David Munguía Payés, exministro de la Defensa Nacional, enfrenta desde ayer una audiencia ante un Juzgado Especializado en Extinción de Dominio acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía sostiene que más de $4,6 miilones en bienes y dinero del exfuncionario, su hija, su hermano y su madre están relacionados a lavado de dinero y constituyen un aumento injustificado de su patrimonio, esto cuando Munguía Payés ejerció cargos públicos entre 2009 y 2018.
Por lo anterior, el Ministerio Público pide al tribunal que nueve inmuebles, tres vehículos y nueve depósitos bancarios cuyo valúo preliminar es de cuatro millones $638,164.91 sean declarados a favor de la administración estatal.
Dos expertos fueron designados por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador para analizar las pruebas documentales contra el exfuncionario.
Este proceso administrativo es paralelo al proceso penal en el que Munguía Payés es acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El exministro fue acusado a mediados de junio de 2023 por presuntamente lavar $1 millón 147,650.
#CombateALaCorrupción I Este día, se lleva a cabo la audiencia de sentencia en el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio contra David Victoriano Munguía Payés y su familia.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 26, 2024
El exministro de Justicia y Seguridad Pública es acusado de desviar $4,638,164.91. provenientes del… pic.twitter.com/GWvniy2NbB
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“La cantidad que recibió él en ese periodo es por $1,147,650 y estos fueron recibidos en dos conceptos, uno era bonificaciones mensuales y bonificaciones navideñas y el segundo concepto por operaciones de inteligencia”, explicó la fiscal que presentó la acusación.
La misma ocurrió dos semanas después de que otro tribunal lo sentenciara a 18 años de prisión por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios en el marco de la denominada "Tregua entre pandillas" de 2012-2014.
En el caso de los bienes y el dinero que la Fiscalía pide transferir al Estado, esta afirma contar con las declaraciones de unos 50 testigos, dos de ellos con régimen de protección, para sustentar la acusación, informó Centros Judiciales El Salvador.