Alrededor de 5,000 habitantes, entre niños, personas de la tercera edad y trabajadores agrícolas, viven en 56 manzanas de las 150 que ofrece el terreno de la finca Florencia, ubicada en calle a Huizúcar, jurisdicción de Nuevo Cuscatlán. Las familias denuncian amenazas de desalojo del terreno en el que viven desde el año 2015.
Según denuncian los habitantes, quienes en su mayoría son veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y del FMLN, han sido acosados por el Ejército y la Policía Nacional Civil, quienes amenazan con llevarlos detenidos si no desalojan el sitio.
VER: Habitantes de comunidad El Tanque denuncian amenaza de desalojo del Gobierno
"Ahí vienen". Ana, habitante de la finca Florencia, dice que esas son las palabras que escucha decir a su hijo cada vez que ve a un policía. El pequeño, luego de dar el aviso, corre a esconderse, ya que le genera temor ver a los agentes. Esto debido a que, ocasiones anteriores, los agentes han golpeado a personas y han dado patadas a las casas pidiendo los Documentos Únicos de Identidad de los residentes, según comentan los habitantes, para ficharlos en el sistema.
Cruz Menjívar, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra y excombatientes, comentó en una conferencia de prensa llevada a cabo el día 18 de septiembre, que la finca fue comprada cuando el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) fue fundado hace alrededor de 50 años. Es por eso que ellos piden que se respete lo que les pertenece, ya que pagaron a la Institución con aportes mensuales, y además cuentan con una resolución y un amparo que los respalda.
"No nos pueden sacar de nuestras tierras, porque fueron compradas con nuestros ahorros. Nosotros le dimos vida al IPSFA, no para que nos repriman, sino para que nos ayuden cuando lo necesitamos, y ahora lo estamos necesitando y no queremos salirnos de este lugar", dijo Andrés Guzmán López, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra Florencia.
Los habitantes aseguran que la jueza de Nuevo Cuscatlán, Vilma Elizabeth Navas López, quien dio la resolución y el amparo, visitó el pasado 5 de septiembre la finca Florencia acompañada de alrededor de 100 agentes del Ejército y policías, para amedrentarlos de que abandonen el lugar.
Los agentes llegaron golpeando las paredes de lámina de las viviendas de los habitantes del lugar, enseñando sus esposas como amenaza de arrestos. Luego de unos minutos, los agentes junto con la jueza se retiraron del lugar con la promesa de volver. El miércoles 21 de septiembre, un grupo de habitantes deberá presentarse al Centro Integrado de Justicia de Santa Tecla para la audiencia preliminar, la cual definirá su futuro en la finca Florencia.
De ser desalojados de la zona, quedan desprotegidos niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y 400 familias que lo perderían todo, ya que sus viviendas y sus terrenos que usan para cultivar alimentos es todo lo que tienen. Según los habitantes de la finca Florencia, en el terreno se tendría previsto construir una nueva residencial privada, y por eso quieren desalojarlos.