El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y cinco exfuncionarios más enfrentarán juicio bajo cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y activos a finales de agosto, según ha programado un tribunal capitalino.
Asilado en Nicaragua y nacionalizado nicaragüense en 2021, Sánchez Cerén es procesado junto al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Guillermo López Suárez; el exministro de Justicia y Seguridad Pública Manuel Melgar; y el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández.
Todos a excepción de Mejía Hernández, están siendo procesados en ausencia y son acusados de recibir “sobresueldos”, sumas de dinero adicionales a sus salarios que, según la acusación, salían de la partida de gastos reservados de la Presidencia.
Esto habría ocurrido cuando ocuparon esos cargos durante el periodo presidencial de Mauricio Funes, entre 2009 y 2014. Sánchez Cerén, en calidad de vicepresidente de la República y ministro de Educación.
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Este proceso fue dividido en dos, a fines de noviembre de 2023, cuatro exfuncionarios de la administración Funes, mediante un proceso abreviado, reconocieron las acusaciones y acordaron ante un tribunal de instrucción restituir el dinero.
Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, acordó devolver $210,000; Hugo Flores, exviceministro de Agricultura y Ganadería, devolvería $174,000; Violeta Menjívar, exviceministra de Salud, $177,000; y Erlinda Handal, exviceministra de Ciencia y Tecnología, $162,000. Todos fueron sentenciados a una pena de tres años de prisión que fue reemplazada por trabajo de utilidad pública.
En cambio, el juez de instrucción envió a juicio a Calixto Mejía quien, a pesar de estar en el primer grupo, no se sometió al juicio abreviado, por lo que la Fiscalía le reclama en juicio ordinario devolver $208,000.
A Sánchez Cerén, le reclaman la retribución de $530,000; a Gerson Martínez, $290,000; a Lina Pohl, $177,000; a Guillermo López, $565,000; y a Manuel Melgar, $150,000, según detalle un informe de Centros Judiciales El Salvador.
El monto que estos funcionarios en conjunto habrían recibido en concepto de "sobresueldos" supera los $2.6 millones, de acuerdo al dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General.