La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) presentó este miércoles el estudio de Situación de la desaparición de personas en El Salvador y la respuesta del Estado. La investigación reunió información de diversas fuentes, como reportes periodísticos u organizaciones no gubernamentales, con lo que se estima que en el actual periodo gubernamental de 2019 a 2022, los casos de personas desaparecidas podrían rondar los 6,443.
Este número no es concluyente pues no se cuenta con datos oficiales únicos. Sin embargo, de ese total solo 2,397 son reportados como casos activos en la Fiscalía General de la República (FGR). Para Héctor Carrilo, abogado de Fespad, un problema grave para que el Estado pueda resolver estos casos es la falta de un banco de ADN.
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"Hace falta mejorar el proceso de identificación de personas que son encontradas en fosas clandestinas. No hay un banco (de ADN) que permita confrontar la información genética de una persona que es encontrada en una fosa con las (de) familias de personas que han denunciado la desaparición de un ser querido", explicó Carrillo.
Madre busca a su hijo en libros "arcaicos" de Medicina Legal
Si alguien ha sufrido en carne propia la falta de recursos del Estado para dar respuesta a esta problemática es Silvia Montalbán, quien lleva casi ocho años viviendo en agonía. Su hijo Rodrigo, que en 2015 tenía 16 años de edad, desapareció después de salir de su centro de estudio al norte de San Salvador. Desde entonces, ha buscado una respuesta en varias instituciones de seguridad. La primera vez que fue a poner la denuncia de la desaparición de su hijo, Montalbán recibió una respuesta que la desconcertó aún más: "nos avisa si su hijo regresa", le dijo la fiscal que iba a llevar su caso.
Decepcionada por ese comentario y la apatía de los funcionarios a los que acudía, rompió parte de la documentación. Sin embargo, siguió buscando a su hijo de forma particular con familiares y amigos. Iba a lugares catalogados como inseguros por el asedio de las pandillas, pero no obtuvo ninguna pista de dónde podría haber estado Rodrigo. "Yo estoy en un limbo porque no sé donde quedó el niño. Lo ando buscando, pero como madre siento que él ya no está", menciona.
Una forma de buscar a su hijo ha sido acudir al Instituto de Medicina Legal, donde asegura haber revisado todos los albumes que consignan las fotografías de restos de personas que no son identificadas. "La semana pasada me puse al día, ya revisé los últimos albumes hasta 2023", relató Montalbán, quien visita la sede de San Salvador de esa institución.
Ella misma es testiga de la débil respuesta del Estado ante casos de desaparecidos y la falta de un banco de ADN. "Él método es arcaíco, ellos se centran en que se perdió en el 2015, de 16 años y solo buscan un niño de esa edad. Entonces, les digo 'cómo pueden decir que se murió al día siguiente'; buscan en un librito, debería de meter los datos en computadora, no son ni fotos, sino que fotocopias", describe.
Montalbán ha gestionado su dolor sola, sin un acompañamiento psicosocial de parte del Estado. Según Benjamín Cuellar, consultor que participó en el estudio presentado por Fespad, de manera extraoficial conocieron que la FGR solo cuenta con una persona para dar este tipo de apoyo a los familiares de desaparecidos.
Por su parte, Carrillo también ejemplifica la falta de priorización estatal en, por lo menos, tres aspectos.
Primero, "Es importante mejorar la atención de la FGR, hay casos que llevan nueve a diez años sin que haya ningún avance, sin que se hayan siquiera entrevistado a las mismas personas que la familia ha recomendado", asegura.
Segundo, el abogado describe que la Dirección de Atención a Víctimas (DAV), dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad que, entre otros temas, tiene el mandato de asistir a estos familiares, solo cuenta con 20 funcionarios a nivel nacional.
En tercer lugar, Carrillo explica que "como Fespad han presentado 12 denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por la falta de atención adecuada por parte de las autoridades que deben investigar este tipo de casos. Aunque han habido reuniones con la actual procuradora y se han abierto expedientes, desconocemos algún avance", explicó.
Otro aspecto que refleja el nuevo estudio de Fespad es la aparición de casos que, según la organización, podría catalogarse como desapariciones forzadas, es decir, las perpetradas por agentes de autoridad y el mismo Estado. "Es importante señalar que, a partir del régimen de excepción, hay un periodo de desaparición forzada porque la familia no sabe absolutamente nada del detenido y es la policía o el ejército quien se los lleva, y no aparecen por ninguna parte", explicó Henri Fino, director ejecutivo de Fespad
Una lucha grupal
Desde 2022, Montalbán se unió al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, una organización que reúne a familiares de desaparecidos con la inteción de articular de forma grupal la búsqueda de sus parientes. Dentro de esas acciones está la presentación de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en los próximos días.
Debido a ello, Montalbán acudió recientemente a la Fiscalía General de la República (FGR), para obtener documentación del caso de su hijo. Ella asegura que la nueva fiscal asignada fue amable, sin embargo le insinuó "que si iba a cerrar el caso de su hijo", algo que no está dispuesta a hacer, pues aún siente la necesidad de dar con el paredero de Rodrigo.
Mientras Montalbán y cientos de parientes de personas desaparecidas hacen sus esfuerzos grupales, en la Asamblea Legislativa el tema está cerrado desde la entrada de la legislatura 2021-2024, de mayoría oficialista. Los nuevos diputados decidieron mandar al archivo las iniciativas de ley para la creación del banco de ADN y un Sistema Nacional de Personas Desaparecidas, pues consideraron que "no eran acordes a la realidad nacional".