La vista pública que estaba programada para este viernes contra el exembajador de El Salvador en Honduras, coronel Sigifredo Ochoa Pérez se suspendió debido a que su abogado defensor planteó la posibilidad de someterse a un procedimiento abreviado.
“Que el señor defensor presente la solicitud con la petición del procedimiento abreviado, solictando también la aplicación de la pena que él considere pertinente y nosotros hacer el trámite administrativo con las jefaturas correspondientes”, dijo el fiscal del caso.
El juez Primero de Sentencia accedió a la petición de la Fiscalía General para realizar las respectivas consultas por lo que la vista pública fue programada para el 4 de abril próximo.
El ente fiscal mantiene la acusación contra Ochoa Pérez de que él se apropió de fondos públicos cuando fungió como embajador de El Salvador en Honduras entre los años 2005 y 2009.
La acusación fiscal señala que Ochoa Pérez y la hondureña Soledad Funes Donaire, quien también era acusada; firmaron en 2005 dos contratos de arrendamiento del edificio donde funcionó la sede de la embajada de El Salvador en Honduras.
Uno era por $2,200 y el otro por $3,000 mensuales, siendo este último el que dieron como válido cuando era ilegal por cuanto se afectó al Ministerio de Relaciones Exteriores con $107,920.00.
Ochoa Pérez habría cobrado $41,040 que era el monto total del excedente de $800 mensuales del alquiler, según Fiscalía.
Con relación a la responsabilidad civil, el juzgado Segundo de Instrucción declaró que ya no procedía porque Funes Donaire había cancelado los $107,000 al Estado Salvadoreño, pero la Fiscalía General insiste en que Ochoa Pérez debe de responder personalmente.
“En ese sentido, el señor procesado debe de responder civilmente por lo que le corresponda independiemnet que otro haya pagado en otro lugar y por otros motivos”, dijo el fiscal.
“Soy inocente porque no he robado nada”, dijo Ochoa Pérez antes de entrar a la vista pública.
Otro de los acusados, Walter Alfredo Anaya Escalante, quien fungió como consejero de la embajada, fue exonerado de cargos por el juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.