Líderes comunitarios serán procesados en libertad, pero no podrán protestar contra construcción de pozos en Ahuachapán

Tres habitantes de la hacienda La Labor ahora estarán libres, según lo ordenó la Cámara de la Tercera Sección de Occidente.

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Parientes de los líderes comunitarios detenidos reaccionan al enterarse que ellos irían a prisión el 29 de noviembre del año pasado. Foto EDH/Cristian Díaz

Por Lissette Lemus

2022-01-27 1:55:51

La Cámara de la Tercera Sección de Occidente ordenó dejar en libertad condicional a tres pobladores de la hacienda La Labor procesados por el delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitaciones o de trabajo.

José David Miro Escalante, Rosa Miriam Cinco y el agente de la Policía Nacional Civil, Jorge Alberto Zúniga Artero, fueron enviados a prisión por el Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán durante una audiencia inicial el 29 de noviembre pasado.

Sin embargo, la Cámara revocó la detención bajo condiciones tales como que los tres procesados no pueden salir del país mientras sigue el proceso, deben presentarse a firmar cada 15 días al Juzgado de Instrucción de Ahuachapán y tienen prohibido acercarse a los terrenos de la empresa Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. con el fin de ejercer “hostigamiento” u oposición de la obra.

Según la acusación fiscal, en octubre del año pasado los tres líderes comunales y cuatro personas, supuestamente entraron de manera violenta a los terrenos de la empresa Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V., en los que se están construyendo dos pozos de agua, y lesionaron a varios trabajadores.

La Fiscalía indicó, a través de su de Twitter, que “según las investigaciones estos sujetos, el 25 y 26 de octubre, bajo amenazas llegaron a la propiedad (donde se encuentran los pozos), agrediendo y exigiendo a los trabajadores para que se suspendiera el trabajo que hacían, causándoles lesiones”.

La acusación se dio luego de que ellos denunciaron la extracción de agua que hacía esa empresa sin tener los permisos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

El día que se realizó la audiencia inicial los habitantes argumentaron que, a su criterio, no cometieron ningún delito, que lo único por lo que han luchado es para cuidar los mantos acuíferos de la zona.