Los diputados de la comisión especial de la Asamblea que investiga el uso de fondos para la pandemia, decidieron mandar por segunda ocasión una notificación a la Fiscalía en contra del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, por “incumplimiento de deberes”, al negarse a llevar por apremio al ministro de Salud, Francisco Alabí.
Esta es la segunda vez que el director de la Policía remite una carta a los diputados justificando el por qué decide no llevar con la fuerza pública a un funcionario citado en la comisión especial para rendir cuentas de las finanzas del Estado. El primero fue el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
“El director de la Policía incurre en delito de incumplimiento de deberes y por eso se certifica a la Fiscalía. No lo hizo (de llevarlos con apremio) con el ministro de Hacienda y tampoco lo hizo con el ministro de Salud, incumple, hay comisión de delito por no acatar la orden”, explicó el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.
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Arriaza Chicas mandó una nota a la comisión especial argumentando que no llevó al ministro de Salud con apremio porque el funcionario se encuentra liderando el cerco sanitario implementado en Chalchuapa, de Santa Ana, municipio que ha registrado un incremento de casos de COVID-19. Sin embargo, Portillo Cuadra, quien preside la comisión especial, detalló que la decisión de hacerlo o no, no le compete al director de la Policía.
“Por segunda vez certificamos a la Fiscalía que él no cumplió con su tarea, la tarea de la Policía Nacional Civil no es interpretar si la decisión es correcta o no, si tiene fuero o no, si la misma Constitución permite que se llame con apremio a los funcionarios públicos, aunque tengan fuero”, cuestionó Portillo Cuadra.
Y es que en la carta enviada por Arriaza Chicas a los diputados uno de los argumentos que plantea es que Alabí posee fuero constitucional, además de que está ocupado con el cerco sanitario en Chalchuapa.
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“Quisiera recordarle al señor director de la Policía que nosotros no estamos citando en calidad de imputado al ministro de Salud, no le estamos imputando ni un delito oficial ni un delito común, lo estamos citando a declarar sobre una situación de investigación de colocación de títulos, préstamos y donaciones”, explicó el diputado. Agregó que será la Fiscalía y el juez competente que conozca del caso quien determine si hay delito o no por parte del funcionario, en este caso de Zelaya, pero también de Arriaza Chicas, debido a su negativa de no cumplir con los mandatos de la Asamblea, a los que está obligado también por Constitución.
De hecho, la investigación en contra del director de la Policía y del ministro de Hacienda ya fue abierta por la Fiscalía. Este miércoles los diputados de la comisión especial recibieron una petición del fiscal general, Raúl Melara, para que les envíe certificación de las notas giradas a Zelaya y Arriaza Chicas para que comparezcan a dicha comisión. “La Fiscalía pidió que le certifiquemos el acta de la constitución de la fecha en que él no cumplió y que certificáramos las notas que habíamos girado al ministro de Hacienda de convocatoria. De hecho, ya abrió la investigación en contra del director de la Policía”, mencionó el diputado tricolor.
Minutos después de que la comisión especial inició, los diputados recibieron una nota del ministro de Salud, quien solicitó que le den la oportunidad de llegar posteriormente, justificando su ausencia por estar liderando el cerco sanitario en Chalchuapa. Los diputados aceptaron y lo convocaron para el próximo lunes a las ocho de la mañana.
La abogada penalista Marcela Galeas, explicó que el director de la Policía no puede “interpretar” las decisiones de la Asamblea que le mandataron llevar a los funcionarios con apremio.
“Eso no le compete al director de la Policía, el hacer juicios jurídicos no es competencia de él, es atribución del fiscal, si se mandó a traer por apremio como lo indicó la Asamblea, él tenía que cumplir lo mandatado, porque es una atribución que tiene la Asamblea constitucionalmente”, expresó Galeas.
Según dijo, a la Policía únicamente le corresponde cumplir incluso con la misma Ley Orgánica de la Policía, la cual establece en el artículo 23 que a la entidad policial le corresponde colaborar y atender los requerimientos de los funcionarios del Estado que necesiten su asistencia.
“Una de sus funciones es cumplir lo que le requieren, se estaría configurando nuevamente el delito de incumplimiento de deberes y también el delito de desobediencia, porque no está atendiendo las funciones constitucionales que le corresponden como director de la Policía, ya que está dentro de su competencia el hacer cumplir esas solicitudes por parte de la Asamblea”, manifestó Galeas.
Otro de los funcionarios que han sido llamados a la comisión especial es el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, quien también ha desistido de llegar.
Los diputados le disculparon su ausencia a la segunda convocatoria y no lo llamaron con apremio, debido a que estaba de luto, sin embargo, ayer Anliker explicó en una rueda de prensa que no piensa asistir, porque pierde el tiempo en “politiquerías”.