El fiscal que persigue penalmente a Ruth López, defensora de derechos humanos y abogada anticorrupción, es Berty Manuel Acevedo, hijo del jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Manuel Antonio Acevedo López.
El Estado Mayor Presidencial es una dependencia de la Fuerza Armada. Tiene a su cargo la seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele. López, acusada del delito de enriquecimiento ilícito, ha sido una de las voces más críticas del actual gobierno y ha presentado decenas de denuncias de corrupción de funcionarios de la actual administración.
El fiscal Berty Manuel Acevedo se presentó el pasado miércoles al Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, junto a la fiscal María Graciela Aragón Cabrera, una de las fiscales que participó en la investigación por lavado de dinero contra el expresidente Mauricio Funes (ya fallecido).
Ni el fiscal Acevedo ni la fiscal Aragón dieron declaraciones a la prensa en el juzgado donde se celebró la audiencia inicial, porque el proceso tiene reserva total, lo que impide conocer detalles de la acusación en contra de la defensora de derechos humanos.
La única información disponible hasta la fecha es la que ha dado la Fiscalía General de la República (FGR) en sus redes sociales, donde inicialmente dijo que la abogada sería acusada de peculado (apropiarse de dinero público), que tiene una pena menor; y, luego de dos semanas de su captura, confirmó que lo cambiaría a enriquecimiento ilícito, que puede tener penas de hasta 15 años de prisión.
El padre del fiscal, el coronel Manuel Antonio Acevedo López, fue uno de los militares que comandó la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, cuando Nayib Bukele se tomó el recinto legislativo, con la ayuda del Ejército, para que los diputados le aprobaran un préstamo. Ocho meses después, la Asamblea interpeló a Acevedo López por la militarización de ese Órgano de Estado. En una reunión de la comisión que investigó estos hechos dijo, en defensa de la presencia de francotiradores, que se trató de "un dispositivo para resguardar la seguridad del Presidente de la República en el acto que se realizó afuera de la Asamblea'".
"La Fiscalía es una pieza clave en el esquema de persecución del gobierno de El Salvador contra quienes defienden la democracia. Es una fabrica de culpables sin pruebas. Y que el principal fiscal que acusa a Ruth sea hijo del jefe del Estado Mayor es un elemento más para sospechar que detrás de su caso hay ánimo de venganza; no solo del presidente, sino de una red de actores aliados al poder", consideró Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington.
Cristosal, la organización donde López dirigía la Unidad Anticorrupción, investiga casos de memoria histórica y también ha señalado torturas en los penales desde que empezó el régimen de excepción. "No debemos olvidar que Cristosal investiga y litiga casos contra el aparato militar", recordó Arteaga.
El fiscal Acevedo empezó a trabajar en la Fiscalía General en el año 2016, cuando Douglas Meléndez dirigía esa institución, según su perfil público en Linkedin. Se graduó en Ciencias Jurídicas de la Universidad José Matías Delgado en junio de 2019, de acuerdo con información disponible en la página web de esa institución educativa. Está asignado a la Unidad de Lavado de Dinero de la Fiscalía, según fuentes judiciales.
La fiscal Aragón Cabrera, otra de las que participó en la audiencia contra López, ha actuado como fiscal auxiliar en casos de lavado de dinero por lo menos desde 2015, cuando Luis Martínez era el fiscal general de la República, según documentos públicos disponibles en el Órgano Judicial.
Instituciones con dependencia
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, es un funcionario cercano al gobierno de Bukele. Fue nombrado de forma irregular en mayo de 2021. Después de ser impuesto en ese primer período, obtuvo un reenganche para un segundo término en diciembre de 2024.
El abogado Oswaldo Feusier considera, por su parte, que hay que tener en cuenta elementos procesales en el caso contra López: el cambio de calificación del delito, la reserva impuesta, y los antecedentes en los que se ha usado la Unidad de Lavado de dinero de la Fiscalía. "Generalmente es lo que utilizan para fundamentar los casos contra opositores que poseen o han poseído cierto perfil político. Se ha convertido esta unidad como el brazo político", comentó.
La Corte Suprema de Justicia actual es dirigida por magistrados que fueron nombrados por la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas. Estos, a su vez, nombran, trasladan o remueven a todos los jueces del país.
Desde mayo de 2021, cuando Nuevas Ideas se tomó la cúpula del Órgano Judicial, los jueces antiguos fueron removidos. En agosto de ese año, los diputado aprobaron cesar de funciones a jueces mayores de 60 años. Dijeron que se trataba de una depuración judicial, pero luego el sistema judicial se fue llenando de jueces afines al oficialismo.
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La jueza Mirna Estela González de Ardón, quien decretó la detención provisional de seis meses contra López, fue nombrada en el Juzgado Décimo Segundo de Paz el 25 de septiembre de 2012. Es una de las pocas juezas que permaneció en el cargo, luego de la purga que hizo la Asamblea en 2021.