir cuentas de los hechos señalados en los tres listados (de la congresista Torres, lista Engel y ahora el de la Ley Global Magnistsky) que describen a un gobierno poblado de corruptos, de carácter autoritario y capaz de pactar con criminales por beneficios electorales”, concluyó.

Continúa deriva autoritaria de Bukele, dice Human Rights Watch

Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, reaccionó a las declaraciones del asesor jurídico de Casa Presidencial sobre sugerir que funcionarios demanden periodistas. Vivanco manifestó que El Salvador sigue la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele.

Señaló en su cuenta de Twitter que “sigue la deriva autoritaria de Bukele: ahora quieren perseguir a los periodistas que citen la información del gobierno de EE.UU. sobre las negociaciones del gobierno de El Salvador con pandillas”.

Mientras que el investigador senior de la División para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, dijo en Twitter: "El gobierno de Bukele quiere enjuiciar a periodistas que republiquen información del gobierno de EEUU sobre las negociaciones con pandillas". Y añadió: "Me recuerda a la persecución de Diosdado Cabello contra @ElNacionalWeb por replicar denuncias de sus presuntos vínculos con narcotráfico".

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