La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) señala que desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en el 2019, el sistema de justicia salvadoreño comenzó a sufrir ataques constantes. Uno de estos fue el uso de una narrativa hostil hacia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia (CSJ).
Así lo afirmó la organización durante la presentación de su informe denominado “justicia amordazada: la captura del sistema de justicia en El Salvador”.
La directora del programa de independencia judicial de DPLF, Úrsula Indacochea aseguró que hubo una lógica entre los hechos ocurridos desde el 2019 hasta llegar a la destitución de los magistrados en 2021.
Explico que existen tres etapas sucesivas de esta grave afectación judicial y que hay una que sigue en curso. El primer paso fue la “preparación de la crisis” que consiste en la ejecución de una narrativa hostil desde el poder Ejecutivo hacia quienes aplicaban la justicia.
“Hemos identificado que desde el inicio del 2019 se produce un discurso de confrontación con la Sala de lo Constitucional por parte del Ejecutivo que públicamente anuncia que no va a cumplir sus sentencias, discrepa de las sentencias emitidas en el marco del Covid 19 e incuso resposabiliza a los magistrados por las muertes”, recordó.
El estudio revela que esta narrativa preparó el camino para justiciar las posteriores reformas, crear un clima de animadversión y destruir la confianza hacia el sistema de justicia.
Al exponer la segunda etapa que denominó como “la captura de las cúpulas” de este órgano de Estado. Ella mencionó la remoción y sustitución arbitraria de magistrados y el fiscal general del 1 de mayo del 2021; el nombramiento de nuevas magistraturas en junio de ese año; el uso de la fuerza para tomarse la CSJ, que a su juicio es igual de grave a la llegada de Bukele con militares a la Asamblea Legislativa (8 de febrero); y el caos interno al interior de las instituciones judiciales.
Además, indicó que el siguiente paso fue el nombramiento de cinco magistrados por parte de la Asamblea oficialista para “consolidar una captura de 10 de las 15 magistraturas y obtener un control total sobre la corte suprema”.
Indacochea consideró que este fue un paso necesario para que se diera la tercera etapa que consistió en la profundización de la crisis o la captura vertical. En relación a esto menciona que el decreto legislativo sobre la reforma a la ley de la carrea judicial para remover a magistrados y jueces más antiguos que tenían la capacidad resistir estos ataques. Esto implicó la expulsión de al menos un tercio de jueces y magistrados y nombramientos irregulares de sus puestos vacantes.
Por otra parte, la experta indicó que hay una etapa más y está en desarrollo. Se trata de la reforma constitucional impulsada por el poder Ejecutivo y que contiene algunos elementos “preocupantes” como la prohibición absoluta de asociaciones judiciales.
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“Prohíbe a los jueces asociarse y esto es un derecho de ellos reconocido en tratados internacionales de derechos humanos”, advirtió y luego reflexionó que “con estas reformas podría consolidarse una situación muy difícil de revertir para la justicia en El Salvador”.
El informe destaca que existen seis organizaciones de juezas y jueces del país, pero estas no han mostrado postura de rechazo categórico a los ataques a la independencia judicial.
El informe hace un llamado a la comunidad internacional para que exhorte al estado a restituir en sus cargos a magistrados de la sala constitucional ya que a la luz del derecho internacional e interno en nombramiento de los actuales funcionarios no es legítimo.
“DPLF apunta a la urgencia de promover que se activen los mecanismos establecidos en los artículos 18 a 21 de la Carta Democrática Interamericana y que mediante la intervención de los órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se logre restablecer el orden constitucional en El Salvador”, reza el estudio realizado bajo el derecho internacional e interno.
Indacochea considera que uno de los impactos más grave tras este golpe al poder judicial está en la inexistencia de tribunales independientes para proteger derechos y libertades de los ciudadanos.
En el evento también participó el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sydney Blanco, quien enfatizó que el por der ejecutivo no solo a capturado el poder judicial sino que prácticamente todas las instituciones del Estado.