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Gobierno desechó iniciativa para buscar a desaparecidos y no revela si usa Banco de ADN para identificarlos

De lo que ha echado mano es de más de $300 millones para el Plan Control Territorial, pero en el país el índice de personas privadas de libertad sigue incrementándose.

Por Eugenia Velásquez | Oct 30, 2021- 14:58

Foto EDH/ Jonatan Funes

Los diputados de la legislatura anterior intentaron legislar en el área que les compete para atacar el fenómeno de los desaparecidos en El Salvador; sin embargo, una de las iniciativas de ley que promovieron para ese fin fue retirada de la comisión de trabajo en donde se estaba discutiendo y enviada al archivo por la bancada oficialista de Nuevas Ideas.

Desechar los proyectos de ley heredados por la Asamblea anterior fueron de las primeras acciones que emprendieron los diputados del oficialismo en cuanto tomaron posesión de sus cargos el 1 de mayo de 2021.

Uno de esos documentos tendientes a solucionar el problema de los desaparecidos en El Salvador que fueron prácticamente metidos a la gaveta del olvido estaban en una etapa bastante avanzada de consenso, incluso, a punto de ser aprobadas en el pleno.

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Se trata de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y no Identificadas.

La anterior Asamblea creó una comisión especial para darle seguimiento al tema de los desaparecidos, que es de donde nació esa iniciativa de ley para crear el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas.

El diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, lideró ese trabajo, por lo que calificó de “desprecio” la labor efectuada en la comisión, a la que fueron llamados expertos en diferentes materias de organismos internacionales y nacionales y sociedad civil.

Básicamente ese proyecto de ley buscaba crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, administrada y financiada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, con el objetivo de solventar la falta de información, que es uno de los principales vacíos que se tienen en el país para dar con el paradero de las víctimas.

También se planteaba dar vida a una Unidad Especializada en la Policía para encontrar a los desaparecidos y a las personas que no puedan ser identificadas.

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Este proyecto de ley solventaba algunas de las deficiencias que detectaron los diputados de la anterior legislatura en la comisión especial de los desaparecidos, por ejemplo, que existe una gran discrepancia entre las cifras de personas desaparecidas que maneja la Policía y el Instituto de Medicina Legal.

En ese entonces, el diputado Ávila explicó que a raíz de esas abismales diferencias de datos entre una institución y otra es que se propuso crear una instancia especial que integre los esfuerzos de todas las entidades bajo una ley especial que maneje un solo registro de desaparecidos y las investigaciones que se realizan sobre ese fenómeno a nivel nacional, que fue la que Nuevas Ideas mandó al archivo.

Uno de los problemas que más afectan a las familias de los desaparecidos es vivir con la incertidumbre de si sus parientes han sido enterrados en fosas clandestinas, como es el caso sonado del asesino serial de Chalchuapa, el ex agente de la Policía, Hugo Ernesto Osorio Chávez, en cuya vivienda se encontraron varias fosas clandestinas con casi 40 cadáveres enterrados.

De acuerdo a Ávila crear una Comisión Nacional de Búsqueda no requiere de mayor inversión, ya que se puede arrancar con la infraestructura instalada que tienen la Fiscalía, la Policía y el Instituto de Medicina Legal, para hacer un directorio con un sistema de atención al público y un seguimiento unificado de acción interinstitucional.

Banco de Datos de ADN

En enero de 2021 la exdiputada de ARENA, Patricia Valdivieso, aplaudió que por fin la Asamblea aprobó una iniciativa promovida por ella para darle al país una ley de Banco de Datos de ADN, otra herramienta que se presume debería servir como un mecanismo técnico para aclarar los casos de personas que no pueden ser reconocidas o ayudar en la búsqueda de los que han sido privados de libertad.

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Un mes después, en febrero, el presidente, Nayib Bukele, mandó con observaciones la normativa, pero éstas fueron superadas por la anterior legislatura. La ley fue publicada en el Diario Oficial el 26 de abril de 2021 por lo que ya es Ley de la República.

Seis días después la Asamblea inicia con una nueva legislatura dominada por una representación mayoritaria de diputados del oficialismo y hasta la fecha, poco o nada se conoce de si las instituciones la están aplicando para investigar los delitos o como un instrumento para reconocimiento de cadáveres de personas desaparecidas y localizar a los posibles hechores de esos crímenes.

La ley se diseñó para recolectar la información genética de personas condenadas, de imputados, de detenidos, de evidencias y antecedentes, víctimas, desaparecidos y sus familiares, aportadores voluntarios, personal involucrado en la toma y procesamiento de ADN y otras bases de datos.

El Banco de Datos tiene que ser dirigido por un Consejo Administrador integrado por un delegado del Fiscal, un miembro de la Subdirección Técnica Científica de Medicina Legal, el cual tendrá como objetivo establecer los parámetros y protocolos para la recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos.

Un plan de seguridad sin resultados

Los diputados de la oposición critican que, a la luz de los datos sobre el incremento de personas desaparecidas, se denota que el Plan Control Territorial, un programa insigne del actual gobierno, no ha sido tan efectivo como lo hacen ver las autoridades de seguridad pública, pese a que la Asamblea ha destinado millones de dólares en préstamos para ejecutar las 4 fases del mismo.}

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En total, el gobierno de Bukele planea invertir $575.2 millones. A julio de 2021 solo con las primeras tres fases, de 7 que incluye el plan, el monto aprobado por la Asamblea ya supera los $300 millones.

El pasado 22 de julio, el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmó en una entrevista con TCS que las cuatro fases del Plan Control Territorial: Preparación, Oportunidades, Modernización e Incursión, están en marcha.

Señaló que la fase I denominada “Preparación” ha sido la más intensa. Para esta etapa la anterior Asamblea aprobó $53.6 millones de reasignaciones presupuestarias, de las cuales, $47.4 millones fueron del impuesto a la seguridad que pagaban los salvadoreños por los servicios de Internet y Telefonía, el resto fueron de excedentes de ingresos tributarios.

Villatoro explicó que esta fase incluye el control de los territorios y represión del delito, sin embargo, decenas de familias han tenido que huir de sus comunidades por el acecho de las pandillas.

Explicó que la Fase II está orientada a generar oportunidades para los jóvenes y prevenir la violencia; que consiste en la instalación de los llamados CUBOS (Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades). Para desarrollarlos se destinaron $91 millones de deuda.

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Dijo que la etapa III se refiere a la modernización de las fuerzas de seguridad, para lo cual se destinaron otros $109 millones también de préstamos; y que en la Fase IV se busca arrebatar los territorios a las pandillas.

Estos fondos, especialmente el préstamo para la Fase III del plan provenientes de un crédito por $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fue el detonante usado por Bukele para incursionar con el Ejército en la Asamblea en el fatídico “9F” de 2020, exigiendo a los diputados anteriores que aprobaron esos recursos.

Pero en la práctica todas estas acciones no parecen ser suficientes, pues las víctimas de desaparición hasta agosto de 2021 ya superaron el total de 2020.

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