El fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró este martes que las 1,476 personas detenidas bajo el régimen de excepción son pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS); mientras que decenas de familiares de los capturados denunciaron que sus parientes fueron capturados de manera arbitraria porque la mayoría de los detenidos, según ellos, no pertenecen a pandillas.
Desde que las fuerzas de seguridad comenzaron a realizar capturas masivas de supuestos pandilleros en un afán por frenar la escalada de homicidios registrada el fin de semana pasado, decenas de personas se concentran frente a la bartolinas policiales conocidas como el “Penalito” situadas en calle Concepción, en San Salvador.
“Ni siquiera sé si está acá” comenta una madre angustiada por su hija, quien fue detenida en la residencial Los Chorros el lunes pasado (28 de marzo).
Ella aseguró que su hija salió a comprar con su novio cuando de forma repentina, una agente de la Policía la tiró al suelo y al caer se golpeó la cabeza. A la joven la acusaron de forma arbitraria de agrupaciones ilícitas, pero hasta el momento no la ha encontrado en ninguna delegación policial.
Muchas son las personas que viven esa situación. Cada vez que algún policía abre la ventana para pedir información sobre los detenidos, todas las personas corren a alcanzar un buen puesto en la fila para poder pedir información de sus familiares.
“Acá no hay información, si no se quitan a todos los voy a meter presos” grita una agente policial desde la ventanilla de información mientras las personas alzan sus manos para pedir que por favor les den alguna información de sus parientes.
La mayoría de personas expresan su malestar por la falta de información. “Esto no es justo, están violando nuestros derechos” se escucha decir entre las decenas de personas que esperan alguna información de sus familiares fuera de las bartolinas policiales situadas en calle Concepción.
Un policía se acercó a las personas con múltiples hojas llenas de nombres y datos para brindar información sobre las personas capturadas el lunes pasado.
“Desde el sábado ando buscando a mi hijo, hasta ahora que me acaban de confirmar que está acá. Está todo golpeado” dijo una madre entre el alivio de al fin conocer el paradero de su hijo, quien fue detenido cuando regresaba de trabajar.
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Otra mujer pide justicia por sus hijos. “Llegan adonde nosotros porque somos de colonias marginales, saben que nos pueden culpar solo por eso”, “El presidente está violando las leyes. Derechos humanos acá no hay”.
A las personas que llegan a pedir información sobre sus parientes detenidos les preocupa el destino de sus hijos, padres o hermanos; porque desconocen si serán llevados a los tribunales de justicia o que será de ellos.
El fiscal Delgado aseguró en una entrevista televisiva que los primeros detenidos serán llevados entre el 8 y el 9 de abril a los juzgados para que sean procesados por delitos que no especificó.
“Entre esos 1,476 pandilleros detenidos también se encuentran los que ordenaron los homicidios, los que se encargaron de trasladar las diferentes órdenes hacia las personas que de una u otra manera están buscando asociarse a esta organización criminal”, dijo Delgado.
Agregó que “se logró la detención de gente que ha ejecutado esos crímenes, gente que levantó las armas en contra de otros salvadoreños y eso es gracias a la labor de investigaciones”.
Lo que llama la atención es que Delgado aseguró en la entrevista que “desde hace mucho tiempo la Policía tiene información de los lugares de donde operan cada uno de estos miembros de pandillas”, pero la inteligencia policial no detectó que la pandilla MS tenía planes de subir el número de homicidios.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) cuestionó las capturas masivas por parte de las fuerzas de seguridad bajo el amparo del régimen de excepción. “Se debe tener presente que esa respuesta del Estado solo servirá -en términos jurídicos- para facilitar detenciones, pero no resulta una apuesta sustancial para erradicar los factores que propician la violencia que nos aqueja desde hace década”, señala Fespad.
Recordó que la Policía reportó 99,169 detenciones en el marco del plan Control Territorial entre 2019 y noviembre de 2021, pero los homicidios “se dispararon de manera abrupta” entre el 25 y el 27 de marzo pasado.
Ante las capturas masivas como medida emergente para frenar el repunte de la violencia homicida, Fespad se hace las siguientes interrogantes: “¿Qué pasará después que termine? ¿Cómo se garantizará que la violencia homicida no se vuelva disparar?
Agrega que “la decisión de establecer un régimen de excepción puede entenderse como el reconocimiento de la falta de efectividad de las acciones del Órgano Ejecutivo en materia de seguridad, en tanto no ha logrado responder adecuadamente a la problemática de violencia del país”.