Penas de hasta 6 años de cárcel se aplicarán por cobrar más de la tarifa establecida en el transporte público o por acaparar derivados de hidrocarburos (combustible y gas propano). Así lo anunció este sábado el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al explicar el contenido de las cinco iniciativas que envió el presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa como parte de las 11 medidas paliativas económicas.
“Hemos buscado dentro de las reformas que estamos presentando empezar a interponer penas de cárcel porque en muchos de los casos hemos visto cómo algunos conductores del transporte colectivo manejan con un montón de multas encima; entonces, la multa no los hace cambiar su actitud, lo único que los hace cambiar es que tengan miedo que van a pasar presos 5 ó 6 años”, dijo Zelaya en rueda de prensa.
Explicó que en tales propuestas hay una gama de diferentes sanciones económicas y penales. “Ya existe la legislación, de hecho. Lo que estamos haciendo es reforzando la ley que tenemos y otorgando mayores facultades a algunos actores o entes reguladores del gobierno que antes no tenían esas facultades”.
“La cárcel se aplica a delitos graves, no a infracciones administrativas”
El titular de Hacienda dijo que si bien “algunos dirán que es demasiado rígido o demasiado fuerte las penas que estamos poniendo, pero la verdad es que los abusos deben pararse”.
De hecho, el anuncio del funcionario tuvo reacciones inmediatas en las redes sociales. Por ejemplo, la abogada penalista, Marcela Galeas, señaló que “las penas privativas de libertad están reservadas por delitos graves, no por infracciones administrativas, es lección básica de Derecho”.
“Usar el poder punitivo del Estado de manera arbitraria desnaturaliza al Derecho Penal y provoca el quebrantamiento de la norma”, escribió en su cuenta de Twitter la abogada al citar el artículo 18 del Código Penal.
Galeas destacó también que “los hechos punibles se dividen en delitos y faltas”. Asimismo expuso que los delitos pueden ser graves y menos graves y que “son delitos graves los sancionados con pena de prisión cuyo límite máximo exceda de tres años y multa cuyo límite máximo exceda de doscientos días multa”.
Sin embargo, Zelaya dijo ante la prensa que “así como nosotros hicimos que en el ministerio de Hacienda se empezara a respetar a la autoridad, también lo vamos a hacer con todos los demás ámbitos de la vida nacional”.
Añadió: “Creo que nadie va a estar a favor de defender a alguien que incremente el pasaje, por ejemplo, nadie va a estar a favor de alguien que esté acaparando productos para poder vender mejor y deja de vender producto a precio adecuado dañando el interés de la población. hemos tratado de enfocar las reformas en ese sentido”.
Las declaraciones de Zelaya se refieren al contenido del proyecto de ley presentado este sábado relacionado con reformas a la Ley Tránsito y Transporte Terrestre y con la penalización por el alza en las tarifas del transporte público de pasajeros.
Junto a Zelaya llegó a la Asamblea Mario Salazar, viceministro de Economía, quien explicó que en su rubro, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley Especial Transitoria Para Combatir la Inflación de Precios de Productos Básicos, así como la propuesta de Ley Transitoria para Sancionar Infracciones a la Comercialización de Productos Derivados del Petróleo.
Que se respete el precio y calidad
“Se busca establecer claramente aquellas conductas que no son buenas, conductas abusivas, en el marco de la distribución y comercialización de los productos derivados del petróleo”, dijo el viceministro.
Explicó que esto será operativizado por la Dirección de Hidrocarburos y Minas también por la Defensoría del Consumidor y todo el equipo de gobierno para efecto que se respete los precios y la calidad.
“Se han establecido una serie de sanciones que buscan desincentivar esos abusos”, indicó Salazar.
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Otra de las propuestas que recibió la Asamblea es suprimir por tres meses la cancelación del arancel del Fondo de Estabilización Económica (FEFE).
La última de las cinco solicitudes del Ejecutivo es la suspensión de la Contribución para la Estabilización de las Tarifas, utilizado para subsidiar, en parte, el transporte público.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha convocado para mañana domingo una sesión plenaria extraordinaria para conocer y aprobar este paquete de medidas económicas.