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Gobierno de Bukele propone que pertenecer a pandillas sea castigado con "pena ejemplar"

Los jefes, financistas o cabecillas de pandillas serán castigados con prisión de hasta 45 años. Además, el ministro de Hacienda solicitó reformar el presupuesto 2022 para financiar el equipamiento y armamento de la PNC por $30 millones.

Por Milton Rodríguez / Ricardo Avelar | Mar 30, 2022- 16:05

Parte del régimen de excepción los soldados mantienen operativos en busca de pandilleros. Foto EDH/ Jonatan Funes

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó al presidente de la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia en el sentido de que el hecho de pertenecer a pandillas sea catalogado como delito y sea castigado con una "pena ejemplar".

"Hemos venido a proponer una serie de reformas de ley para fortalecer este combate frontal que estamos haciendo contra las estructuras terroristas", afirmó el ministro Villatoro.

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"No es posible que la ley siga favoreciendo a los terroristas", afirmó el ministro en conferencia de prensa. Añadió que "esta reforma tiene como objetivo imponer penas verdaderamente duras" y dijo que "es imposible que la ley siga protegiendo a estos criminales".

De acuerdo con la reforma, la pertenencia a pandillas se castigará con hasta 30 años de cárcel, mientras que para los cabecillas la pena será hasta de 45 años de prisión.

Estas reformas fueron aprobadas en sesión plenaria extraordinaria con  76 votos a favor y abstención del diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright.

Las reformas al Código Penal implican que "los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones serán sancionados con prisión de cuarenta a cuarenta y cinco años", según el decreto presentado en la Asamblea.

El documento añade: "Si el autor o partícipe fuere autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o empleado público, la pena se agravará hasta una tercera parte del máximo en cada caso y la inhabilitación absoluta del cargo por el doble del tiempo".

"La medicina será amarga pero con esto lograremos el país que nos merecemos", agregó el ministro Villatoro.

El Ministro de Seguridad entregó al presidente de la Asamblea el anteproyecto de Ley que contempla reformas para fortalecer el combate a las pandillas. Foto Cortesía @SeguridadSV

Por su parte, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que las piezas están orientadas a darle al gabinete de Seguridad las herramientas legales y recursos económicos para hacer frente a la violencia de pandillas.

"Con esas herramientas, el gabinete de seguridad tendrá una actuación más eficiente", argumentó Merino Monroy.

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A su juicio, se busca modernizar las capacidades de los cuerpos de seguridad en el terreno y de antemano agradeció a la Asamblea Legislativa por la disposición para dotarles de recursos legales y económicos.

La diputada del FMLN, Anabel Belloso, reaccionó a la propuesta del Ejecutivo en relación a que el hecho de pertenecer a pandillas sea catalogado como delito y sea castigado con una «pena ejemplar».

Ella recordó que hay ya una ley donde se tipifica este tipo de delitos. "Si mal recuerdo, es la Ley de Prescripción de Pandillas", dijo.

Explicó que debido a que no se les dan a conocer con anticipación las propuestas para su estudio, no podría dar una postura; sin embargo, señaló que "hay que tener en cuenta todo un contexto que está a la base del momento que vive nuestro país para determinar el sentido de oportunidad y también de conveniencia".

Fondos para equipar a los policías y militares

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, solicitó reformar el presupuesto 2022 para incorporar tres iniciativas. Una para "financiar el equipamiento y armamento" de la PNC por $30 millones, otra para fortalecer a la Fuerza Armada y una tercera para el fondo de recompensas.

"He recibido instrucción del presidente de disponer de todos los recursos necesarios" para lograr derrotar la ola de criminalidad, afirmó Zelaya en la conferencia de prensa.

Policía agradece recursos y presidente del Legislativo se compromete

Por su parte, el director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, agradeció a la Asamblea Legislativa por la declaratoria del régimen de excepción y anunció que ya han capturado a alrededor de 2,500 personas cuya supuesta pertenencia a estructuras criminales se está investigando, según dijo.

"Las actuaciones de la Policía Nacional Civil siempre van a estar enmarcadas en el respeto a la Constitución, las leyes secundarias y el respeto a los derechos humanos", afirmó.

Sin embargo, desde que se decretó el régimen de excepción ha habido numerosas denuncias de abusos de poder, capturas indiscriminadas y malos tratos a los familiares de quienes piden información sobre sus parientes detenidos. Además, el presidente ha emprendido duros ataques contra quienes han criticado que estas medidas son violatorias de derechos humanos y tratados internacionales.

Régimen de excepción
Foto/ AFP

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A estas palabras se sumó esta tarde el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. "La comunidad internacional que se está manifestando y defendiendo a todas luces a todos los terroristas, si no van a ayudar no estorben", dijo el titular del Congreso, quien agregó a las voces que han advertido abusos que "es fácil estar hablando desde la comodidad de sus oficinas".

Asimismo, adelantó que las iniciativas serán aprobadas con dispensa de trámite. "No hay nada que discutir", sentenció en la conferencia de prensa.

Esta conferencia se dio antes de la sesión plenaria extraordinaria, convocada este miércoles 30 de marzo para abordar la petición del presidente de la República, Nayib Bukele, de darle más herramientas legales para combatir la criminalidad.

El pasado fin de semana se registró un alza anómala de homicidios. En solo tres días se registró 87 muertes violentas, el pico más alto en lo que va de la gestión Bukele. Ante esto, él solicitó declarar estado de excepción y se suspendió por 30 días, que pueden ser prorrogables, los derechos de libre asociación, de inviolabilidad de la correspondencia, de la defensa ante una detención, además de extender el periodo de detención administrativa de 72 horas a un máximo de 15 días.

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