Jorge Alberto Artero Zúniga, José David Miro Escalante, Rosa Miriam Cinco, Erika Rosmeri Solórzano de Guerra, Kefin Josué Menéndez Girón, Mario Antonio Cinco y Adonaldo Antonio Artero deberán volver a ser procesados por, según argumentaron, intentar defender su derecho y el de su comunidad al agua, luego de que un tribunal superior revocó la decisión judicial que los había sobreseído.
Tal resolución deja sin efecto la libertad temporal que se les había otorgado a los siete vecinos de la Hacienda La Labor, en el municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán.
“Revócase el sobreseimiento provisional dictado por el juez de instrucción de esta ciudad…” se lee en la resolución.
La Cámara Tercera de la Sección de Occidente admitió un recurso de apelación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó contra la decisión judicial que puso en libertad a los siete lugareños.
Las siete personas mencionadas fueron acusadas por la Fiscalía del delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo en perjuicio de la paz pública. “Se le ordena al juez de instrucción de esta ciudad admitir la acusación presentada por la representación fiscal, que dicte el correspondiente acto de apertura a juicio…”, reza parte de la resolución de la Cámara.
Según el tribunal superior, en el proceso no se valoró la declaración de tres testigos supuestamente agredidos por los acusados.
La acusación
La acusación fiscal sostiene que en octubre del año pasado los tres líderes comunales y cuatro personas más entraron de manera violenta a los terrenos de una empresa inmobiliaria, en los que se construían dos pozos de agua, y lesionaron a varios trabajadores.
La Fiscalía indicó, a través de su de Twitter, que “según las investigaciones estos sujetos, el 25 y 26 de octubre, bajo amenazas llegaron a la propiedad (donde se encuentran los pozos), agrediendo y exigiendo a los trabajadores para que se suspendiera el trabajo que hacían, causándoles lesiones”.
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La acusación se dio luego de que ellos denunciaron la extracción de agua que hacía esa empresa sin tener los permisos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Durante la audiencia inicial los habitantes argumentaron que, a su criterio, no cometieron ningún delito, que lo único por lo que han luchado es para cuidar los mantos acuíferos de la zona.
Según confirmó el representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, la empresa no cuenta con los permisos correspondientes para la construcción de los dos pozos en la zona.
Los habitantes también han denunciado que la empresa planea construir una residencial con 2,736 viviendas.
Los lugareños sostienen que esto afectaría los mantos acuíferos que proveen agua a unos 22,000 habitantes de doce comunidades.