El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, pudo haber incurrido en los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia al no cumplir las órdenes que le dieron la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General por lo que puede ser procesado penalmente, de acuerdo a lo planteado por tres abogados penalistas.
A juicio de los profesionales del Derecho, Arriaza Chicas incumplió con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución, que obliga a funcionarios y empleados públicos a “colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa”.
En ese sentido, el director de la Policía desobedeció la orden de una comisión legislativa por no haber llevado con apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya Villalobo para que explicara el uso que le ha dado el gobierno a los $3,000 millones durante la etapa crítica de la pandemia por COVID-19.
Zelaya Villalobo fue citado en tres ocasiones para que fuera a rendir cuentas, pero este ha hecho caso omiso a los citatorios y aparentemente no ha dado ninguna justificación.
La segunda desobediencia de Arriaza Chicas fue cuando no cumplió la orden de la oficina fiscal de Apopa en la que le pedía que desalojara a las personas que impiden el ingreso de los camiones recolectores de basura al relleno sanitario de Nejapa, lo que pone en riesgo la salud de la población.
El Fiscal General, Raúl Melara, le advirtió al director de la Policía que negarse a cumplir la orden puede acarrear responsabilidades penales.
El artículo 321 del Código Penal establece el delito de incumplimiento de deberes con penas que van desde los cuatro a seis años de prisión, además de la inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período.
Este delito se refiere al funcionario o empleado público, agente de autoridad o encargado de un servicio público que omitiere, rehusare o retarde algún acto propio de su función.
“Él, como director de la Policía Nacional Civil, debe de acatar lo encomendado, ya que está dentro de las funciones legales que le competen por mandato constitucional”, dijo Marcela Galeas, abogada penalista.
Según la abogada, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, en su artículo 23 numeral 16, también lo obliga a colaborar y atender los requerimientos de los funcionarios de los órganos del Estado.
A lo anterior se le suma el artículo 24 de la misma ley que establece que el director de la Policía asignará al personal policial que sea necesario para la práctica y ejecución de diligencias debidamente proveídas, a petición de los funcionarios determinados por la ley.
“En esas circunstancias, el personal asignado estará bajo la autoridad funcional de dicho funcionario. Por cuanto no existe ninguna justificación para no seguir lo establecido por la Asamblea Legislativa o la dirección funcional de la Fiscalía General”, dijo Galeas.
Otra de las conductas delictivas que se le puede configurar al director de la Policía es desobediencia, tipificado en el artículo 322 del Código Penal. “En este caso en particular, le fueron requeridas actuaciones dentro de su competencia y con los requerimientos legales suficientes para ejecutarlas”, señala Galeas.
Por su parte, el diputado del partido ARENA, René Portillo Cuadra, aseguró que la conducta del comisionado Arriaza Chicas es “poco profesional e ilegal” al negarse a cumplir con los requerimientos de la Asamblea y de la Fiscalía.
“A su expediente, el director de la Policía ha sumado otra desobediencia que probablemente constituya delito y que el señor Fiscal General debe de seguir el procedimiento para indagar, a fin de que este tipo de atropellos, este tipo de situaciones no se vuelva a dar en el futuro”, dijo Portillo Cuadra.
Agregó el legislador que la actuación de Arriaza Chicas “deslegítima el estado de derecho, el imperio de la ley y la democracia en nuestro país”.
Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, sostuvo que lo grave de la conducta del jefe de la Policía es que “se está dando una ruptura al orden constitucional por las autoridades que están llamadas a proteger este orden”.
Para Escobar, tal parece que el juramento que hizo el director de la Policía ante el Pabellón Nacional no fue para hacer cumplir la Constitución y las leyes, sino que ser sumiso al presidente Nayib Bukele.
“En esa medida al darse esta personalización de la política, se da esta situación de que los funcionarios no responden a las leyes, sino que responden al designio de una persona, representada en este caso, por el Presidente de la República”, dijo Escobar.
Agregó que se “está instrumentalizando la labor de la Policía y la está politizando al no proceder en este caso ante los requerimientos que están haciendo las autoridades competentes: Fiscalía y Asamblea”.
En ese sentido, cree que “la desobediencia de la autoridad policial a una petición legal pone en riesgo el estado de derecho del país”.